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Entre febrero y abril de 2013 los reclamos de los usuarios por el servicio que prestan las empresas de telefonía celular aumentaron muchísimo: por los deficientes servicios de datos se incrementaron en un 70 por ciento y por problemas de facturación aumentaron casi un 25 por ciento, según datos de la Autoridad de Control. Al mismo tiempo, el Consejo Federal del Consumo  señala que entre el 30 y el 50 por ciento de las denuncias que reciben los entes de defensa de consumidores en todo el país son contra las empresas prestadoras de telefonía.

El mayor volumen de denuncias es por problemas de facturación, mal funcionamiento del servicio o falta de información sobre los productos. El Poder Ejecutivo considera que esta suma de problemas se debe “entre otras razones, a la falta de previsión por parte de las empresas licenciatarias para contar con instrumentos y recursos técnicos necesarios que garanticen el funcionamiento adecuado del servicio”.

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el PEN anunció medidas destinadas a controlar la calidad del servicio de telefonía y de datos que prestan las empresas licenciatarias del espectro radioeléctrico.

El decreto fija un plazo de 30 días para que la Secretaría de Comunicaciones junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones establezca nuevos parámetros objetivos de calidad “que garanticen una eficiente prestación, y exigir a los licenciatarios una permanente adecuación de sus redes de modo tal que se satisfagan tales requerimientos”.

Entre tanto, la Secretaría de Comunicaciones podrá disponer “a fin de evitar un deterioro grave en la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las medidas preventivas que resulten idóneas, tales como la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las licenciatarias, a fin de garantizar al usuario el efectivo cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones como así también asegurar el fortalecimiento de las condiciones de competencia en el sector”.

El decreto se fundamenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece el derecho de los usuarios y consumidores a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Y señala el “deber de las autoridades de proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia y al control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.

En ese marco “corresponde al Estado Nacional, proveer los medios necesarios tendientes a lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones procurando un mayor beneficio para los usuarios”.

El jueves 30 de mayo el secretario de Comunicaciones Norberto Berner realizó una inspección a las empresas Telecom Argentina y Telefónica de Argentina en la que pidió documentación referida a reclamos y a las medidas que toman las compañías para mejorar la calidad de los servicios que prestan en telefonía e internet.