Infojus Noticias

La jueza porteña Gabriela López Iñíguez libró una orden de detención y captura contra el puntero macrista Marcelo Chancalay por su presunta responsabilidad en la organización de la toma del predio del ex cementerio de autos en Villa Soldati. Cerca de quinientas familias ocuparon esas tierras, linderas a la Villa 20,  a fines de febrero en reclamo de vivienda. La jueza a cargo del Juzgado Nº14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires está a cargo de la investigación por la “usurpación” del predio que pertenece al Estado porteño.

La resolución que firmó ayer por la tarde -a la que accedió Infojus Noticias- consigna que “Marcelo Chancalay revista como antiguo empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro la estratégica Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”. El texto agrega que esa dependencia “ha tenido gravitación en esta causa, hecho que le permite a Marcelo Chancalay acceder a información gubernamental de carácter sensible”.

La jueza constató que Chancalay tiene participación en una sociedad de responsabilidad limitada –“Mach SRL”- y en tres cooperativas. La cuenta bancaria de una de ellas, “Cardenal Samoré” Ltda. registra operaciones sospechosas que involucran elevados montos de dinero. López Iñíguez dedujo sería una cuenta “puente” que podría estar recibiendo pagos del GCBA. La resolución explica que para Chancalay “existiría una cierta posibilidad de acceso a dichas sumas de dinero”, y luego destaca que a eso se suma “la pluralidad de domicilios en los que supuestamente se alojaría”.

La magistrada detalló en la orden de detención que “diversos testigos han refrendado que se trata de un personaje poderoso (sic), de ‘peso’ dentro de la Villa 20, y con múltiples ‘contactos’”. Además fue denunciado por militantes territoriales por el uso de violencia y persecución. Algunos vecinos dijeron que contaba con la protección de la comisaría 52.

El líder barrial, hoy vinculado al macrismo, fue boxeador hasta 1991. Durante su trayectoria como referente de su territorio siempre se lo vio apegado al poder de turno. Creó los polémicos “villa-tours” y coordinó los recorridos de turistas extranjeros por los pasillos marginales de la 20. Obtuvo el gimnasio en el que solía entrenar boxeadores durante la gestión de Aníbal Ibarra. Hizo campaña para el macrismo, y hasta lo visitaron Gabriela Michetti y Martín Palermo para apuntalarlo en su carrera por la presidencia de la Villa. Pero no fue suficiente: en las elecciones de 2011 perdió por casi dos mil votos. Para las legislativas del año pasado, puso su aparato a favor de Martín Lousteau y del frente UNEN.

Cuatro allanamientos, un sospechoso

Durante la investigación, López Iñíguez ordenó intervenir el teléfono de Chancalay. El jueves 20 de marzo, a menos de 24 horas de comenzadas las escuchas, el imputado recibió un llamado revelador:

-Meté tu auto en un garage y desaparecé de Lugano y Mataderos. Tu celular, cambialo. Colgá y no llames más, te están siguiendo.

Desde aquel día nunca más se lo vio por el barrio. La jueza rechazó el pedido de detención de otras tres personas, que estuvieron a disposición del juzgado desde el primer momento y que son patrocinadas por la defensa pública. Les impuso la obligación de presentarse semanalmente ante la fiscalía, y una restricción de acercarse a la toma del predio.

Después de los allanamientos a los domicilios de los cuatro sospechosos y de la intervención de las líneas telefónicas, los investigadores concluyeron que sólo en el caso de Chancalay surgían pruebas de relevancia. Respecto de las otras tres personas, se constató que vivían ahí y se les impuso la restricción de ingresar al terreno de Fernández de la Cruz, entre Escalada y Pola.

Una toma por vivienda

El terreno fue tomado en la noche del 24 de febrero. Pero Justicia ordenó el desalojo después, cuando las familias que se habían instalado ahí ya se contaban de a cientos. La Cámara de Apelaciones confirmó la orden, pero quedó en suspenso ante la conformación de una mesa de diálogo en la Legislatura. Se intentaba llegar a un acuerdo para lograr el desalojo pacífico y voluntario por parte de los ocupantes. Ellos reclamaban el cumplimiento de la urbanización de la Villa 20 y la construcción de viviendas en el predio público. Ahora López Iñíguez instó a esa mesa de diálogo a presentar un plan de desalojo antes del 12 de junio.

El plan de urbanización fue dispuesto por la Legislatura en 2005. Aunque el año que viene se cumplirá una década desde la sanción de la Ley 1770, el terreno sigue contaminado por la acumulación de chatarra durante años. La jueza Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo porteño, ordenó el saneamiento de las tierras y el cumplimiento de la ley, pero la gestión de Mauricio Macri aún no cumplió la resolución.