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Los ocupantes del terreno tomado hace más de 15 días en el barrio porteño de Villa Soldati accederían a desalojar parte del predio si el gobierno porteño inicia las tareas de saneamiento en el sector que quedaría libre. Luis Duacastella, defensor general adjunto de la ciudad de Buenos Aires aseguró a la agencia Télam que los vecinos "piden quedarse en cuatro de las diez hectáreas como garantía de que el gobierno porteño cumplirá con la urbanización de la villa 20", prometida desde la sanción de la ley en el año 2005.

El desalojo de todo el predio, ordenado por la jueza Gabriela López Iñiguez, es estudiado por la Camara en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires tras la apelación de Duacastella, quien exigió que esa acción se suspendiera hasta tanto no se le den garantías de vivienda a los ocupantes. El fallo de la jueza ordena el desalojo e instrumenta a la Policía Metropolitana para desarrollarlo, aunque la fiscalía apeló este fallo para que tambien se dé intervención a la Policía Federal en la desocupación.

Ambas apelaciones deben ser resueltas por la Cámara que "tiene un plazo largo para expedirse pero seguramente lo hará antes de lo previsto", dijeron a Télam fuentes judiciales.

Duacastella destacó además que los vecinos "quieren que se cumpla con la ley 1770 de urbanización de la villa 20, ser nuevamente censados para que ingresen personas que no fueron incluidos en el relevamiento que se realizó en el 2010 y retirarse a un sector del predio para que se inicie el plan de saneamiento de los terrenos".

El predio en cuestión está ubicado en Fernández de la Cruz entre Escalada y Pola y durante muchos años fue utilizado por la Policía Federal como "cementerio de autos", por lo que los terrenos están altamente contaminados.

Pero no todas ls hectáreas del terreno tuvieron el mismo grado de contaminación, por lo que los vecinos propusieron quedarse en el sector que se encuentra en mejores condiciones, de unas cuatro hectáreas, como garantía de que se inicien las tareas de saneamiento y luego el inicio de las obras de urbanización.

Tras varios años de incumplimiento, el gobierno porteño presentó el viernes pasado un plan de obra para iniciar esas tareas ante la jueza porteña Elena Liberatori, quien tiene a su cargo la causa por la cual se multó al ejecutivo que conduce Mauricio Macri por no ejecutar la ley 1770.

El gobierno porteño ya adelantó en declaraciones públicas que no negociará con las personas que ocupan el terreno bajo "condiciones de extorsión". Fuentes judiciales aseguraron a Télam que "será la Camara la que finalmente deberá resolver sobre la forma del desalojo y quién lo va instrumentar".

Voceros de la Fiscalía detallaron a Télam que a los vecinos "se les dieron todas las garantias necesarias, con dos causas judiciales abiertas, para que desalojen el predio y si no lo hacen es porque hay muchas personas que quieren lucrar con la toma".