Tragedia de Once: Reynoso retoma su declaración
El secretario gremial de la Unión Ferroviaria seguirá declarando hoy en el juicio por el choque en el que murieron 52 personas y hubo 789 heridos. La declaración de Edgardo Reynoso comenzó la semana pasada pero por una cuestión de horarios el tribunal tuvo que interrumpirla.
Télam
El juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once se reanudará hoy con la declaración de Edgardo Reynoso, secretario gremial de la Unión Ferroviaria, y Eduardo Levin, subgerente de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de la Auditoria General de la Nación (AGN). En la causa, por el choque en el que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas, hay 29 imputados. Entre los imputados están el motorman de la formación siniestrada, Marcos Córdoba, y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La declaración de Reynoso comenzó la semana pasada pero por una cuestión de horarios el tribunal tuvo que interrumpirla. “Se refirió al estado del sistema ferroviario y a las notas presentadas en la secretaría de Transporte, a los funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Público”, dijo Leonardo Menguini, representante de una de las tres querellas que hay en el debate y tío de Lucas, una de las víctimas fatales del choque del tren del Sarmiento ocurrido el 22 de febrero de 2012.
Para la próxima audiencia están citados como testigos el titular de la AGN, Eduardo Despuy, y el auditor de la entidad, Vicente Brusca. Ambos fueron propuestos por el fiscal Fernando Arrigo y el abogado Claudio Lamela, defensor del exsecretario Schiavi.
El debate se realiza frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.
En la causa están imputados los ex dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Claudio Cirigliano y Mario Francisco Cirigliano, Jaime, Schiavi, miembros del directorio de TBA y Cometrans (la empresa encargada de supervisar la concesión) y varios funcionarios de la Comisión Nacional de Transporte, entre ellos Antonio Guillermo Luna, Pedro Ochoa Romero, y Antonio Eduardo Sícaro.
Todos, a excepción de Córdoba, están imputados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo, delitos que prevén penas de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente. Córdoba, defendido por Valeria Corvacho, está imputado por el delito de descarrilamiento culposo, que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión.
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