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Tras seis horas de exposición en el Salón Azul, el Senado aprobó en comisión el pliego de Roberto Carlés como candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de La Nación y dio dictamen positivo. El dictamen se tratará el 15 de abril en el recinto. “Es un candidato ideal para el puesto, su juventud le aportará una nueva dinámica a la Corte y continuará la línea de juez especialista en materia penal que trazó Eugenio Zaffaroni”, cerró el debate el senador Miguel Pichetto.

Pasadas las diez de la mañana, Carlés se presentó ante la Comisión de Acuerdos, que evaluó en una audiencia pública su postulación como juez del máximo tribunal. Luego de darse a conocer sus antecedentes, algunos legisladores de la oposición como Laura Alonso, del Pro, objetaron la candidatura “por su falta de experiencia y de idoneidad laboral para el cargo”. Otros, como el senador Gerardo Morales, de la UCR, planteó la impugnación en defensa del cupo femenino. Sentado en el medio del Salón, Carlés respondió a preguntas de los senadores, dijo que su presencia en el Congreso “es una conquista de la democracia” y aclaró que la Corte Suprema “debe contar con cinco integrantes, tal como lo establece la ley".

En primer lugar, dijo que la actual Corte “es la mejor de nuestra historia” y ponderó “todo lo que se ha hecho en materia de derechos sociales”, explicando que el máximo tribunal creó doctrina nueva. “Estoy a favor del matrimonio igualitario. Todos tenemos el derecho de diseñar un plan existencial”, enfatizó. Después dijo que "los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias, sin excepción" y que es necesario conocer el porcentaje de mujeres y el grado de representatividad que ocupan en el poder judicial “para visibilizar sus problemas y al mismo tiempo posicionarlas en las jerarquías”. Y agregó: “mi compromiso es el de profundizar la oficina de la mujer pero también crear otras instancias judiciales en la defensa de los derechos de las mujeres”.

Respecto a la dinámica de la Justicia, dijo que "la Corte puede establecer plazos para la mejor circulación de los expedientes" y se pronunció a favor de crear nuevas instancias de diálogo, “porque la Corte tiene la última palabra pero eso no significa que se desconozcan incorporar voces de los otros poderes en la decisión final”. Además, remarcó que el poder judicial “no tiene injerencia en lo político, aunque debería participar del diálogo interpoderes”.

A su vez, destacó que se haya establecido la “obligación de poder públicos a establecer movilidad en los haberes previsionales”. Y sobre su postura política, aclaró: “Nunca avalé públicamente a este gobierno como a ningún otro gobierno”. En este sentido, aclaró que “realizó críticas a funcionarios y a políticas de distintos gobiernos” y puntualizó que su única militancia política fue en la UCR, “partido al que me afilié el día que cumplí 18 años por inspiración de mis padres”, y agregó que tuvo un paso posterior, a partir del 2002 en el ARI, “que duró hasta la conclusión de mis estudios universitarios”.

Entre otros temas, habló del derecho a la información y consideró que “hay intereses públicos que deberían considerarse al hablar del derecho a la información”. Preguntado sobre la relación de la justicia con otros poderes, afirmó que “es plausible considerar que hay sectores de la justicia que son permeables a distintos interesantes, ya sean políticos o corporativos. Esto no significa corrupción o tráfico de influencias, sino que se puede ser permeables por una coincidencia ideológica”.

“No hice sólo actividades académicas, sino que realicé otras tareas, como en la elaboración del Código Penal. Me gustaría que también se me valore por eso”, se defendió Carlés ante los comentarios de la oposición, que objetaron su poca trayectoria para el puesto recortada en el campo universitario. A la hora de pensar en derechos humanos, el candidato dejó en claro que “ninguna decisión tomada por la Corte puede ir en contra de políticas y soluciones más complejas.” y, entre otros temas, dijo que “en materia de tortura es muchísimo lo que se ha avanzado en los últimos años, gracias a la tarea de la Procuración Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos”. Como expresión de deseo,  dijo que falta avanzar en el empoderamiento de los agentes de estos organismos “para que intervengan directamente, sin trabas burocráticas”.

“Creo en el juicio por jurados y en la participación popular"

Sobre el aborto, dijo que “no estoy a favor, porque es obligación del Estado proteger la concepción de la vida”. Y luego aclaró: “La discusión pasa por saber cuáles son los medios más adecuados para proteger esa vida. Y ese debate debe darse en el congreso, con la participación de la sociedad, con datos empíricos que informen sobre cuántos mujeres hay criminalizadas, cuántas mueren por realizarse abortos en las peores condiciones. Tenemos que  pensar en cuestiones preventivas”.

Defendió la democratización de la justicia y afirmó: “Creo en el juicio por jurados y en la participación popular. No avalo la onda punitiva. El debate sobre la ley de inimputabilidad es un ejemplo. Pienso que el último recurso al que deberíamos acudir es el castigo”. Por último, sobre la  violencia  a las mujeres dijo que se necesitan más medidas de prevención para evitar esos hechos, porque muchas veces se llega cuando la violencia ya sucedió”.

Antes de terminar, Miguel Pichetto rescató “el respeto” con que se realizó el debate y destacó la solvencia de Carlés, al que defendió “en sus capacidades y sus antecedentes” para ocupar el cargo.

De los 18 miembros de la Comisión de Acuerdos, nueve pertenecen al Frente Para la Victoria -incluido su presidente, Rodolfo Urtubey-, sumando a la aliada neuquina Lucila Crexell (MPN). Cuatro son de la UCR y la lista se completa con Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal), Carlos Verna (PJ La Pampa) y Luis Juez (Fte. Cívico Córdoba). Así, el oficialismo consiguió la mayoría para aprobar el dictamen.

Carlés nació el 17 de septiembre de 1981 en el Partido de Morón, provincia de Buenos Aires, y se recibió de abogado con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires en 2004. Entre sus estudios, acredita el doctorado en Derecho por la Universitá Degli Studi Di Ferrara y el Doctorado de Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, resultó premiado por la Fundación Bolsa de Comercio y fue becario Fullbright, becario del Doctorado de Investigación por la Universitá Degli Studi di Ferrara y becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 2011.

El Poder Ejecutivo lo postuló para la Corte en enero pasado, luego de que Eugenio Zaffaroni renunciara a su cargo por haber cumplido 75 años, la edad que se exige para abandonar el máximo tribunal.

De esta manera la Corte funciona con cuatro miembros cuando por ley se le exige cinco. Sus actuales integrantes son Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Desde que fue propuesto para el cargo vacante, Carlés recibió un amplio respaldo: 117 instituciones y 843 particulares se expresaron espontáneamente a favor de su designación; mientras que 25 instituciones y 153 particulares lo hicieron en contra.

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