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La sentencia de la semana pasada no sólo dilucidó que la muerte del obispo Enrique Angelelli fue un asesinato fríamente planificado por las fuerzas militares de La Rioja, y no un accidente vial, como quiso imponer la versión oficial durante 38 años. También allanó el terreno para que se investiguen los apoyos con los que contaron los asesinos en sectores de la sociedad civil. En el punto 9 del veredicto, el tribunal decidió atender “a la solicitud de las querellas de remisión de antecedentes al fiscal general para que se investigue la presunta comisión de delitos” de cuatro militares -el oficial ingeniero Héctor Maximiliano Payba, el capitán Juan Carlos Muller, el capitán Norberto Maggi, Capitán Cerutti- y de 16 civiles: 13 comerciantes y terratenientes de la burguesía de Anillaco, identificados en un grupo integrista de la iglesia autodenominado los “Cruzados de la Fe”- y tres periodistas del diario El Sol, un diario de derecha que hacía las veces de su órgano de difusión.

En su alegato, la querella de la secretaría de Derechos Humanos había hablado de “un fuerte estado de sospecha en los actos preparatorios del homicidio de Angelelli, la participación de civiles, que fueron los mismos que promovieron y organizaron la expulsión del Obispo de la ciudad de Anillaco en 1973”. Se refería a ellos: Juan Fanor del Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado Menem, Carlos Orellana, Fiori Cecone, Manuel Menem, César Menem, Manuel Yañez, Roberto Pastor Avila, Simón Navarro, José Alejandro Lucero, Luis María De la Puente y Humberto Páez: Los Cruzados de la Fe.

Los Cruzados

Cuando Angelelli asumió el obispado de la Rioja, en 1968, empezaron cambios profundos dentro y fuera de la iglesia. Puso en estado de asamblea todas las instituciones religiosas. Fogoneó sindicatos de mineros, trabajadores rurales y de trabajadoras domésticas, y promovió cooperativas de trabajo, fábricas de ladrillos y cooperativas para trabajar la tierra. Una de esas cooperativas detectó un hacienda ociosa en un paraje llamado Aminga, que acaparaba el 70 por ciento de la tierra productiva de la ciudad y el 70 por ciento del riego, y no tenían propietarios. Angelelli alentó la expropiación de esas tierras para los desheredados del lugar.

Terratenientes y comerciantes locales, encabezados por el hermano mayor –por parte de padre- de Carlos Menem, Amado: veían peligrar el principio de la propiedad privada. Por esos días, pusieron una bomba casera en la sede del Movimiento Rural Diocesano de Aminga, integrado por párrocos cercanos a Angelelli.La tensión explotó el 13 de junio de 1973, una semana antes que la masacre de Ezeiza, cuando Juan Perón volvió al país.

En la campaña a la gobernación, el hermano menor de Amado prometió expropiar el latifundio para los cooperativistas (cosa que reiteraría una vez electo). Angelelli fue con diez sacerdotes y cinco monjas a auspiciar las fiestas patronales de San Antonio en Anillaco, los pagos de los Menem. Allí, mientras Angelelli intentaba hacer la misa, los Cruzados de la Fe –así se llamaban aquél día por los megáfonos callejeros donde repudiaban la presencia del obispo, los curas y las monjas azules de Aimogasta- irrumpieron en la iglesia y forzaron la interrupción de la ceremonia. El padre Praolini le dijo al obispo que se fueran: camino a la camioneta de la pastoral, los Cruzados le arrojaron arena y piedras en la espalda.

A pesar de que muchos de sus párrocos le aconsejaron la excomunión de las treinta terratenientes del ataque, Angelelli prefirió imponerles la sanción de “entredicho personal”. Y consignó los nombres de trece personas: les prohibía asistir a celebraciones religiosas y recibir los sacramentos temporariamente. Durante el juicio, las querellas pidieron que se las investigue. Entre ellas, además de Amado Menem, estaban César y Manuel, otros dos primos del ex presidente (los tres fallecidos). 

Anillaco, la capital de la fe

En febrero de 1976, cuando el golpe de Estado se respiraba en el aire, las mismas personas organizaron un desfile de tropas por la calles de Anillaco con fuerte impronta militar. Los apoyaba el jefe del Batallón de Inteligencia –también fallecido- coronel Osvaldo Pérez Battaglia y declararon a la ciudad como "capital de la fe”. Esas personas fueron aludidas por Angelelli al nuncio apostólico Pío Laghi, y reveladas durante las últimas audiencias del debate tras el envío del Vaticano.

“Manuel Yañez y su grupo (Los Cruzados) reunieron a las encargadas de capillas y ordenó que se retiraran los vasos sagrados de las mismas; que los bautismos y casamientos fueran llevados a Tinogasta para que el padre Julio Ferreyra los hiciera (…) u otro sacerdote de los Cruzados. Todos esto ha tenido el apoyo del Regimiento militar”, relataba el obispo, y decía que sobre ese punto había ido a “conversar con el general Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo”.

Otros dos miembros de aquél grupo, José Alejandro Lucero, Luis María De la Puente, eran periodistas –o escribían- en el diario El Sol, la tercera columna de la tríada –terratenientes, medios de comunicación y militares- que socavó la figura de Angelelli y la pastoral. “Hacían de nexos con el grupo integrista católico ‘cruzados de la fe’”, dijo en el alegato la querella de la secretaría de Derechos Humanos. Finalmente, Carlos Menem acusó de “agitación social” a Angelelli y sus obispos y no le dio a la cooperativa las tierras.

La sombra de El Sol

“El diario El Sol fue baluarte en la tarea de ‘acción psicológica sobre la población’. Allí existía, al menos, una columna diaria destinada a denostar al Obispo Angelelli, a quien se lo denominaba como ‘Satanelli’, ‘Obispo marxista’”, se lee en el alegato de los abogados Guillermo Díaz Martínez o Bernardo Lobo Bugeau.

El diario había sido fundado por Tomás Agustín Álvarez Saavedra, que era también un multifacético empresario, ligado al casino provincia de La Rioja. El director era el licenciado José Ricardo Furey, que también incursionó en el rubro de los negocios turísticos: según lo recabado por las querellas fue propietario del hotel Sussex y actualmente es asesor del ex senador y candidato a gobernador de la provincia, Eduardo Menem.

“El diario decía que había armas en el campanario, orgías, cualquier cosa. Extrañamente, todo ese archivo se quemó”, contó a Infojus Noticias María Elena Coseano, sobrina de Angelelli y querellante en el juicio. En los 38 años que duró el juicio, muchos de ellos han muerto. Otros no. Ahora la justicia deberá investigar a fondo cuál fue el protagonismo que tuvieron en el homicidio de un obispo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

La sentencia de Angelelli

En los hechos, la sentencia deja abierta la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias. Queda bajo la responsabilidad de las querellas el impulso procesal de la investigación. “La querella de la secretaría de Derechos Humanos va utilizar ese punto de la sentencia para pedir que se amplíe la investigación”, adelantó el abogado querellante Bernardo Lobo Bugeau.