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“Cuando dejas de pagar alguna cuota de la tarjeta de crédito, el seguro del coche o la prepaga, no tenés recurso contra nadie y quedás en la vía”, expresó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el miércoles pasado. Lo hacía para contraponer esa situación con la de las grandes cadenas de supermercados, que “pueden hacer todas estas cosas sin que haya jueces que hagan valer el derecho de los ciudadanos”. Se refería a la posibilidad de recurrir ante la justicia las multas que la Secretaría de Comercio aplica por incumplimientos a las leyes de Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor y Abastecimiento.

El diputado Héctor Recalde y el senador Aníbal Fernández ingresaron proyectos –cada uno en la cámara que integran– para que las multas y sanciones que se aplican a los supermercados que incumplen el acuerdo de Precios Cuidados, sean aplicadas en forma efectiva. Los proyectos buscan elevar los montos, reducir los plazos del procedimiento administrativo y establecer la obligación de pagar antes de poder cuestionar la sanción.

La ley de Defensa del Consumidor establece que en caso de “actuaciones administrativas” –sanciones que impone el Estado en caso de infracción a la ley, reglamentos o disposiciones–, el sujeto sancionado podrá recurrir la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias. El problema actual es que la apelación de la medida tiene efecto “suspensivo”: la sanción no se aplica hasta que no esté ratificada judicialmente y con efecto de cosa juzgada, es decir, recién cuando queda firme.

Las cadenas de supermercados recurren sistemáticamente las multas o sanciones que se les aplican por sus infracciones a la ley. Afectadas por la demora de los tribunales, las sanciones nunca se aplican o recién se hacen efectivas al cabo de mucho tiempo. El proyecto de Aníbal Fernández pretende terminar con esas maniobras, y que las apelaciones tengan efecto “devolutivo”. Eso significa que primero tendrían que pagar la multa o afrontar la sanción, y recién después podrían recurrirla ante la justicia, según explicaron a Infojus Noticias fuentes cercanas al senador.

La propuesta se basa en un principio troncal del derecho tributario, heredado del derecho romano: “solve et repete”. Significa “paga y repite”, e implica que primero se debe pagar y después “repetir” el pago, un término jurídico que refiere a exigir la retribución de ese monto ante los tribunales, cuando el pago se hizo sin una causa legítima. En caso de que un pago se haya exigido sin motivos suficientes, el Estado nunca es insolvente y puede devolver el dinero, si un juez lo determina.

El proyecto de Recalde retoma lo presentado por Fernández e incorpora otras modificaciones a las leyes de Abastecimiento y de Lealtad Comercial. Actualiza las multas por incumplimientos, que hoy van de 500 pesos a un millón, y que pasarían a ser de 5 mil a 10 millones. Además, esos montos quedarían atados a una actualización semestral según el índice de movilidad jubilatoria. También se reducen los plazos para presentar un descargo cuando el supermercado o agente es sancionado, para evitar maniobras dilatorias.

La Secretaría de Comercio ya aplicó las primeras multas por infracciones a las tres leyes mencionadas, y la Presidenta se expresó al respecto. Los dos legisladores reaccionaron a las palabras de la mandataria con ambos proyectos de ley. La expectativa está puesta ahora en la inauguración del 132º período de sesiones ordinarias de este sábado, en donde volverá a dirigirse a la asamblea legislativa y a toda la Nación.