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El juez de Instrucción Facundo Cubas sobreseyó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa en la que estaba acusado de haber creado la ex Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), una unidad que se encargaba de “mantener libre de usurpadores el espacio público” y que debió disolver. También fue sobreseído el ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

En una sentencia de 195 páginas que firmó el titular del juzgado de Instrucción 49,  el juez sobreseyó al jefe de gobierno porteño pero procesó a los integrantes de la ex UCEP. Todos estaban acusados por 17 casos de violencia en los operativos de desalojo de indigentes y personas en situación de calle que hacía esa unidad, generalmente los viernes entre las once de la noche y las seis de la mañana. 

Según el decreto 1232/08 firmado por el propio Macri cuando se creó, la UCEP tenía como objetivos “mantener el espacio público libre de usurpadores” y “colaborar en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente”. Para el juez hubo un error en “utilizar el término ‘usurpadores’” porque “generó confusión con el delito previsto en el Código Penal”.

Pero para el juez “a pesar del término usurpadores, la norma prescribía que las vías para mantener el espacio público libre eran la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes” para el juez “se estipulaba claramente cuáles eran las herramientas para lograr el propósito”.

Ante la pregunta de si el jefe de gobierno y el ministro porteño “brindaron directivas para que su aplicación fuera la que efectivamente pudo comprobarse o intervinieron directamente en la conformación del grupo y en los parámetros de su actuación”, la respuesta resultó negativa. “No hay indicio alguno de que Macri y/o  Piccardo hayan impartido alguna orden para que el proceder de la Unidad se aparte de la norma”, dijo el juez en la sentencia, y agregó que “nadie los sindica dando directivas al personal o participando activamente de la organización o planificación de los operativos”.

Es que para el juez todas las acciones que tienen que ver con la selección del personal, los horarios de los operativos, los vehículos y la adquisición de un camión de basura para que actúe la unidad se tratan de  “acciones” que “estuvieron dentro del poder de decisión de jerarquías intermedias que impulsaron y permitieron las acciones denunciadas”.

A Macri y Piccardo se les imputaba “haber intervenido -desde sus respectivos roles en el gobierno porteño- en la creación, implementación y actuación” de la UCEP.

“Tenés que irte a la calle, pendejo de mierda”

En marzo de 2009 cinco hombres entraron a una casa ubicada en un edificio de la calle Paseo Colón al 1500. Forzaron puerta y entraron sin orden judicial y sin permiso a una casa donde vivían Carlos y Tiquina junto con sus siete hijos. La puerta se abrió violentamente y golpeó a uno de los jóvenes de 16 años y a otra de 15.  Todos estaban vestidos igual, pantalón y remeras color negras con una gorra con la inscripción UCEP.

Una vez adentro de la casa, les dieron bolsas de residuos a todos los que estaban en la casa. “Tenés que irte a la calle, pendejo de mierda. Embolsá, vamos embolsá, una gran puta”, dijo uno de los integrantes de la unidad. “Te tenés que ir’ en dos horas, ‘denle, denle, denle, apúrense, que tienen dos horas, si no se van a las patadas de aca’”, todos terminaron sacando las cosas a la calle obligados por esta unidad.

Operativos como este forman parte de los 17 hechos investigados en esta causa donde para el juez Cubas no le cabio responsabilidad alguna ni al jefe de gobierno, ni al ex ministro porteño.

Los que sí fueron procesados

Cubas, sin embargo procesó a los integrantes de la ex UCEP por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y a otros también por “lesiones leves”. Fabián Jorge Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Luis Manuel Savoiardo fueron procesados sin prisión preventiva por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y los embargó por 100 mil pesos.

Según el juez, “por sus cargos y funciones fueron quienes indefectiblemente dispusieron tal actuación de los agentes y no podían desconocerla”. Sobre todo Rodríguez Simón y Polini, que “fueron los jefes máximos del organismo y tenían el poder de decisión, dirección y control sobre la UCEP”, dijo el juez. Además procesó a Juan Pablo Motta y Gabriel Ángel Ruiz por lesiones leves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público con embargos iguales a los de los anteriores.

Rodríguez Simón “era la mano derecha del otrora ministro y persona de su máxima confianza por ser su jefe de Gabinete desde que asumió el cargo hasta febrero de 2009, coincidentemente cuando habían tomado estado público los primeros hechos”, dice la sentencia. Savoiardo, por su parte, “fue el responsable del área operativa y tenía contacto directo con las tareas en la calle, razón por la cual no sólo descarto que desconociera tal proceder, sino que evidentemente cumplió un rol trascendental en dar las órdenes para que así fuera”, explicó Cubas al procesarlo.

GA/RA