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La jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad (CAyT) de la Ciudad, Lidia Lago, aceptó la apelación presentada por el Gobierno porteño al fallo que le ordenó demoler un muro que cierra una calle en el barrio de Barracas, convertido en un estacionamiento para los empleados jerárquicos de Clarín. Ahora, la ejecución de la sentencia quedó en suspenso hasta que la Cámara en lo CAyT resuelva la cuestión.

En 2013, el legislador Aníbal Ibarra, la ex legisladora María Elena Naddeo, y el diputado Juan Cabandié (FpV), y Luis Otazo -en representación de los vecinos de la Villa 21-24-, presentaron una denuncia por un muro de cuatro metros de altura que cierra la calle Ascasubi entre Luna y Magaldi, en el límite con esa villa. El 6 de abril la jueza Lago, ordenó al Gobierno porteño a que en un plazo de 10 días demuela el muro existente en la calle Ascasubi, y remueva “cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias”.

El gobierno de la Ciudad apeló el fallo y hoy la jueza Lago concedió con "efecto suspensivo", el recurso de apelación interpuesto contra la resolución. Así, la Cámara en lo CAyT de la Ciudad deberá resolver sobre la cuestión y hasta tanto no falle, el muro no se podrá demoler.

Fuentes de la Procuración General de la Ciudad dijeron a Infojus Noticias que la apelación presentada hace foco en “la falta de legitimación” de quienes presentaron el amparo en la justicia. Se trata de un argumento que ya explicaron en la causa, antes de la sentencia de la jueza Lago. Es que para el Gobierno de la Ciudad los denunciantes no acreditaron “su condición de afectados actuales o potenciales” porque “no alegan, ni menos aún demuestran que la existencia de dicho muro les produzca un perjuicio personal, concreto y directo”.

Qué dice el fallo que ordenó la demolición

Tras constatar la existencia del muro, la jueza señaló que “está bloqueando la calle Ascasubi, impidiendo el libre paso o tránsito”. “No hay ningún organismo o dependencia del Gobierno de la Ciudad que tenga conocimiento de la existencia del referido muro, ni tampoco de los antecedentes u origen de su construcción lo que “pone de manifiesto la omisión del ejercicio del poder de policía por parte del Estado local, por cuanto no se ha verificado la existencia de medida alguna tendiente a regularizar la situación”, agregó.

Según la normativa vigente,  “como propietario de las calles, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires guarda para sí el ejercicio del poder de policía que le impone el deber de controlar que permanezcan en condiciones tales que las personas puedan transitar por ellas”, remarcó en la resolución.  Y agregó: “Lo cierto es que se verifica la existencia de una obra que obstaculiza el normal y adecuado ejercicio del derecho a circular libremente por parte de los habitantes de la Ciudad. Por lo que frente a la existencia de una obra que cercena ese derecho, su ilegitimidad impone al Gobierno de Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía, adoptar las medidas pertinentes a fin de hacer cesar dicha obstrucción”. Ahora la sala que salga sorteada, resolverá la cuestión. Hasta tanto, el muro seguirá en pie.

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