Es una decisión sin precedentes en la única causa judicial abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo. Por orden de la jueza, los imputados deberán ser extraditados para someterse a una declaración indagatoria. La resolución será girada a INTERPOL.
La jueza María Servini de Cubría pidió la extradición y detención de cuatro ex funcionarios acusados de torturas durante el franquismo. Se trata del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. Es una decisión sin precedentes en la única causa judicial abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo.
Por orden de la jueza, los imputados deberán ser extraditados para someterse a una declaración indagatoria. El texto puntualiza que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
La resolución será girada a INTERPOL y a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa que se inició en abril de 2010.
El próximo 20 de noviembre, cuando se cumple el aniversario de la muerte de Francisco Franco, la jueza recibirá a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa que lleva adelante.
La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta después de que la Justicia española se negara a investigar los crímenes de la dictadura. La decisión de la Justicia argentina de impulsar esta investigación se basa en principios de la Constitución nacional. Este instrumento reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para investigar lo sucedido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 en España. Según el juez español Baltasar Garzón la represión franquista dejó al menos 113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen.
A la querella inicial que dio inicio al proceso judicial se han sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires. La decisión de Servini de Cubría acompaña la importancia que le ha otorgado el país a la investigación de los crímenes del franquismo. En agosto el Congreso nacional ha manifestado el apoyo mayoritario a la causa judicial. También se ha constituido recientemente la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo.
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