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El 4 de agosto de 1976 el obispo Enrique Angelelli viajaba junto al padre Arturo Pinto desde El Chamical hasta la ciudad de La Rioja, cuando dos autos lo encerraron en un paraje conocido como Punta de los Llanos. El sacerdote perdió el control de la camioneta Fiat 125 Multicarga que manejaba, despistó, y murió un rato después, mientras era trasladado a una clínica de la capital riojana. El asesinato de un obispo argentino premeditado por los altos mandos de la dictadura cívico militar, quedó probado durante nueve meses de juicio oral para las seis querellas y el Ministerio Público Fiscal. Para este último, el intento de asesinato termina con el accidente. Las querellas van más allá: según las últimas autopsias, el obispo tiene un golpe contundente en el cráneo que le habría causado la muerte, y raspones que coinciden con un arrastre. Pidieron prisión perpetua para el jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, y uno de los dos jefes de la Base Aérea del Chamical, Luis Fernando Estrella. Sus defensas oficiales insistieron en la versión inicial de la policía: que Pinto iba al volante, tuvo una pérdida momentánea de conciencia y perdió el control del vehículo. Y pidieron que se los absuelva.

El circuito castrense

Cuando derrocaron al gobierno constitucional, todas las fuerzas represivas quedaron bajo el mando del Batallón de ingenieros de Construcciones 141 a cargo del coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia, ya fallecido. “Quedó acreditado que allí eran interrogados antes de ir a la cárcel” dijo a Infojus Noticias Bernardo Lobo Bugeau, uno de los abogados querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

También quedó claro el enlace permanente con la Base Aérea de El Chamical (CELPA), cuyo subjefe era el vicecomodoro Luis Miguel Estrella. “Muchos testigos aseguraron que el CELPA también fue un centro de detención clandestina” añadió.

Estrella había participado de un intento de golpe de estado hacia fines de 1975 que pasó a la historia como operación “Cóndor Azul”. Un grupo de aviadores al mando del Brigadier Capellini tomaron el aeroparque de Morón. Los abogados de la causa están convencidos que además perteneció al grupo de la Falange de la Fe, un desprendimiento del grupo integrista católico “Ciudad Católica”, idólatras del franquismo español.

El perseguido

Angelelli sabía que lo querían matar. En febrero de 1976, el vicario de la diócesis de La Rioja y dos activistas muy cercanos al obispo fueron detenidos. Cuando el coronel Battaglia asumió como interventor militar, el 24 de marzo, fue a verlo. Como no tuvo respuesta, fue a ver al general Luciano Menéndez. Le habló de sus pastores y de su preocupación.

- Es usted quien tiene que tener cuidado- le contestó el mandamás castrense de diez provincias.

El 27 de abril de 1976 le escribió una carta al arzobispo de Santa Fe Vicente Zaspe donde advertía: “La caza de brujas anda en toda su euforia… por cierto que no somos los únicos, pero es hora que la Iglesia de Cristo discierna a nivel nacional nuestra misión y no guarde silencio ante hechos graves que se vienen sucediendo”. Durante las audiencias, los presbíteros de su diócesis revelaron la espiral que se iba cerrando sobre él. “Esa figura de la espiral que tanto insistieron los compañeros, sintetiza a la perfección el contexto histórico”, consideró el abogado querellante.

En las últimas jornadas, el Vaticano –por orden del Papa Francisco- envió al obispado de La Rioja, también querellante, dos cartas dirigidas al nuncio apostólico en la Argentina, Pio Laghi, en las que Angelelli detallaba el hostigamiento y las provocaciones de Pérez Battaglia a su diócesis: la suspensión de la misa radial, la celebración de la fiesta pastoral con desfile militar, un cura amenazado a escribir una carta acusándolo, y los clérigos encarcelados. También denunciaba  que en La Rioja “se tortura asquerosamente”. Pío Laghi desoyó sus advertencias.

También le contaba sobre el asesinato de los curas Gabriel Longueville y Carlos Murias, el 18 de julio de 1976. En un juicio anterior –que terminó con prisiones perpetuas para Menéndez y Estrella y el comisario Benito Vera, en 2012- probó que los curas fueron conducidos a la Base Aérea del Chamical, torturados y luego acribillados. En este juicio, los padres Quipes, Glassman, Queirolo y “Alilo” Ortiz testificaron sobre la persecución en el Chamical. Relataron que agentes de inteligencia grababan o tomaban nota de los sermones.

