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Existen cada vez más indicios que llevan a los investigadores a pensar que el parto de Laura Carlotto se produjo en La Cacha o en un lugar de la provincia de Buenos Aires. Recientes avances en la causa judicial apuntan en esa dirección. Esta semana, Abuelas de Plaza de Mayo pidió al juzgado de Servini de Cubría que certifique en qué situación se encuentra la investigación sobre el homicidio de Laura que se tramita en La Plata -en el marco del juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino- y lo sume al expediente judicial por la apropiación de Ignacio Guido. El juzgado  hizo lugar a este pedido y a otro del equipo jurídico de Abuelas: incorporar al expediente una copia de la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 de la Capital en la causa “plan sistemático” y la de Casación. Ese juicio investigó 34 hechos de apropiación de bebés, niñas y niños durante la última dictadura militar, entre ellos el caso del nieto de Estela. Además, el equipo jurídico de Abuelas hoy pidió al juzgado que tome más medidas de prueba.  

También hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia ante la fiscalía federal de La Plata, para pedir que la causa que investiga la apropiación de Ignacio Guido Carlotto Montoya se traslade a La Plata. El fiscal Hernán Schapiro dictaminó a favor y la remitió al Juzgado Federal N° 1, a cargo de Manuel Blanco. Schapiro solicitó además que el juzgado federal de La Plata pida la causa que tramita Servini de Cubría. Si no aceptara el traslado de la causa a la capital provincial, la situación será resuelta por la Cámara Federal.

¿Dónde nació Ignacio Guido Carlotto Montoya?

"Teniendo en cuenta que el bebé pudiera haber nacido en el Hospital Militar Central, le corresponde a Servini de Cubría, pero ya está casi probado su nacimiento en La Cacha", informó ayer Estela de Carlotto. En el juicio por Plan Sistemático quedó acreditado que Laura Carlotto tuvo a su bebé en un hospital militar o en una de sus dependencias sanitarias, pero no que se hubiera sido necesariamente en el Hospital Militar Central porteño. Esa pista surgió hace muchos años, a partir de un soldado conscripto que aseguró el 26 de junio de 1978 le tocó custodiar a una joven antes y después de dar a luz, el 26 de junio de 1978, fecha del nacimiento del hijo de Laura. Pero muchos de los investigadores consideran que se trató de otra mujer.

El lunes el juzgado de Servini de Cubría allanó el Hospital Militar Central, informaron fuentes vinculadas al caso. La medida fue para rastrear la historia clínica de una mujer que figuraba en el libro de partos dando a luz el 25 de junio de 1978, un día antes que Laura, pero con otro nombre. Si bien el resultado aún no fue agregado a la causa, y tratándose de una medida que hubiera sido más útil hace muchos años para localizar a Guido, se cree que es muy difícil que se llegue a encontrar algún rastro por esa vía.

Aun si en alguna medida esa hipótesis fuera correcta, igual debería relacionarse esa pista con la causa de La Cacha. Está acreditado por diversos testimonios que desde ese centro clandestino Laura fue trasladada a parir, que fue regresada después del parto y, finalmente, llevada desde La Cacha hacia el lugar donde la fusilaron. Después fue entregado el cuerpo a la familia, en una comisaría de Isidro Casanova.

El 15 de mayo pasado, la Sala III de la Cámara de Federal de Casación Penal -máximo tribunal penal del país- rechazó los recursos de casación de las defensas de los condenados por Plan Sistemático, confirmó las penas a siete ex militares y a una apropiadora, le subió la pena a Reynaldo Benito Bignone (de 15 a 25 años) y revocó las absoluciones del ex almirante Rubén Oscar Franco y de Juan Ruffo.

Según los camaristas, quedó establecido que en los centros clandestinos de detención se instalaron maternidades clandestinas, tal como sucedió en La Cacha, donde estuvo Laura Carlotto. También en el Hospital de la unidad carcelaria N° 8 de Olmos- que funcionaba a metros de La Cacha- el Pozo de Banfield, la somisaría 5º de La Plata, la ESMA, el Hospital Militar de Campo de Mayo, el Hospital Naval de Buenos Aires, y los centros La Perla, El Banco, Club Atlético y el Olimpo.

Una de las particularidades del juicio fue que se investigó no sólo a los autores directos de las apropiaciones sino también a quienes intervinieron como autores mediatos o con algún otro grado de responsabilidad penal, detentado el poder estatal que llevó adelante dicha práctica.

En la causa quedó probado que “existió una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de personas en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir a la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura”, dice el fallo.

Los jueces consideraron que los hechos juzgados son “delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.