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Los querellantes y referentes de derechos humanos hicieron su entrada a la sala ex AMIA para la lectura de la sentencia sobre los crímenes de La Cacha casi como celebridades de cine. Hubo fuertes aplausos para las llegadas de Estela de Carlotto, Chicha Mariani, Adelina de Alaye (fundadora de Madres de Plaza de Mayo La Plata), María Esther Tello, Rosa Bru (Asociación Miguel Bru), Hugo Cañón (ex fiscal de Bahí Blanca, hoy en la Comisión provincial de la Memoria), Ramón Baibiene (hijo de desaparecidos y director de Políticas reparatorias de la secretatría de DDHH de la provincia de Buenos Aires) y Verónica Bogliano (abogada querellante de varios HIJOS y familiares).

En la primera fila, el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, fue de los primeros en llegar junto a su hermana. El homicidio de su hermano era uno de los cuatro juzgados con esa misma figura en el juicio que llevó diez meses, junto a los de Luis Bearzi, Laura Carlotto, Olga Noemía Casado.

Nunca la sala había estado tan llena de medios ni de público: algunos habían hecho largas filas para entrar. Desde temprano, muchos jóvenes, organizaciones y militantes se fueron acercando a la esquina y siguieron la lectura de la sentencia desde una pantalla montada afuera.

Era la sentencia de un juicio paradigmático en la ciudad con la tasa más alta de desaparición por cantidad de habitantes, según un informe de la secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez se había logrado juzgar a los servicios de Inteligencia del Ejército en La Plata y también el rol activo del Servicio Penitenciario Bonaerense en un centro clandestino de detención.

La presencia de muchos sobrevivientes (María Laura Bretal y Nilda Eloy, entre tantos), familiares e hijos (los mellizos Reggiardo Tolosa, Julia Bearzi, Julia Pizá) y familiares se respiraba en el aire. Estaban Lita Boitano, Claudia Carlotto -en primera fila, no se separó un minuto de su madre-, su hermano Kibo Carlotto (secretario de DDHH bonaerense) y algunas nietas de Estela. También los diputados Horacio Pietragalla y Julián Domínguez. El presidente de la Cámara baja lidera el Grupo San Martín, donde muchos de sus compañeros han declararon en el juicio. También estuvo la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout.

Para los familiares de los represores se había dispuesto, como siempre, un sector en el primer piso junto al área de prensa. Pero esta vez, a diferencia del día de los alegatos, fueron muy pocos. La mujer del Oso Acuña escuchó toda la sentencia ahí, sentada sola y custodiada fuertemente por tres policías.

La sentencia

La lectura estaba prevista para las 18 pero empezó casi dos horas tardes por problemas técnicos. Minutos antes de de las ocho y en un ritual que sigue pareciendo fuera de época- o de una justicia de otros tiempos- una voz anunció al auditorio ponerse de pie para la entrada del Tribunal Oral Federal N°1: Carlos Rozanski (presidente), Pablo Jantus y Vega. Cuando Carlos Rozanski pidió que entraran los imputados -había doce sillas dispuestas en el “corralito”-, la tensión acumulada en 38 años de espera estalló. “Como a los nazis/les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”, cantaba el auditorio a pleno mientas once represores entraron custodiados por 8 penitenciarios con chalecos antibalas y escudos antidisturbios y un médico. Todos ellos se mantuvieron en riguroso alerta el resto de la audiencia.

El primero de ellos en entrar, el Oso Acuña, atinó a hacer sus habituales gestos al público. El último en sentarse fue Miguel Etchecolatz, exjefe de investigaciones de la policía provincial, entró con una sonrisa desafiante. Rosanski advirtió que si el auditorio no mantenía las formas, la sala sería desalojada y la sentencia, leída sin público. “Los fundamentos del fallo se leerán el 19 diciembre, a las 18hs”, anunció.

La lectura del veredicto a los 20 imputados abrió con la condena a Etchecolatz. El público celebró con fuertes aplausos y cánticos. Etchecolatz no se inmutó. Tampoco sus compañeros de banquillo, por lo menos, mientras las quince prisiones perpetuas fueron cayendo, una por una, como martillazos.

Se fundaron en las figuras penales de privación ilegítima de la libertad y tormentos triplemente agravada –por haber sido cometidos por funcionarios públicos, por haberse cometido con violencia o amenazas y haber durado más de un mes-, sumado a los homicidios calificados de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, y los de Bearzi y Bettini.

Los 15 condenados a prisión perpetua fueron, además de Etchecolatz, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Herrero Anzorena, Gustavo “El Francés” Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo,  Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Ricardo Fernández, Jorge Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón. También el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda y el ex agente penitenciario Raúl " Oso" Acuña, “quienes intervinieron en la matanza de un grupo y la lesión grave de la integridad física y mental de los miembros del grupo, y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total y parcial" en calidad de autores, según leyó el presidente del Tribunal Carlos Rozanski.

Las penas menores
Los montos de penas menores –con la disidencia de Carlos Rozanski- fueron para los agentes civiles del Destacamento 101 Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y para el marino Juan Carlos Herzberg. Los consideraron “partícipes secundarios” y no “autores” de los crímenes, Al final, fue absuelto Luis Orlando Perea, a quien el Ministerio Público Fiscal había desistido de acusar. El abucheo y los silbidos colmaron la sala Amia.

Quedó fuera de la sentencia Eduardo Gargano, porque al momento de los alegatos su abogado defensor presentó un examen médico hecho un hospital público –coincidente con el de los forense de la Corte- que dice que el policía bonaerense padece una enfermedad degenerativa y no está en condiciones de comprender la sentencia en su contra.

