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Anoche, el fiscal José María Campagnoli fue suspendido de manera preventiva en el marco de un proceso en el que se investigará el posible "mal desempeño” de sus funciones y presuntas prácticas de “abuso de poder” en el marco de una serie de denuncias en su contra, entre ellas algunas relacionadas a sus investigaciones contra el empresario Lázaro Báez, que estaban basadas en escritos del Grupo Clarín.

Campagnoli estaba a cargo de la fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios Saavedra y Nuñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor desconocido (UFIDAD). El 4 de diciembre pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó pidió la suspención de Campagnoli al Tribunal de Enjuiciamiento del Minsiterio Público Fiscal. La resolución de la jefa de los fiscales también solicita que el Tribunal evalúe si Campagnoli debe ser removido de su cargo por mal desempeño.

Gils Carbó elevó el pedido de enjuiciamiento porque considera que hay elementos que permiten sostener que el fiscal Campagnoli "avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega”.

Una de las irregularidades que analiza la procuradora general se refiere a la investigación que involucra a Federico Elaskar, el financista que se hizo conocido por un informe periodístico y que está involucrado en presuntas maniobras de lavado de dinero. Luego de ver a Elaskar por televisión, Campagnoli actuó de oficio. Posteriormente, esa causa fue sorteada y el juez que intervino decidió enviarla al fuero federal. Pero Campagnoli modificó el objeto procesal para continuar interviniendo en esa investigación: “En otras palabras, para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima”, afirma Gils Carbó en su pedido de enjuiciamiento.

El Tribunal de Enjuiciamiento

El Tribunal de Enjuiciamiento está compuesto por siete integrantes. Ayer a la tarde deliberaron a puertas cerradas y la votación decidió la suspensión del fiscal. Hubo cuatro votos a favor de la medida: Ernesto Kreplak -presidente del Tribunal y representante del Poder Ejecutivo-, Daniel Adler -fiscal general designado por sorteo en representación del Ministerio Público-, Rodolfo María Ojea Quintana -designado por el Senado-  y María Cristina Martínez Córdoba -designada por sorteo en representación de la Defensoría General de la Nación. Hubo tres votos en contra de suspender a Campagnoli: Juan Octavio Gauna -exprocurador general designado por la Corte Suprema-, Rodrigo Sebastián Bacigalupi -designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados- y Adriana Olga Donato -designada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Para el Tribunal, Campagnoli "avasalló reglas básicas de competencia" en la causa Báez para orientar el caso y divulgó información que puede afectar la investigación "sin respetar reglas de confidencialidad".

Pero Campagnoli no sólo está acusado por su mal desempeño en el caso Báez. Un grupo de vecinos del Barrio Mitre lo denunció por abuso de poder y violencia institucional. En la presentación hicieron referencia a que Campagnoli "estigmatiza, vulnera todos los derechos y realiza toda clase de actos de atropello contra los vecinos, abusando de su cargo de fiscal y tratando como delincuentes a los habitantes de esa zona por ser pobres".

A partir de la suspensión del cargo, Campagnoli deberá hacer frente al jury de enjuiciamiento.
 

Justicia Legítima

La Asociación Justicia Legítima llamó la atención sobre declaraciones de magistrados y funcionarios judiciales que en las ultimas horas criticaron la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento: "Justicia Legítima deplora las actitudes corporativas de distintos colegas que por vías de hecho y desinformación a la opinión pública pretenden influir en la marcha de los procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes, especialmente por no observar el principio básico del ejercicio profesional por el cual no corresponde a los magistrados emitir juicios de valor respecto a actuaciones que no se conocen y en las que están interviniendo otros colegas que dan cuenta de sus actos", afirmaron en un comunicado.