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En los últimos seis años, el estado argentino rescató de las redes del crimen organizado más de 6000 personas que ―víctimas de engaño, captadas o secuestradas― estuvieron encerradas,  golpeadas, drogadas y amenazadas para ser ofrecidas como mercaderías sexuales o que cayeron en manos de explotadores que las obligaban a trabajar por sueldos de hambre (o por nada) en en talleres textiles, plantaciones agrícolas, hornos de ladrillos o el trabajo doméstico. Los datos fueron registrados desde su creación, en agosto de 2008, por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación, la oficina encabezada por Zaida Gatti asiste y acompaña a las víctimas desde que son encontradas durante los allanamientos hasta que declaran ante la Justicia. Creado tras la sanción de la ley que persigue a las redes de trata de personas, el órgano participó en el rescate de 744 niños o niñas y 5323 adultos que eran explotados sexualmente o en alguna práctica laboral. Este año de un total de 1746 casi el 90% de las víctimas rescatadas fueron personas adultas (1565) y 181 menores de edad.

Gatti explicó a Infojus Noticias que la mayoría de las 3088 víctimas rescatadas de privados o prostíbulos (a veces bajo la fachada de bares, whiskerías o pubs, por ejemplo) son mujeres jóvenes pero generalmente mayores de 18 años. Aunque algunas de ellas han crecido en manos de traficantes que las violaron y quebrantaron física y psíquicamente.

Entre las víctimas de explotación laboral (2952 en total) se registra “la mayor cantidad de menores de edad”, precisó Gatti. La funcionaria advirtió que los operadores que intervienen en estos allanamientos deben prestar especial atención a las condiciones laborales en las encuentran a los niños o niñas cuando tienen entre 16 y 18 años. Es que la legislación habilita que a partir de esas edad trabajen, pero con autorización de sus padres y con algunas restricciones: no pueden hacerlo de noche (entre las 20 y las 6), ni más de 6 horas diarias y 36 semanales en zonas urbanas y 32 semanales en zonas rurales.

A las mencionadas se suman otras 27 víctimas que fueron rescatadas cuando mediante engaños o promesas, o directamente secuestradas, fueron captadas para las redes de traficantes de personas, o durante su traslado, pero sin que llegara a concretarse la explotación.

Los allanamientos

“Cuando sabemos que un mismo lugar se allanó por tercera vez les preguntamos a las víctimas si vieron o si saben que integrantes de las fuerzas de seguridad suelen frecuentarlo”, dijo Gatti. Durante un operativo en Quilmes las víctimas le contaron que un día antes el dueño del prostíbulo las había llamado y les ordenó que llevaran sus DNI. “Una no tenía documento y llevó la partida de nacimiento”, dijo Gatti. Y advirtió que la protección de policías, jueces, intendentes y otros funcionarios que suelen frecuentar los prostíbulos paraliza a las víctimas tanto como el miedo o la presión por las deudas que generan los proxenetas (con multas, por comida o para “cobrarse” los gastos del traslado).

En seis años la oficina participó en 2805 allanamientos. En el 40% de estos operativos intervino la Gendarmería nacional (en 1163). “Por sus características el delito de trata es uno de los considerados complejos y su investigación le compete a la justicia federal, lo que en general excluye a las policías provinciales de intervenir”, explicó Gatti y agregó que de las fuerzas federales  Gendarmería es la que “tiene la mayor cantidad de efectivos desplegados en el país”.

La Policía Federal cuenta con un número reducido de efectivos, poco más de 60, que participan de la División de trata e intervinieron en 222 procedimientos en 2013, mayormente en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Desde 2008 las policías provinciales solo fueron convocadas por los jueces en 63 oportunidades, y más del 50% de estas durante 2013 (en 34 casos).

Las nuevas tareas de la oficina de rescate

Desde que se creó la oficina se amplió el espectro de tareas en las que intervienen. “Es que trabajamos con un concepto de urgencia y emergencia”, explicó Gatti y recordó que los teléfonos de la línea 145 que atienden los psicólogos, politólogos y trabajadores sociales que integran el equipo atienden las 24 horas, los 365 días del año. Y con el mismo criterio trabajan en la casa que funciona como refugio para las víctimas de trata hasta el momento en el que declaran ante la justicia.

“Muchas veces tenemos que enfrentar que en las provincias no hay dispositivos para recibirlas; a fines del año pasado una chica de 15 años estuvo por más de dos meses después de haber declarado porque no nos daban una vacante para ella”, explicó la titular de la oficina de rescate.

