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Luego de la detención de Víctor Morales, cabecilla de una banda de seis personas acusada de trata sexual en la ciudad de Ushuaia, el debate oral en el que se juzgaban sus responsabilidades quedó suspendido por un recurso de la defensa, que recusó a los integrantes del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego. Para la audiencia de hoy estaban programados los alegatos y mañana la Justicia Federal de Tierra del Fuego iba a dar a conocer el veredicto. Sin embargo, la recusación ahora está en manos de Casación que tiene un plazo de diez días para resolver.

Morales era dueño del prostíbulo “Black And White” donde fueron rescatadas 15 víctimas en 2012. La causa apunta a él y a cinco colaboradores -entre los que están sus hijos y su ex pareja-, responsables de un prostíbulo que funcionó en la ciudad más austral del país casi 20 años.

El fiscal Adrián García Lois y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba, pidieron su detención tras el testimonio de una de las víctimas que denunció amenazas. Los jueces Luis Alberto Giménez, Ana María D`Alessio y Alejandro Ruggero decidieron hacer lugar al pedido. Morales llegó libre al debate pero ayer fue apresado.

Para Raúl Paderne, defensor de Morales, al ordenar la detención el tribunal incurrió en una “pérdida de imparcialidad” porque basaron su decisión en el testimonio de una mujer a quien nombraron como “víctima”. “Si los jueces hablan de víctima es porque hay un victimario y es Morales”, dijo. Según el abogado, el Tribunal prejuzgó a su defendido.

Ante la recusación de Paderne, los jueces del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego se defendieron y mantuvieron su posición frente a la noción de víctima. Explicaron que basaron su pedido de detención en varios artículos del Código Penal y la Ley de trata, vigente desde 2008. Se refirieron al resguardo, remarcaron que el término es semántico y que no depende del resultado del proceso la condición de víctima. Por otro lado sostuvieron que la condición de victimario para Morales es meramente una apreciación de‎ la defensa.

“Este tribunal escuchó atentamente a todos los testigos, ya conoce la causa y pensar que sea otro el tribunal que evalúe solo con la lectura de un expediente, claramente no es lo mismo”, dijo a Infojus Noticias Zaida Gatti, titular del Programa de Rescate de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Gatti viajó hasta Tierra del Fuego para declarar en este juicio.

Las psicólogas del Programa acompañaron a la víctima en la declaración. También le explicaron al Tribunal las condiciones en las que debe declarar quienes sufren explotación sexual. El equipo, que dirige Zaida Gatti, continuará asistiendo a la víctima.

“Señoritas para cabarets en Ushuaia”

Según la acusación, Morales tenía montada una estructura que le permitía captar víctimas en distintos puntos. Su ex pareja, María Ledesma, llegó a este juicio acusada de colaborar en el traslado de las mujeres hasta Ushuaia, y sus hijos, Alejandra y Mauro Morales Ledesma, por hacerse cargo del funcionamiento del prostíbulo, junto a Mirta Puglia –“Mami”, “Mamá” o Marcela Rey- y Cristina “Camila” Ramírez.

El expediente reúne una serie de denuncias. Una de las primeras, de marzo de 2010, cuando una mujer buscó ayuda en una comisaría de Rosario, en Santa Fe, porque su hija había viajado a Ushuaia y le había enviado un mensaje de texto en el que le advertía de una situación sospechosa.

Ese mismo año, un mes después, la Procuraduría que asiste a los fiscales de todo el país en la investigación de la trata (PROTEX) recibió un alerta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en la que advertían sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del 4 de octubre de 2009, a través del cual convocaban “señoritas para cabarets en Ushuaia”. La investigación se complementó con un informe de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que informó sobre otros del mismo tenor, publicados entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

El fiscal ad hoc Pedro Rota, cuando presentó la elevación a juicio en octubre de 2014, remarcó que la página web ya no estaba activa. Pero indicó que, en una impresión tomada del historial del sitio, se leía que el lugar funcionaba desde hace 18 años. Textualmente, reconocía la explotación sexual de 25 mujeres, en el prostíbulo al que describía con “un espacio VIP en su segundo piso, haciendo de este el lugar más caliente de Tierra del Fuego”.

MFA/RA