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“No hay motivo para la indagatoria. Los trabajadores fueron víctimas de una emboscada represiva por parte del gobierno de Macri”, dijo a Infojus Noticias el abogado Ramiro Geber mientras ingresaba al Juzgado de Instrucción Nº30. El letrado representa a los trabajadores detenidos durante la represión en el Hospital Borda que deben declarar hoy ante el juez José Adolfo López. Afuera, cientos de personas se movilizaron al Palacio de Tribunales para repudiar “la judicialización de la protesta”.

El 26 de abril pasado trabajadores del Hospital neuropsiquiátrico quisieron impedir la demolición del Taller Protegido Nº19 y fueron reprimidos por la Policía Metropolitana. Médicos, pacientes, legisladores, periodistas y también uniformados a cargo del operativo resultaron heridos. Hubo ocho detenidos.

El juez Jorge Adolfo López citó a indagatoria a Cristina Díaz Além (enfermera y delegada del hospital Garrahan), Susana Bejarano (enfermera del Borda), Carina Maloberti (trabajadora del SENASA), Belén Revollo (fotógrafa de En Movimiento TV) y Horacio Melnic (trabajador de Talleres Protegidos).  Según explicó el abogado Geber, todavía no está definida la situación procesal de los imputados. “La causa está carátula como atentado, resistencia a la autoridad y daño”, contó.En la puerta de los Tribunales, organizaciones sociales y políticas y trabajadores del hospital se movilizaron para repudiar “la judicialización de la protesta y para defender el derecho de realizar asambleas”.

En la causa judicial también se investiga la responsabilidad de las autoridades del Ejecutivo porteño en la represión. El mes pasado la Cámara del Crimen rechazó el pedido del titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D'Albora, de ser parte querellante. “El planteo fue una artera maniobra del gobierno de Macri para victimizarse y autoexcluirse de la culpa por el actuar represivo de la Metropolitana”, dijo Geber.
Los jueces explicaron que los policías metropolitanos sufrieron "distintos tipos de lesiones, y a su vez habrían dañado tanto los elementos de protección que portaban estos últimos, como los cercos perimetrales de la obra". Al mismo tiempo, "con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales". Por estos argumentos decidieron que "no puede prosperar” el pedido del Gobierno de la Ciudad a ser parte querellante. Los camaristas explicaron que en las causas hay una "evidente relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto” puesto que “todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril".

El desalojo y la represión de ese día en el Borda derivó en dos causas judiciales en las que están imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, tales como Mauricio Macri, jefe de Gobierno; Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete; Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad y Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano. A todos se los imputa por los delitos de “daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona".