Infojus Noticias

El desalojo del predio ocupado en Villa Soldati podría definirse mañana, una vez que la fiscalía responda la apelación presentada el viernes pasado por la Defensoría General de la ciudad. El plazo fue fijado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que mañana comenzará a analizar la respuesta de la fiscalía para decidir si confirma o revoca la orden de desalojo que dictó originalmente el juez Gabriel Vega, el martes 25 de febrero. Los magistrados del tribunal podrían tomar la decisión inmediatamente o demorar varios días.

Luis Duacastella, defensor general adjunto en lo penal, está a cargo de la defensa de los ocupantes y de las asociaciones que se presentaron como partes en el proceso: ACIJ, CELS, CTA, entre otras. Una vez que la fiscalía presente su respuesta, deben “correr vista” a Duacastella, para que tome conocimiento de sus planteos. El defensor presentará un escrito para pedir a la Cámara que tome la decisión sobre el desalojo en una audiencia: de esa forma evitarían plazos de notificaciones y vistas, y se podría avanzar en la causa más rápidamente.

El fiscal Carlos Fel Rolero solicitó por tercera vez que se ordene el desalojo, pero aunque la jueza Gabriela López Iñiguez –titular del juzgado que estaba subrogando Vega- avaló el allanamiento del terreno y la expulsión de los ocupantes, aclaró que su decisión no podrá ejecutarse hasta que no se expida la Cámara, y sólo será aplicable si la avala. La decisión podría conocerse mañana o durante el fin de semana, dado que desde el comienzo del proceso están habilitados los días y horas “inhábiles” por la gravedad del conflicto.

En tanto, ayer se reunieron los delegados de la toma con autoridades del Gobierno porteño, la Asesoría Tutelar y la Defensoría General en el juzgado de Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo de la ciudad. Allí radica otra causa, un expediente iniciado en 2005 por la Asesoría Tutelar por los derechos a la vivienda y a la salud de los vecinos de la Villa 20. En el marco de ese proceso, que al comienzo estuvo en manos de Andrés Gallardo, se ordenó la remoción de la chatarra del cementerio de autos y el saneamiento de las tierras.

Por disposición de la ley 1770, sancionada en 2005, el terreno ocupado forma parte del sector asignado para la urbanización de la Villa 20. Una vez saneadas las tierras, allí deben erigirse viviendas construidas por el GCBA, pero ya casi se cumplió una década de demora. Los vecinos no confían en las promesas del macrismo, y por eso no aceptaron el acuerdo propuesto ayer en la sede judicial. Liberatori ya había dispuesto un embargo de 29 millones de pesos contra el GCBA para que los fondos que estaban asignados a la urbanización no se reasignasen a otro fin.

Facundo Roma, uno de los representantes (FPV) en la Junta Comunal de la Comuna 8 -Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo-, informó a Infojus Noticias que las autoridades de la ciudad prometieron cumplir con la orden de urbanización, esforzarse para que las empresas constructoras tomen a vecinos del barrio para trabajar en las obras y plantear un cronograma estricto para cumplir rápidamente con las obras que estipula la ley.

Los dos juicios tramitan en paralelo: el proceso en el juzgado de Liberatori es contencioso administrativo, lleva nueve años y aborda desde el saneamiento de las tierras del ex cementerio de autos hasta la urbanización de la Villa, dispuesta por la ley. El proceso en el de López Iñiguez es penal y contravencional, y atañe a la “usurpación” de las tierras iniciada el último lunes de febrero y que sigue pendiente. López Iñiguez estaba de licencia cuando comenzó el conflicto, y Gabriel Vega la subrogó en el cargo hasta el domingo pasado.

El desalojo fue dispuesto por Vega a pedido del fiscal Fel Rolero, pero cuando la Metropolitana ya se había desplegado en la zona, se suspendió y se decidió pasar a un cuarto intermedio. En el interín, Duacastella apeló la medida de desalojo ante la Cámara, que suspendió todo procedimiento hasta no resolver la apelación. A partir de mañana, el tribunal podría avalar el desalojo o revocarlo. Liberatori le informaría de las negociaciones a su colega López Iñiguez, para que tenga en cuenta los intentos de resolver pacíficamente el conflicto antes de insistir con el desalojo.