Sin jubilaciones y con sitios de memoria
La sentencia tuvo aspectos novedosos. Decretó por unanimidad que cuando esté firme el fallo “se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados, y a la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro”. Fue unánime también el pedido de los jueces a los poderes ejecutivos Nacional y de la provincia de Buenos Aires “a fin de que adopten las medidas necesarias para que se desafecten” los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha –que aún permanece en manos del Servicio Penitenciario- y “sean destinados como sitio de Memoria”. Por último, pidió que se abra una investigación por el agente penitenciario Lucas Miguel Gordillo, visto en el centro clandestino de detención por una testigo durante el juicio.

Apenas terminó la lectura, que duró una hora y diez minutos, Estela se abrazó fuerte con sus hijos Claudia y Kibo. El mismo gesto se repitió acá y allá en la sala. Muchos de los hijos de los desaparecidos en La Cacha se deshacían en llanto como nunca antes. Los cánticos sobre los nazis y la tenacidad con la que buscarán sus condenas se hacían más fuertes. Ellos se fueron retirando sin mirar a sus espaldas, a excepción de dos de los reos que habían sido agentes penitenciarios: Isaac Crespín Miranda y Héctor “el Oso” Acuña. El “Oso” estaba fuera de sí y quería saltar sobre el público. El grito fue unánime, ensordecedor: “¡Asesinos-asesinos!”.

Al Oso tuvieron que reducirlo como a un animal desbocado más de cinco guardias federales. Lo arrearon cuerpo a cuerpo. Les pegaba para que lo soltaran. Miguel Osvaldo Etchecolatz quiso dirigirse hacia el Tribunal –aunque no se lo permitieron- para entregarle un trozo de papel que había apretado junto a su rodilla durante toda la lectura. El fotógrafo de Infojus Noticias captó con su lente lo que decía el papel: Jorge Julio López.

37 años para llevarlos al banquillo

Afuera, en la antesala, se palpaba que la sentencia había dejado un sabor de conformidad general, con alguna mueca de incertidumbre por la absolución de Luis Orlando Perea, las condenas leves a los agentes civiles de inteligencia –doce y trece años- y por las prisiones domiciliarias que no fueron revocadas: Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Juan Carlos Herzberg y Eduardo Gragano. Colleen Torre y Emanuel Lovelli, querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, dijeron a Infojus Noticias: “No estábamos de acuerdo con la absolución, porque cumplió un rol, sabía lo que estaba sucediendo en La Cacha aunque no haya estado ahí. Estamos contentos con las perpetuas pero no con las penas leves a los guardias que tuvieron un rol activo, no eran partícipes secundarios”.

“Creemos que se ha hecho justicia pero necesitamos más justicia”, dijo la abogada Verónica Bogliano, en su rol múltiple de abogada querellante, hija de dos padres -María Susana Leiva y Adrián Bogliano- que pasaron 42 dos días en La Cacha y testigo, en el hall de entrada a la ex Amia.

“Las perpetuas están muy bien, es lo que corresponde, porque son atrocidades las que han cometido, sobre un montón de víctimas. Hay algunas penas que han sido menos. No nos sorprende. No consideramos que sean partícipes secundarios, son tan autores como los otros, porque además fueron reconocidos por muchísimos testigos en el centro clandestino de detención, entonces vamos a apelar”, dijo. Y agregó, la abogada que comenzó su militancia en la década del ’90, en la agrupación HIJOS: “Nada nos fue gratis nunca en la vida. Para poder llegar acá tuvimos que pasar 37 años, tuvimos que anular leyes de obediencia Debida y Punto Final, tuvimos que hacer marchas interminables, marchas contra el indulto y todo eso, no nos paró. Ahora vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar porque si lo que cometieron fue el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos, se merecen perpetua y que se los condene por desaparición forzada de personas”.

Matías Moreno, director de Formación de la Secretaría de DDHH de la Nación también estaba feliz después de una jornada que había empezado temprano con las señalizaciones de La Cacha y del Destacamento 101. “Estamos muy conformes con las 15 perpetuas. Con sacarles las pensiones y jubilaciones. Las penas bajas o que no se hayan revocado las domiciliarias hablan del hecho de que todavía falta mucho por hacer. Pasaron casi 40 años para llevarlos al banquillo. Siempre hay algo a mejorar”, dijo.

Afuera, había un clima de festivo. Los abrazos se multiplicaron, interminables, entre las víctimas, los abogados, los militantes y familiares que habían llegado para asistir a un día histórico. En la esquina, seguían los bombos y había montado dos escenarios: uno en la esquina, donde estaba la militancia de izquierda, y treinta metros más abajo, por la calle 4, el de las agrupaciones kirchneristas como La Cámpora. A primera hora del día había habido alguna escaramuza por la esquina, pero en aquél momento todos hacían sonar sus bombos y flamear sus banderas por la condena. Al escenario subió María Laura Bretal, una de las detenidas desparecidas en La Cacha, que advirtió sobre el pedido desestimado por el Tribunal de juzgar a los delitos sexuales como figuras autónomas, separadas de los tormentos, y de algunos prófugos en la causa, como el PCI Aníbal Gauto. Al final un cántico: “el Oso está en la cueva, chirivín, chirivín, chunchán. El oso están en la cueva y ya no volverá, se va para Marcos Paz”.

Después de diez meses, era la noche de los aplausos y las sonrisas de alivio, de la alegría por un final que nadie podría llamar feliz pero sí el gran final posible: una noche luminosa de Justicia sobre la casa del terror.

Agradecemos la colaboración de Virginia Ilariucci, periodista de Radio AM Universidad de La Plata, a lo largo de la cobertura del juicio por los delitos de La Cacha.