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Casi 150 mil armas que estaban en casas, barrios, o chacras, fueron entregadas voluntariamente por sus propietarios para que el Estado nacional las destruyera. Organizaciones que promueven el desarme civil y otras que nuclean a familiares de víctimas mortales de las armas de fuego demandaban una política pública que desalentara la tenencia y portación. “El gobierno se hizo eco de esas demandas y las hizo operativas. Confluyeron la demanda social y el gobierno que tomó la decisión”, dijo a Infojus Noticias Matías Molle, director del Registro Nacional de Armas –Renar al momento de hacer un balance del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas comenzó a funcionar en 2007. En los primeros tres años más de 100 mil personas entregaron sus armas. El plan involucra móviles del Renar que recorren el país para recolectar las armas en el marco de actividades de sensibilización. Esta estrategia no es una medida aislada, es parte del “paradigma del desarme -explica Molle. En realidad, es solo un punto de ese paradigma que implica también restringir más el acceso a las armas, reducir la oferta, reducir el circulante, tener requisitos más exigentes para las autorizaciones”.

Hasta mediados de los años noventa Argentina era un país productor de armas, actualmente sólo hay dos fábricas de armas en el país,  Y, según los datos del Renar, el 80 por ciento de las armas que se fabrican en el país se exportan. Las cifras del Ministerio de Salud muestran que entre 2002 y 2011 las muertes por armas de fuego se redujeron en un 50 por ciento. A partir de esos cambios, Molle analiza la transformación cultural que se va generando a largo plazo y sobre la que inciden las políticas públicas. “Se va consolidando un cambio cultural favorable: instalar la idea del desarme como cultura. Si nos comparamos con Estados Unidos donde la situación es otra completamente o con Brasil en donde la compra de armas creció un 300 por ciento vemos lo importante que es lo que está pasando acá, donde los que vemos es una reducción del mercado.”

Políticas correctivas y políticas preventivas

Para avanzar en el trabajo a largo plazo, el director del Renar distingue entre tipos de políticas públicas. “El desarme es una política correctiva, es retirar el circulante porque, como dice la ley que creó el Plan, estábamos en una situación de emergencia. Ahora seguimos con eso pero, desde hace dos años, empezamos también un trabajo preventivo. Trabajamos con los más chicos, con los adolescentes y con las familias”. En este sentido el Renar lleva adelante la campaña “Armas ni de juguete”: los chicos entregan sus juguetes bélicos a cambio de otros y en el caso de los jóvenes se trabaja en formas pacíficas de resolución de conflictos.

Además de la política de sistemática destrucción de las armas, el Renar implementó una modernización de los sistemas de gestión que le permite controlar todo el proceso desde la fabricación de las armas hasta que se le otorga a alguien el permiso de tenencia y portación. Todo el sistema es ahora digital, las armerías y los fabricantes están en línea y las operaciones de las personas que quieren comprar armas se pueden seguir paso a paso, en tiempo real.

Al personal exonerado de las fuerzas seguridad se le decomisan las armas oficiales y se les niegan los permisos si quieren portar un arma nueva. Esta medida apunta a cortar el circuito por el cual los agentes exonerados de las fuerzas pasan a trabajar para agencias de seguridad privadas. En el mismo sentido, el Renar también decidió decomisar todas las armas en manos de procesados por delitos de lesa humanidad. El decomiso se realizó en base a los datos del Ministerio Público Fiscal.