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Depositar dinero en una cuenta bancaria de Suiza, en apariencia, es fácil y legal: sólo se requiere que los fondos se declaren en la autoridad impositiva. Pero no cualquier persona puede hacerlo. “Se necesita una operatoria de poder en la que intervengan grupos jurídicos y bancos. Lo que saltó con Swiss Leaks es que, además, las cuentas argentinas no fueron declaradas ante la AFIP. El daño de evasión al Estado es inmenso”, dijo a Infojus Noticias Carlos Gonella, titular de  Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac). El escándalo financiero “Swiss Leaks” salió a la luz luego de la filtración que Hervé Falciani, ex jefe de Informática del HSBC, hizo a los grandes medios del mundo. En ella puso en evidencia cómo la sede suiza del banco británico armó esquemas para facilitarles a sus clientes la evasión de divisas a través de cuentas sin declarar entre 2006 y 2007. Para el caso de Argentina, los números de la fuga son significativos: 3505 millones de dólares en más de 4000 cuentas.

Desde el Banco Central dijeron que respetarán los tiempos de la investigación judicial, aunque adelantaron que los datos “corroboran el funcionamiento ilegal del HBSC, que elude los mecanismos de control para garantizar la fuga de capitales”. El año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en el HSBC de Suiza sin declararlas ante el fisco. Ahora, con la nueva información que surge del “Swiss Leaks”, la pesquisa a cargo de la jueza María Verónica Stracci avanzará con nuevas pruebas. “Es un impacto social en las reservas y en el gasto público”, reconocieron desde el Banco Central a Infojus Noticias.    

El Grupo Clarín, con más de 100 millones de dólares depositados en el HSBC de Suiza, lidera la lista de evasores. Le sigue el Grupo Fortabat, con US$ 101.306.936; la generadora termoeléctrica Central Puerto, con US$ 82.277.040; y Telecom Argentina, con US$ 18.822.872. De las más de cuatro mil cuentas detectadas, sólo 125 fueron declaradas ante la AFIP.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron a esta agencia que para detectar la fuga de capitales hay que investigar “un amplio abanico de protagonistas”. La fuga de capitales comprende varios pasos. “Esos capitales son canalizados a través de una plataforma de servicios ofrecida por grandes bancos para facilitar la evasión y el depósito del capital en las guaridas fiscales”, explicaron. Esa red está integrada por abogados, economistas, contadores y apoderados, dependientes o allegados a esas entidades, que se ocupan de girar, ocultar y administrar el dinero.

Gonella apuntó a “detectar el funcionamiento de ese grupo de profesionales dedicados a diseñar la estrategia jurídica, societaria y financiera de la fuga y evasión. Son los encargados de armar las redes de empresas offshore para vedar el acceso a los datos de los dueños de los capitales”. En la operatoria, los profesionales actuaron como expertos en la conformación de sociedades y fideicomisos extranjeros –trust- radicada en paraísos fiscales como Panamá, Jersey, Guersney, Suiza, Uruguay, Bahamas e Islas Vírgenes.

El objetivo de su tarea es crear complejas estructuras jurídicas y societarias para ocultar la identidad de los titulares de los fondos depositados en esas plazas.  Gonella agregó: “no nos llama la atención los datos que se desprenden del informe. Desde el Procelac ofrecimos colaboración a la justicia, pero aún no recibimos respuesta. Es la punta del iceberg de un delito pernicioso para el país. El daño es inmenso y un fenómeno muy grave, que impacta en el accionar de los bancos y los operadores jurídicos y económicos. Estamos hablando de una monstruosa operatoria de lavado de dinero”.

Infojus Noticias accedió a parte del informe, donde se dio a conocer la identidad de un eslabón clave. Se trata de Miguel Gerardo Abadi, un contador argentino de 51 años radicado en Londres y gerente de un fondo de inversión, Gems, que llegó a administrar siete mil millones entre acciones, bonos y otros activos financieros. Lo que la investigación judicial está analizando es cómo el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra, para implementar una serie de "plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior.

“Otra cuestión importante a develar es por qué las principales firmas eligen el HSBC. Es decir: reconstruir el lazo exclusivo que tienen con los clientes”, dijeron desde el Banco Central. El informe también detalla que, en cantidad de clientes, Argentina figura en el puesto 8°. Le anteceden Suiza, Francia, Reino Unido, Brasil, Italia, Israel y Estados Unidos. En el top 10 figuran además Turquía y Bélgica. Por dinero, Argentina está en el puesto 21°, lejos de Venezuela (3° puesto) y Brasil (10°). Los dos primeros países son Suiza y el Reino Unido.

"El Poder Judicial deber tener la fortaleza y la voluntad de investigar a las corporaciones", reclamó el jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, al recordar que el gobierno pidió acelerar la pesquisa sobre las cuentas de empresas y magnates argentinos detectadas en la investigación.

Suiza sigue siendo uno de los principales refugios de capitales no declarados. “Swiss Leaks” se destapó cuando el diario francés Le Monde accedió a los datos bancarios y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales. Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas. Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, se calcula que habrían operado 100 mil clientes de 203 países del mundo.