Valientes y conspiradores

La investigación judicial que terminará hoy y que podría condenar la autoría intelectual de la muerte del obispo, es una de las más largas de la historia judicial argentina: 38 años. El expediente sufrió la acción de conspiradores que quisieron cerrarlo y operadores judiciales que avanzaron a paso firme, aún en los años ’80 de las asonadas militares.

El 5 de agosto de 1976, el día posterior a su muerte, se abrió la causa 15. El juez de instrucción fue Rodolfo Nicolás Vigo, un policía federal que había llegado dos meses antes a la provincia nombrado de apuro. Las querellas creen que ni siquiera era abogado: en su legajo policial constaba que tenía la secundaria incompleta. El 31 de agosto, el juez subrogante Salazar Gómez ordenó archivar la causa.

El 20 de septiembre de 1983, el juez de instrucción Antonio Condado decidió reabrir la investigación. Tres años después, el 19 de junio de 1986, el juez que lo sucedió, Aldo Fermín Morales, después de escarbar casi obsesivamente en el caso dictó una sentencia en la que aseguró que la muerte del cura “no obedeció a un accidente de tránsito sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”, a pesar de aclarar que no tenía pruebas para imputárselo a nadie. En el final del fallo dejó sentado que en ese tipo de casos “hay imposibilidad de prescripción de la acción”.

En 1988, la Suprema Corte de la Nación resolvió derivar la causa a la Cámara Federal de Córdoba considerando que “el crimen habría sido cometido mediante la utilización de un aparato organizado de poder”. En junio de ese año, el expediente entró en el limbo de impunidad que promovieron las leyes del perdón hasta que se reactivó en el 2003 y 2004 con la presentación de la querella de María Elena Coseano, sobrina del obispo. La instrucción duró otros tantos años y dejó morir a muchos de los sospechosos. “En el camino, varios fueron beneficiados por el punto final biológico, como Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Héctor Osvaldo Pérez Bataglia (el jefe del Batallón 141), y el jefe de policía riojana Edilio Cristóbal Di Cesare”, agregó Lobo Bugeau. Hoy tendrá un final.

La complicidad civil

En su alegato, los abogados Lobo Bugeau y Guillermo Díaz Martínez llamaron la atención sobre la participación de civiles “en los actos preparatorios del homicidio de Angelelli”, y pidieron al tribunal que se abran causas para investigarlo. Se trata de 13 hombres de la burguesía de Anillaco que habían expulsado a pedradas al obispo en 1973 cuando quiso dar una misa. Sus nombres quedaron grabados en una penalidad que impuso entonces el obispo. Entre ellos se cuentan un hermano de Carlos Menem –Amado- y dos sobrinos: César y Manuel. Los mismos aristócratas –que integraban un grupo llamado Los Cruzados de la Fe- habían estrechado lazos con Pérez Battaglia y fueron mencionados con preocupación por Angelelli en sus misivas al Nuncio.

El otro puntal civil fue el diario El Sol: para los querellantes, un “baluarte en la tarea de acción psicológica sobre la población”. Tenían una columna diaria desde la que disparaban contra el obispo “rojo”, “Satanelli”, “marxista”. Algunos de sus periodistas eran también entusiastas “cruzados de la Fe”.

El mismo método

Un año después que Angelelli, el 11 de julio de 1977, moría el obispo Carlos Ponce de León en otro choque automovilístico. Las similitudes entre ambos “accidentes” eran asombrosas: ambos llevaban documentación denunciando desapariciones, torturas que les fueron robadas; ambos iban acompañados por un clérigo o monaguillo sobreviviente que abdicaron a la iglesia y se volvieron testigo de cargo (Oscar Víctor Martínez y Arturo Pinto). Y un elemento más en común. En ambas ciudades –La Rioja y San Nicolás- había Batallones de Inteligencia. En la localidad bonaerense, estaba Manuel Saint Amant, que había egresado un año más tarde que Pérez Battaglia, al mando en La Rioja. “Hay indicios en las causas que Pérez Battaglia era nicoleño y que dos fines de semana al mes volvía a sus pagos, donde tenía una gran amistad con Saint Amant”, explicó Lobo Bugeau. En el juicio, el presidente de la ONG Tiempo Nuevo Latinoamericano –también querellante-, Luis Baronetto, comparó ante los jueces esos finales calcados.