Se hizo tras una inspección de la AFIP en el barrio porteño de Floresta. El encargado está detenido. Los empleados indicaron que estaban sometidos al encierro. Las víctimas eran seis hombres y cuatro mujeres, entre ellos había un matrimonio con un bebé de 3 años.
"Vivían en un lugar pequeño como si fuera un armario”, así describieron en su informe las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al taller textil allanado ayer. Este equipo junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y efectivos de Gendarmería rescató allí a 10 personas de nacionalidad boliviana en Floresta. El encargado del lugar quedó detenido y el lugar clausurado.
Las víctimas eran seis hombres y cuatro mujeres, entre ellos había un matrimonio con un bebé de 3 años. Vivían encerrados en el mismo lugar en el que trabajaban confeccionando prendas. El pasaje a la Argentina se lo habían pagado los dueños del taller. Por eso, tenían una deuda con ellos que los ubicaba en una situación de vulnerabilidad. Los dueños también retenían el dinero que ganaban.
El Programa nacional de rescate ofreció asistencia para todas las personas encontradas en el lugar pero solo aceptó el matrimonio con su bebé que fue trasladado al refugio para víctimas de trata.
Las personas rescatadas declararon que cumplían excesivas jornadas de trabajo que superaban las doce horas. La mayoría hacía un horario de 6 a 22. Algunos de ellos realizaban horas extras hasta las 4 de la mañana, descansando en total solo dos horas diarias.
Según informó AFIP en un comunicado de prensa, el sueldo que percibían alcanzaba los $ 3.000, lo que representa menos de la mitad del sueldo mínimo por Convenio que asciende a $ 20,55 la hora
Las condiciones del taller eran precarias: conexiones eléctricas irregulares, paredes con humedad, desorden y suciedad completaban la estampa del lugar.
Las víctimas dormían en el mismo lugar en el que trabajaban y tenían prohibido salir del taller. Una de las personas contó que estaba enfermo por tuberculosis y que los dueños del lugar solo lo dejaban salir para ir al hospital más cercano.
La investigación judicial por este caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo de Sebastián Casanello. En el procedimiento se secuestraron 6.000 prendas y maquinaria. El juzgado será el encargado de resolver qué pasará con el material incautado.
El equipo técnico del Programa nacional de rescate acompañó a ocho de las víctimas a prestar declaración testimonial en sede judicial, mientras que el matrimonio lo hará el lunes.