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El alegato de la fiscalía por el juicio de Plan Cóndor se concentró en un punto clave: demostrar cómo fue la coordinación represiva y el plan operacional en el país. “La inteligencia fue la piedra angular de la llamada lucha ‘antisubversiva’. Eso lo reconocieron los mismos represores”, dijo el fiscal Pablo Ouviña, en un alegato al que aún le falta más de la mitad de la exposición. Se nombró, especialmente, el rol de los Centros de Operaciones Tácticas (COT) como unidades operativas que estaban a cargo de planificar los hechos represivos. “Cada COT estaba vinculado con otro COT. Y eran dinámicos, podían estar en cualquier territorio. Se priorizó la descentralización para que las fuerzas conjuntas funcionaran con éxito”, enfatizó.

La fiscalía hizo mención de que la Operación Cóndor necesitó una coordinación y supervisión local no sólo en la ejecución de los operativos –secuestros, desapariciones, asesinatos- sino también en la planificación. El paradigma fue lo que se conoció como “ejecución de blancos”. Para ello, el fiscal realizó una diferenciación. “Por un lado, estaban los blancos planeados, es decir, la referencia a materializar el objetivo concreto. Toda la comunidad de inteligencia se ponía en servicio. Pero, por otro lado, también existía lo que se llamaba como  blanco de oportunidad, que eran de ejecución rápida y fugaz, surgidos de lo imprevisto”, resumió.

La Operación Cóndor no fue ajena al plan sistemático de persecución y aniquilación de la última dictadura militar. Los COT, además, preveían el refuerzo de policía federal y de policías provinciales. “Era un elemento organizador que se movía constantemente. Por ejemplo, durante un tiempo se instaló en Campo de Mayo y estaba circunscripto a controles de ruta y patrullaje”, describió Ouviña.

Una de las principales manifestaciones represivas fue conocida en la jerga  como “zona liberada”. Para instrumentar el Cóndor, muchas veces se necesitó de una coordinación especial entre las fuerzas. Y, a veces, se temían las consecuencias. “Se  buscaba no sólo tener control sobre los blancos operativos sino evitar enfrentamientos entre las fuerzas. La  prueba que reunimos es de tal magnitud que se demuestra que fue una de las actividades primordiales de los jefes de área, materializada por sus respectivos CO. Fue de enorme relevancia para la asociación ilícita y delictiva”, explicó la fiscalía.

Las zonas se liberaban con distintas acciones. Se cerraban las manzanas con perímetros militares, se cortaba la luz a la redonda, intervenían personal de civil y uniformado, y a veces hasta tanques militares. Luego de los operativos llegaban camiones que retiraban los bienes del domicilio, en coordinación con las fuerzas que operaban en el territorio. “Todo eso está documentado en la reglamentación de procedimientos militares, implicaban varias cuestiones: quiénes daba la orden, quiénes la recibían, qué tipo de operativo era, qué vehículos intervenían”, se resumió en el alegato.

Por último, mencionó el acta de acuerdos entre Suárez Mason y Riveros nombrada como “requerimientos de área libre”. Ese documento, dijo la fiscalía, sintetizó cuán preocupados estaban por posibles errores. “Se cuidaban de no interferir jurisdicciones, porque  todo aquel  que no portara armas podría ser sospechoso y  objeto de blanco. Pasó un par de veces que se agarraron a tiros entre los grupos operativos porque falló la logística”, precisó.

En esa línea, Ouviña dijo que “el control del territorio fue clave, y para eso hay que leer la coordinación entre los comando y las jerarquías entre zonas y subzonas. Todo eso bajo el mando de los COT. Nunca se hacía un procedimiento si antes no era aprobada por la superioridad. La coordinación era la regla en los operativos, no eran tareas represivas encubiertas. Cada imputado de este juicio está acusado por las privaciones ilegales y los tormentos que se derivaron de tales operativos”. Y detalló dos elementos principales: la violencia de los operativos y la importancia de la creación de una comunidad informativa –interna y externa- en la lucha antisubversiva.

“La sensación es que se sentían sobrepasados, que no daban abasto con la inteligencia. Por eso planteaban la consigna de ´prevenir y no curar´, porque la  detención de activistas subversivas era una preocupación permanente de todos los comandos. La inteligencia no era autónoma: todos los recursos del Ejército funcionaban como órganos de inteligencia. El objetivo mayor era decapitar la cabeza de la subversión para dejar la acción a cero. Eso lo reconoció el mismo Díaz Bessone”, concluyó.

Un proceso inabarcable

El juicio entró en etapa de definiciones. Tanto querella como fiscalía acordaron en un punto principal: que el Cóndor existió, se desarrolló y entró en crisis con la caída de las dictaduras. “La Operación Cóndor nace como una operación de inteligencia. Comparten información, comparten personas y se empiezan a hacer acciones conjuntas. Se desdibujaron las fronteras para propiciar un plan criminal”, dijo el fiscal Pablo Ouviña en el comienzo de su alegato.

La sentencia llegará en unos meses y abriría nuevas investigaciones. “Es un proceso inabarcable por la cantidad de hechos y víctimas y Argentina dio el puntapié con el primer juicio. Esto recién comienza, hay un proceso actual en Roma y se esperan próximos juicios no sólo en nuestro país sino en el resto de Sudamérica”, adelantaron desde la fiscalía a Infojus Noticias.

La idea de Ouviña, en los alegatos, es comprender la Operación como una estructura de organización supranacional entre gobiernos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) y servicios de inteligencia. Probar, en rigor, que existió una asociación ilícita destinada a la desaparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad y a la eliminación de opositores políticos. La sede del Cóndor fue en Chile y se configuró una verdadera red de inteligencia que coordinó un “plan criminal” para perseguir ilegalmente a opositores políticos.

"Es una creación delictiva de Estados delictivos, que emplearon y coordinaron sus estructuras para la comisión de los más graves crímenes contra la humanidad. No fueron delincuentes comunes, aquí hubo un plan sistemático y racional ", explicó.

El fiscal analizó la vinculación de los centros clandestinos en el país con el exterior, y la actuación de las fuerzas represivas en la región. En una de sus primeras exposiciones narró la génesis, las bases ideológicas y el desarrollo del Cóndor. El juicio, que se inició en 2013, tiene 18 acusados por su intervención en crímenes de lesa humanidad. El proceso se desarrolla en dos causas que llegaron a juicio por separado pero que comparten el objeto procesal. Una, por la Operación Cóndor; la otra, por crímenes en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que era un apéndice de aquél plan de coordinación represiva. En conjunto, totalizan los casos de 174 víctimas.

JMM/RA