Infojus Noticias

El gobierno porteño recusó a la jueza Patricia López Vergara, titular del Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que tenía en sus manos la causa por la situación edilicia del nodo del Complejo Urbano de Soldati donde murió un adolescente y dos resultaron heridos. La semana pasada López Vergara intimó a la gestión de Mauricio Macri a que explicara por qué incumplió dos sentencias judiciales que datan de 2011 y 2014 y se llevó expedientes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)  que daban cuenta de las obras que se hicieron hasta el momento.

La jueza Patricia López Vergara, en el allanamiento al IVC, la semana pasada.

“Es una estrategia eterna del Gobierno porteño recusar o apelar para dilatar”, dijo a Infojus Noticias el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno quien acompañó a los vecinos en la demanda. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo es la que deberá resolver sobre la recusación. Mientras tanto la causa que exige obras está frenada. Según la presentación que hizo el Ejecutivo en contra de la magistrada, ella “se excedió de sus facultades” como tal.

[Ver más: Muerte en Soldati: piden investigar a funcionarios porteños del IVC]

La denuncia radicaba en el Juzgado de López Vergara desde 2009. Se trata de una acción de amparo que promovieron dos vecinas, María Eugenia Andicoechea y Mirta Susana Corpache, contra el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El expediente detalla el estado del Edificio 14 (ex 8 a), nudo 10 –donde murió Cristian -y Edificio 18 (ex 13) nudo 10. Escaleras sin escalones, balcones con barandas deterioradas, mampostería en el piso, departamentos en los que de las canillas no sale agua caliente, edificios sin luz ni gas: la estampa que salió a la luz tras la muerte de Cristian Crespo, de 17 años.

Cuando el amparo de Andicoechea tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6, López Vergara  no estaba, fue el juez Hugo Zuleta quien estaba subrogándolo. La Asesoría de Menores nº 1 a cargo de Gustavo Daniel Moreno acompañó la acción judicial en representación del colectivo de los niños que vivían y circulaban por el edificio. El 27 de diciembre de 2011, en primera instancia, el Juzgado ordenó a la gestión de Macri a efectuar la totalidad de las obras en cumplimiento de la ley 623 de 2001 que declaró a la construcción en “emergencia edilica”. El gobierno porteño apeló a la sentencia y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC. Moreno volvió a acompañar a las vecinas querellantes y puntualizó sobre peligro de la vida y la salud de los habitantes del lugar. El gobierno no apeló y el fallo quedó firme. Sin embargo, no se cumplió en su totalidad.

[Ver más: "El Gobierno porteño incumplió una ley y dos sentencias judiciales"]

“Ni la muerte, ni la opinión pública les importa. Queremos que las obras se hagan”, dijo Andicoechea a Infojus Noticias. La mujer da batalla por la situación edilicia desde hace más de seis años. Su hija también cayó por las escaleras de uno de los nodos y aún tiene secuelas.

Alertas que no fueron escuchadas

En 2001 la ley 623, votada por la legislatura porteña, declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional Soldati. El artículo 9 dispuso que el Poder Ejecutivo debía adoptar las medidas necesarias para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras de infraestructura y saneamiento ambiental. Ante el incumplimiento, Andicoechea y Corpache encararon el camino de la denuncia que luego el Ejecutivo incumplió.

Tras la muerte de Cristian, Gustavo Moreno hizo una presentación penal ante la  Fiscalía Criminal de Instrucción nº1, subrogada por Estela Gloria Andrades. La fiscal investiga la muerte “dudosa” y las heridas de los dos chicos. Moreno pidió que se investigue por “omisión” a los funcionarios responsables del mantenimiento de los monoblocks. Aún no recibió respuesta por parte de Andrades.

La presentación responsabiliza penalmente al titular Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Emilio Basavilbaso y a directores del organismo con funciones ejecutivas (Iván Kerr, Roberto Alejandro Fernández, Martín Gonzalo Garcilazo), como también a los funcionarios con competencia específica en el ámbito del Instituto, tal como el gerente general Gonzalo Estivariz Barilati, la coordinadora general de Obras y Servicios Claudia Penna, y el gerente técnico Oscar Castro. Además, pone el foco en la Jefatura de Gobierno porteña. “Entiendo que la posibilidad efectiva y cierta de que ocurriera la muerte de un adolescente y las lesiones gravísimas a otros dos menores de edad, era absolutamente previsible para el Poder Ejecutivo local” expresa.

MFA/LC