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Las cortinas de metal cerradas, cuatro camionetas y dos patrulleros de la Metropolitana y la calle cortada con vallas, así luce el edificio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires en su sede de Tacuarí 138. Adentro, a las 9 puntual, inició la primera audiencia, a puertas cerradas y sin prensa, del debate oral que juzga a dos militantes sociales por el desalojo del parque Indoamericano en el que dos personas fueron asesinadas por balas de la misma fuerza policial que hoy custodia las puertas del Tribunal. Los únicos que estarán sentados en el banquillo de los acusados son Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli, del Frente Popular Darío Santillán y de la Corriente Clasista y Combativa, que apoyaron el reclamo de viviendas y fueron nexos en la negociación para levantar la toma. Ambos están acusados de usurpación (doble), que prevé hasta seis años de cárcel.

El 7 de diciembre de 2010 Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y su vecina, Rossemary Chura Puña, oriunda de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron del operativo para desalojar a cientos de familias que habían improvisado construcciones precarias en un reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La ocupación de ese predio dejó al descubierto la deficitaria situación estructural de viviendas en la ciudad.

Los peritajes establecieron que la Metropolitana había llevado escopetas con balas de goma adulteradas, con plomo adentro, o sea. Las dos víctimas recibieron impactos de proyectiles idénticos, a pesar de que estaban en extremos opuestos del parque. Otras cinco personas tuvieron también heridas de balas de plomo.

Los hechos derivaron en causas judiciales. Las dos principales apuntaron: una a los policías, la otra a los dirigentes sociales que participaron en la ocupación e intentaron una salida negociada, entre ellos Pérez Ojeda y Nardulli.

Mientras se realizaba la audiencia presidida por la jueza Penal y Contravencional, Cristina Lara, afuera, militantes de la CCC y el Frente Popular Darío Santillán llegaron marchando desde el Obelisco y realizaron un acto en un pequeño escenario en la esquina de Tacuarí e Hipólito Yrigoyen.

Chivos expiatorios

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, será una de las testigos de concepto durante el juicio. Esta mañana estuvo en la puerta de Tribunales. “Estuvimos ese día de la represión brutal”, contó y reflexionó sobre el rol del Gobierno de la Ciudad: “Deberían hacer un plan de viviendas en vez de reprimir”, dijo. Cortiñas señaló que en este juicio se quiere inculpar a dos trabajadores que “nada tienen que ver”: “tienen que buscar chivos expiatorios”, reflexionó.

También declararán el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el cura villero Pepe Di Paola, 15 diputados porteños y nacionales y dirigentes sociales, todos testigos por la defensa que está representada por el abogado Nicolás Tauber. Los principales testigos del fiscal Luis Cevasco serán policías, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vecinos. Las audiencias durarán hasta fin de mes.

La acusación está basada en que la “que la toma fue organizada y que hubo resistencia violenta al desalojo por parte de la gente”, le dijo el fiscal Cevasco. Nicolás Tauber, defensor de los dos acusados, señaló que a su entender no hay delito alguno y que por lo tanto no hay pruebas.

A la justicia llegó la causa por el reclamo de tierras, pero no la de los policías que participaron del operativo y asesinaron a Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. A mediados de este año fueron sobreseídos por falta de méritos. Según el dictamen, al que tuvo acceso entonces Infojus Noticias, la Cámara confirmó que las muertes fueron causadas por el accionar policial, pero deslindó de responsabilidad a los jefes de la Federal y de la Metropolitana, quienes habían sido procesados por su rol en la dirección del operativo. Además sostuvo que se trató de “policías no identificados que habrían actuado por su cuenta”. Esta hipótesis fue el argumento que presentaron los defensores de los policías para desligarlos de la culpabilidad. Por lo tanto, los jueces de Cámara creyeron en esta versión.

Uno de los policías sobreseídos, Hugo Lompizano fue condenado a dos años de prisión condicional por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.

Durante todo el proceso la investigación se encontró con distintas trabas: las autoridades porteñas brindaron información insuficiente y contradictoria en varios aspectos clave como la identificación del personal que participó del operativo y el armamento asignado.