Las funciones en relación al ámbito de la justicia también se ampliaron. Desde  el año pasado, el Cuerpo Médico Forense instó a los jueces a recurrir a los profesionales de la oficina para que tomen las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell para, acorde a la legislación vigente, garantizarles privacidad y que se grabe audiovisualmente el testimonio. Esto último en especial para evitar que que tengan que repetirlo en las sucesivas instancias judiciales.

A esto se suma que “muchos jueces difieren la decisión de imputar o no a los investigados hasta tanto les enviemos el informe de la oficina”, dijo la funcionaria.  Y alertó que esto pone “el peso de la causa en el testimonio de víctimas, especialmente vulneradas”. Muchas veces el equipo coordinado por Gatti también tiene a su cargo el contacto previo y el  acompañamiento a las víctimas durante el debate oral. A partir de este año estos datos comenzarán a engrosar las estadísticas del organismo que sistematizará su participación en distintas instancias judiciales (acompañamiento de las víctimas en los juicios, su localización o la toma de testimonios en Cámara Gesell).

La lupa sobre los avisos clasificados

A mediados de 2011, el mercado de las vidas ajenas encontró un nuevo tope. Un decreto presidencial prohibió la publicación de avisos de oferta sexual en los medios (difundido como Rubro 59) y creo una dependencia para el monitoreo de estas publicaciones, también bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La prohibición de los avisos busca terminar con las publicaciones de promoción sexual o  aquellas que puedan derivar en la captación de mujeres para su explotación o trata de personas.

Desde la prohibición algunos de esos avisos migraron al Rubro 37 de "Servicios y ocupaciones varias”. Los mismos teléfonos que aparecían vinculados abiertamente a la oferta sexual se reciclaron ofreciendo servicios de “masajes”, “compañía”, “bailarinas” o “promotoras”. Se enmascaran bajo una forma “engañosa”. “Pero no deja de ser positivo” dijo a Infojus Noticias Chantal Stevens, la coordinadora de la Oficina de Monitoreo (OM) y agregó que el decreto también operó un cambio cultural: “se reduce notablemente la violencia mediática y simbólica muestra a las mujeres como mercancías que pueden ser compradas, vendidas y alquiladas”.

En dos años los medios se hicieron eco del decreto. A fines de 2012, el 80% de los medios monitoreados había dejado de publicar avisos de oferta de comercio sexual. En 2013, los 19 diarios que habían continuado (encabezados por Clarín, La Capital de Rosario y La Capital de Mar del Plata) finalmente dejaron de hacerlo.

Ahora la mira está puesta sobre los mensajes solapados, y posibles anuncios para la captación de víctimas: entre enero y fines de noviembre de 2013, la OM detectó 111.589 publicaciones en presunta infracción (82.236 menos que en 2012) en 4.331 ejemplares de 22 medios gráficos de circulación nacional, provincial y local (en 2012 habían sido 109 los medios observados por estar en presunta infracción).

Desde su creación la oficina también colaboró con datos en 64 causas judiciales y/o investigaciones preliminares por los delitos de explotación sexual y trata de personas. Hasta noviembre de 2013 aportaron información sobre 1685 publicaciones de comercio sexual (1289 más que en 2012, cuando cooperaron con datos sobre 396 publicaciones de comercio sexual). Otra vía para es la presentación de denuncias penales ante la sospecha de estar frente a anuncios dirigidos a la captación de mujeres para el “comercio sexual” (esta fueron en total 167 denuncias, 88 en 2012 y 79 entre enero y noviembre de 2013).

El organismo que tiene facultadas para aplicar tres tipos de sanciones. Solo se vio obligado a aplicar una multa por 362.534 pesos a Clarín porque tras la sanción del decreto, desconociendo los llamados de atención previos, continúo publicando este tipo de avisos. Actualmente hay un proceso de ejecución judicial en curso porque el medio no pagó la multa. En 2012 la oficina inició 57 actuaciones por incumplimiento del decreto, 14 derivaron en apercibimientos y Clarín se transformó en el primer y, hasta ahora único medio multado. En 2013 las actuaciones se redujeron a 35 y solo 12 llegaron a la etapa de apercibimiento, pero no hubo multados.

A esto se suma el monitoreo que la oficina hace de las publicaciones de comercio sexual en Internet. “Como para dar de baja un sitio o para restringir el acceso a determinado contenido es necesario que exista una orden judicial, en todas nuestras colaboraciones y denuncias donde trabajamos con información al respecto, solicitamos a jueces y fiscales  que se arbitren las medidas necesarias para eliminar esos contenidos en caso de corroborarse que están vinculados con situaciones de explotación sexual o de trata de personas”, explicó Stevens.