Infojus Noticias

Cerca de las 13.30 y con la presencia de 170 legisladores -que luego se convirtieron en más de 200, según que se estuviese debatiendo-, la Cámara de Diputados abrió una sesión especial para debatir más de una treintena de proyectos de ley.  La jornada fue maratónica: terminó cerca de las dos de la mañana. Entre otros, fueron aprobados los proyectos que regulan la fertilización asistida, la prohibición de avisos de oferta sexual en los medios, la creación de dos juzgados en lo Penal Tributario,  la conformación de una agencia de nacional de laboratorios públicos y un resarcimiento económico a ex trabajadores de YPF.

En la apertura los legisladores se unieron en un homenaje a Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema de Justicia fallecido en octubre. Lo reconocieron con un cerrado y emotivo aplauso como “un hombre de la democracia, identificado con el proceso constitucional de las últimas décadas”. Presidida por su titular, Julián Domínguez, la sesión comenzó con la aprobación de la expropiación del inmueble donde funcionaba la Confitería del Molino. El Congreso se hará cargo del edificio, donde funcionará un local de comidas, un museo y un centro cultural. La norma fue aprobada por todos los bloques.

Luego se aprobó un proyecto sobre la fertilización asistida. En el mismo se regulan las técnicas de reproducción humana asistida y la protección de los embriones no implantados, poniéndola bajo la supervisión del Estado. Además, la Cámara de Diputados avaló un proyecto del Poder Ejecutivo que transforma los juzgados nacionales en lo Penal Tributario en juzgados de Instrucción en lo Penal Económico.

La iniciativa fue votada sin debate como parte de un paquete de proyectos y ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley. De acuerdo a los fundamentos, el objetivo de la propuesta es “asegurar el correcto funcionamiento del sistema tributario”.

A la vez, la norma busca “agilizar la interacción con los distintos organismos involucrados en la investigación de los distintos delitos, evitando la demora en los procesos”. También fija la transformación de las Fiscalías nacionales en lo Penal Tributario en Fiscalías nacionales en lo Penal Económico y el cambio de la Defensoría Nacional en lo Penal Tributario en Defensoría Nacional en lo Penal Económico.

Una batería de proyectos

En la sesión, se aprobaron proyectos de diversa índole. Uno de los puntos importantes, que obtuvo media sanción, fue la iniciativa  que prohíbe desempeñarse como autoridad en instituciones de educación superior a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. El proyecto se refirió a aquellas que incurran en “actos de fuerza contra el orden constitucional o el sistema democrático” o que hayan "cometido delitos contra la integridad sexual".

En relación a la cuestión sexual, la Cámara baja dio media sanción a un régimen de prohibición, en cualquier medio de comunicación, de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación. En ese sentido, la iniciativa que pasó ahora al Senado prohíbe “los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual”. El diputado Andrés “Cuervo” Larroque aclaró que se busca “jerarquizar” un decreto firmado en 2011 por la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que va en el mismo sentido, pero la ley “amplía las potestades del decreto, introduciendo la posibilidad de prohibir estos mensajes en las redes sociales”.

También se aprobó una inciativa para la difusión de películas de cine nacional en el transporte automotor de pasajeros de larga distancia. En otro orden, la Cámara baja avaló la obligatoriedad de la práctica de la oximetría de pulso al sistema público, privado y mixto de salud, iniciativa que pasó ahora al Senado. Y convirtió en ley  la Universidad Nacional de la Defensa,  una iniciativa del Poder Ejecutivo promovida por el ministro del área, Agustín Rossi, para crear una casa de altos estudios sobre la base de los institutos de formación que tienen hoy las Fuerzas Armadas.

Con la presencia de pequeños agricultores de distintas partes del país, también se dio media sanción al proyecto de ley de Agricultura Familiar que busca declarar de interés público a los pequeños productores, campesinos e indígenas y reconocerlos en el rol estratégico que ocupan en la producción de alimentos de Argentina, entre otros de los ítems que abarca la nueva norma. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, destacó que "es una decisión política importante que se da en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que visibiliza aún más a este sector que está abocado a la tarea de producir alimentos y que cumplen un labor fundamental en lo que respecta a la soberanía alimentaria". Entre los puntos más destacados de la nueva norma, se encuentra el artículo 19 que impide la ejecución de desalojos de familias campesinas. Según indica el proyecto se suspende los desalojos por 3 años para las familias con derechos adquiridos por haber vivido en los lugares en conflicto, aunque no tengan titularidad sobre las tierras.

Por otra parte,  se aprobó la declaración de la ciudad santiagueña de Río Hondo como Capital Nacional del Turismo Termal; y a la provincia de Entre Ríos como Capital Nacional de los Circuitos Termales. En tanto, se sancionó una ley para denominar “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” al edificio perteneciente a la Auditoría General de la Nación (AGN), situado en avenida Rivadavia 1745.

En otro de los puntos salientes, la Cámara baja aprobó el otorgamiento de una compensación económica para los ex agentes de YPF que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada. El proyecto fue consensuado en base a iniciativas de los kirchneristas Roberto Feletti y Dante González, y el diputado de izquierda Néstor Pitrola (Partido Obrero). El texto apunta resarcir la deuda económica que mantiene el Estado nacional con muchos ex trabajadores de YPF debido a la exclusión arbitraria que les impidió acogerse al Programa de Propiedad Participada. El beneficio alcanzará a 33 mil ex trabajadores y la indemnización prevista es equivalente al valor de las 956 acciones de YPF S.A. al día del cobro, y representa una reparación histórica que se cobrará en bonos.

“La política tiene esta posibilidad de que quienes tenemos el mandato de legislar lo hagamos pensando en las cosas que para algunos son chicas pero para algunos cuentos valen muchísimo”, dijo  el mendocino González, autor del proyecto.