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Shell reincorporó hoy otro trabajador despedido por su actividad gremial. Es el segundo caso de reinstalación laboral que, en los últimos dos meses, debió cumplir la petrolera por orden de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que convalidó las medidas cautelares. El primer ingreso, concretado en septiembre pasado, se produjo sólo después de que un juez laboral advirtiera que si la trabajadora no era reincorporada realizaría una presentación ante el fuero penal para que se investigara al presidente de la multinacional, Juan José Aranguren, por el delito de “desobediencia”.

La reincorporación de Fernando Luna, empleado en el sector Craqueo Término en el Polo Petroquímico de Dock Sud, se concretó esta mañana, después de seis meses de disputa judicial. Luna fue despedido el 30 de abril pasado junto con Analia Portillo y Gustavo Michel. Esas tres cesantías fueron decididas por Shell –fueron nueve en total pero los otros seis no llevaron el tema ante la justicia laboral- en medio de una disputa gremial con el oficialismo del Sindicato Petróleo y Gas Privado de Avellaneda (SPyGPA), que encabeza Alberto Roberti.

Tanto en los casos de Portillo como el de Luna, el abogado Matías Aufieri, llegó hasta la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo donde logró la confirmación de las acciones de amparo.  Y en ambos casos, los camaristas Graciela González, Miguel Maza y Luis Raffaghelli confirmaron las resoluciones de los juzgados laborales, donde se había señalado que los despidos tenían relación directa con “su participación en la Lista Naranja”. Eso fue lo que indicó el fiscal general, Eduardo Álvarez, al respaldar ante la Cámara Laboral la decisión del juez Alberto González, que había ordenado la reinstalación de Portillo en un fallo de mediados de julio pasado.

Pero fue necesario que la Cámara confirmara la decisión del juez González y que éste, ante la negativa de Shell, advirtiera con la posibilidad de enviar “las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional” para iniciar una causa contra Aranguren para que Portillo pudiera retomar sus tareas. Esa medida se cumplió el 19 de septiembre pasado, el mismo día en que vencía el plazo de veinticuatro horas que había dado el juez González.

En la resolución del 30 de julio pasado, los camaristas González, Maza y Raffaghelli consideraron que es “verosímil” pensar que el despido de Luna estaba relacionado con su “carácter de afiliado sindical”. Y, al tomar en cuenta la  doctrina de la Ley 23.551 (asociaciones sindicales), Raffaghelli señaló en su voto que “prevalecen sobre los de orden patrimonial que pueda invocar la empleadora, siempre remediables cuando la pérdida de derechos sindicales sería definitiva y se proyectaría sobre otros derechos de igual rango constitucional”.

Además, debe resolverse la multa de dos mil pesos diarios aplicada a la empresa desde el momento en que la Cámara confirmó las apelaciones. En ambos casos ordenó la reinstalación e impuso una penalidad económica diaria si no se cumplía con su resolución. Portillo logró confirmación en el tribunal de alzada el 16 de julio y fue reincorporada el 19 de septiembre: la petrolera debería pagar unos 132 mil pesos. Y el caso de Luna obtuvo resolución de Cámara el 30 de julio y fue reincorporado hoy: suma unos 150 mil pesos.

En tanto, el caso de Michel también tiene una resolución favorable a la medida cautelar en el Juzgado Laboral a cargo de Silvia Sayago desde mediados de agosto pasado. La petrolera presentó una apelación pero aún no llegó a la Cámara. En este caso, la resolución de la jueza no incluye multas ni habilitó la medida tendiente a efectivizar la reinstalación mediante oficial de justicia, como sí ocurrió con Luna y con Portillo.