Sobreprecios: embargan a IBM Argentina por 82 millones de pesos
Lo ordenó la Sala IV de la Cámara de Casación Penal por el presunto pago de 120 millones de sobreprecios y sobornos durante el gobierno de Carlos Menem. El pedido lo hizo la Oficina Anticorrpción. Esa misma Sala, hace unos días revocó el sobreseimiento de once acusados dictado por el TOF 3.
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La filial IBM- Argentina tendrá que pagar 82 millones de pesos a modo de embargo por el presunto pago de 120 millones de pesos de sobreprecios y sobornos durante el gobierno de Carlos Menem. En abril de 1994, el titular de la DGI hizo dos contrataciones en el área informática, donde presuntamente se habrían pagado sobreprecios en perjuicio del Estado. Las contrataciones fueron con IBM Argentina por un monto de 425.088.000 y de 88.547.000 pesos. La particular modalidad de contratación fue posible por el decreto 507/93 que habilitó al Organismo a hacer este tipo de compras.
La DGI invitó a distintas empresas a presentar proyectos. La mejor oferta económica fue de Sistemas Tecnológicos Integrados SA (STI), pero la elegida resultó IBM. Desde la OA, dijeron: “Lo llamativo es que desde la DGI se le solicitó a IBM que adquiriera de STI el desarrollo conceptual de software”.
La causa judicial comenzó en 1996 por impulso de los diputados Carlos Álvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo. Tres jueces pasaron frente al expediente y once años después, la causa fue elevada a juicio oral, pero el TOF la cerró en 2011. En la investigación se determinó que la DGI no realizó estudios previos sobre el alcance de los proyectos informáticos a contratar, ni estableció costos de los mismos.
En marzo 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 anuló la causa y quedaron sobreseídos los once imputados del expediente. Días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos y avaló el pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) para embargar a la multinacional. Los acusados ya tienen fecha de juicio oral, el 15 de marzo de 2016.
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos de la Sala IV de Casación ordenaron el embargo a la filial argentina hasta cubrir la suma exacta de 81.996.627,19 pesos. De no ser posible, la firma deberá presentar las garantías suficientes para asegurar una eventual recuperación de activos en caso de condena contra sus ex directivos.
La confiscación busca, según explica el fallo, "asegurar la oportuna restitución al Estado del importe dinerario que pudiera haber constituido un pago en exceso”.
La misma Sala, el 23 de febrero revocó los sobreseimientos de los once acusados. El TOF 3 los sobreseyó porque consideró que la acción penal estaba prescripta. Es el mismo tribunal que absolvió a los 19 imputados de la causa AMIA por la conexión local y a los ocho acusados por sobornos en el Senado, entre ellos al expresidente Fernando De la Rúa.
Los imputados son el ex titular de la DGI, Ricardo Cossio; el ex presidente de IBM Argentina, Ricardo Martorana, y nueve ex directores de la empresa subcontratista.
Por pedido de los camaristas, el TOF sacó un fallo el 10 de marzo: “La Oficina Anticorrupción sostuvo que el producto del delito estaría conformado por el monto del dinero pagado por los contratos que excedió una ganancia razonable o habitual del mercado, esto es la diferencia entre la rentabilidad media y la rentabilidad cobrada”. Según el peritaje, la tasa de ganancia fue del 32,53%, mientras que la tasa de ganancia esperada fue del 13,5%”. Y agrega: el producto del delito, o ganancia desmesurada en este caso fue cercana a los 82 millones de pesos”, dijo en una parte del documento. En marzo de 2016 se abrirá un nuevo capítulo de la causa.
NB/LC
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