La Justicia estuvo ayer más de 14 horas en un operativo en la Dirección de Contrataciones de la administración macrista. Se encontró información sobre compras y contrataciones para determinar si hubo una compra de municiones de plomo meses antes del violento desalojo, el 7 de diciembre de 2010, a cientos de familias del Parque Indoamericano.
Después de más de 14 horas del allanamiento judicial en la Dirección de Contrataciones del gobierno porteño, ayer se encontró información sobre compras y contrataciones para la Policía Metropolitana que está siendo analizada. El operativo fue ordenado por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 47, a cargo de Mónica Berdion de Crudo. Se intenta determinar si hubo una compra de municiones de plomo meses antes del violento desalojo el 7 de diciembre de 2010 a cientos de familias que habían improvisado precarias construcciones en reclamos de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de Capital Federal.
En abril, la jueza Berdion de Crudo a instancias del fiscal Sandro Abraldes tomó indagatorias a 33 policías de la Metropolitana y otros 12 de la Policía Federal, que formaron parte del violento desalojo en el que Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, encontraron la muerte por el impacto de una bala policial.
A través de una búsqueda en internet, el abogado querellante Federico Efrón descubrió que en una página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires había una resolución de febrero de 2010 firmada por el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. “Decía que compraban cartuchos antitumulto, propósito general y 9 milímetros. La resolución salió diez meses antes de la represión”, dijo Efrón a Infojus Noticias.
Este es el segundo allanamiento que se ordena en el marco de la investigación. En marzo de 2011 el procedimiento se realizó en la División de Municiones y Armamento de la Metropolitana, en el barrio de Chacarita. Ahí encontraron documentación sobre proyectiles calibre 12/70, como los que usaron en las escopetas que se utilizaron durante la represión en el Parque. La compra databa de octubre de 2010.
El allanamiento que se está llevando a cabo en este momento en la sede del gobierno porteño es llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, con la intervención de la fiscal ad hoc Nuria De Ansó de la fiscalía 24 de Instrucción.
En la instrucción está probado que la noche del 7 de diciembre de 2010, Rossemary y Bernardo fueron alcanzados por balas de plomo calibre 12 milímetros, compatibles con las escopetas de munición múltiple que usan las fuerzas policiales. Caía la noche sobre el Indoamericano cuando una bala atravesó el cuerpo de Bernardo, cerca de una cancha de fútbol. Le dispararon desde el puente de la Avenida Escalada. A la mujer, Rossemary, la mataron una hora más tarde, en la otra punta del predio. Según el plan orquestado para la represión, en esos lugares, con esa distancia temporal, el operativo estaba a cargo de División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que comanda el policía Ricardo Ferrón.
En la causa los efectivos de la Metropolitana fueron imputados por el delito de “homicidio en agresión” y los policías Federales por “homicidio y lesiones imprudentes”. Es probable que antes de fin de mes se concreten la totalidad de las declaraciones, a las que se sumaron, por lo menos, las de “otros 10 agentes de la Metropolitana”, explicó Abraldes. El fiscal amplió los pedidos de indagatorias, a partir de cruzar nuevas pruebas y las declaraciones de los convocados inicialmente.