Seguirá detenido un médico que participaba de las sesiones de tortura
Jorge Capellino está acusado de “legalizar” los asesinatos cometidos por el terrorismo de Estado en Entre Ríos y de “controlar el estado de salud” de los detenidos en la tortura. La Corte declaró inadmisible un recurso que presentó su defensa para que sea excarcelado.
Ilustración: kitsch
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Jorge Capellino Capellino para obtener su excarcelación. Capellino es un médico militar acusado de “legalizar” los asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar y de ser el encargado de “controlar el estado de salud” de las personas durante las “sesiones de tortura” en Entre Ríos. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penal N°1 de Paraná.
El accionar por el que está investigado a Capellino ocurrió entre 1976 y 1977, en calidad de médico del Hospital Militar 121 de Paraná. El primero de los hechos por el que es investigado se dio en el marco de lo que se consideró como Masacre de la Tapera.
En septiembre de 1976, Juan Carlos "Beto" Osuna fue secuestrado en Santa Fe junto con su amigo Froilán Aguirre. Ambos eran militantes de la UES, y fueron trasladados en un automóvil Dodge 1500 color verde metalizado a una casa de campo en la zona de San José del Rincón, donde los torturaron durante horas. Aguirre terminó en Santa Fe, pero Osuna fue llevado a Paraná.
Osuna fue llevado hacía Paraná junto con Carlos José María Fernández, secuestrado un par de días antes también en Santa Fe. En la madrugada del 25 de septiembre de ese año todo se preparó. Ambos detenidos fueron introducidos en una casa ubicada en la calle Rondeau 1396 de Paraná. Estaban atados y con signos de torturas y vejaciones. Allí comenzó el “simulacro de enfrentamiento” que en realidad fue una masacre. Se calcula que hubo 300 disparos.
Una vez concluido el operativo, Capellino se hizo presente en el lugar como médico para constatar la muerte de ambos militantes. Aunque en el expediente está siendo investigado por haber llevado los cuerpos en una ambulancia. Los militantes están desaparecidos desde aquel día. Habían sido enterrados como NN en el cementerio provincial.
Este es uno de los cuatro hechos por los que se lo investiga a Capellino. Yendo a la historia del expediente, el 14 de marzo pasado el juzgado federal de aquella provincia le denegó los pedidos de su defensa, tales como la prisión domiciliaria y la excarcelación. El 25 de septiembre pasado se lo procesó con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad en perjuicios de cuatro personas. A Osuna y Fernández se le suma Pedro Miguel Sobko y Sergio Gustavo Hennekens.
Con respecto al primero, fue secuestrado en mayo del ‘77 y tal como informaron fuentes judiciales, en el expediente figura que habría intentado escaparse y recibió un tiro que le dio la muerte en plena vía pública. Fue llevado al Hospital donde estaba Capellino quien extendió un certificado en el que sostenía que había muerto un “NN” por recibir un tiro “por accidente”, legalizando así la muerte.
Sobko era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y está desaparecido. Con respecto a Hennekens, a Capellino se lo acusa de haber estado presente durante una sesión de tortura: controló el estado de salud de la víctima, en dependencias del Hospital Militar de aquella provincia.
La sentencia de la Corte Suprema, firmada el martes pasado, declara “inadmisible” un recurso presentado por la defensa de Capellino para obtener la excarcelación. La sentencia se encuentra firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni (en disidencia sólo por una cuestión procesal).
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