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Los obstáculos que enfrentan abogados y fiscales de causas de lesa humanidad que involucran a civiles con la dictadura cívico militar fueron expuestos en dos jornadas que se realizaron en el espacio ex ESMA y que hoy tuvieron como cierre la exposición del reconocido ex juez profesor de Derecho Penal, Julio Maier.

La interpelación a la administración de justicia comenzó el viernes con la apertura por parte de Ana Oberlín, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y del titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.

En diálogo con Télam, el fiscal celebró la realización del foro por ser "un testimonio de interpelación permanente al sistema judicial que sigue en deuda a la luz de los últimos fallos".

Auat se refirió así a los fallos que beneficiaron con la falta de mérito al dueño de Ledesma, Pedro Blaquier y a Vicente Massot, propietario del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusados de complicidad con la dictadura cívico militar.

La responsabilidad judicial y empresarial durante el terrorismo de Estado fue debatida también en los casos de Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte la Veloz del Norte; y de Ford, relatados por abogados y fiscales que investigan la desaparición de personas asociadas al proceso de concentración de capital o de desarticulación de los sindicatos.

"Existe un universo de dificultades que no están superadas y ésa es la preocupación de este colectivo que busca celeridad en los procesos ante la impunidad biológica de los imputados", destacó el fiscal de crímenes de lesa humanidad.

Tras las inquietudes planteadas por los letrados que participaron de las jornadas, Maier desarrolló una conferencia con aportes técnicos y jurídicos para lograr mayor celeridad en los procesos judiciales.

En ese marco, advirtió sobre un Poder Judicial "lento y caro" y propuso pautas para atacar ese déficit como los juicios por jurado que -dijo- "daría solución a problemas con los jueces" que se habían planteado cuando se presentaron las causas que tienen como imputados a ex magistrados como Víctor Brusa, Otilio Romano y Luis Miret.

Más competencia

Planteó también crear una "ley especial" para las causas de acuerdo al derecho internacional y recomendó que la persecución penal debería concretarse a través de la Procuración General de la Nación".

"Si bien existe una fiscalía especial para los casos, debería contar con más competencia", sugirió Maier quien se mostró en contra de juzgar a condenados por graves delitos de lesa humanidad.

Además, fijó su posición ante los casos de represores 'multicondenados' y dijo que "no tiene sentido perseguir penalmente a quien tiene condena máxima, y esto no significa perdonar, sino dedicar esfuerzos a quienes no han sido juzgados o condenados", explicó.

El jurista resaltó también la importancia del juicio oral y público al señalar que "debe ser el núcleo del proceso y estar integrado por un jurado que asegure una composición plural en términos culturales, sociales y etários y recomendó "dividir la competencia territorial en provincias" y no como actualmente se realiza por jurisdicción.

En las jornadas participó también el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo, que expuso sobre los modos de imputación a civiles desde la dogmática penal.

Las jornadas fueron continuidad del intercambio realizado entre fiscales, abogados, ví­ctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos y representantes de diferentes agencias del Estado durante la reunión celebrada hace dos semanas en la Procuración General de la Nación, en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional y Social que encabeza la Procuraduría de Crí­menes contra la Humanidad.