Infojus Noticias

A las ocho de la mañana, treinta personas ya hacen fila en el patio de la parroquia Madre del Pueblo, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. El Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio abre a las nueve y media, pero los vecinos se acercan desde temprano para no llegar tarde al trabajo. Mujeres con chicos, ancianos, algunos jóvenes, esperan que Ariel Pereira -abogado laboralista y coordinador del CAJ- y sus siete compañeros, abran la oficina que funciona en la biblioteca de la iglesia.

Mirta, vecina del Bajo Flores, es una de las que aguardan su turno en Avenida Perito Moreno y Cruz, a pocas cuadras de la cancha de San Lorenzo. Ahí donde las casillas pintadas de rojo, verde y amarillo se enciman, y las paredes exhiben imágenes de Cristo y del Papa. Mirta es vendedora y tiene dos hijos. Vive cerca del CAJ, pero es la primera vez que se acerca al centro. Necesita un abogado para que la asesore porque el padre de sus hijos “no se hace cargo.” Cuando se abre la puerta de la oficina, uno de los asistentes administrativos la invita a pasar y le toma los datos. Ariel, el abogado, escucha su problema. Pregunta si el padre de los chicos tiene trabajo. Ella dice que sí, que maneja una combi.
-¿Trabaja en blanco?
-Creo que sí.
-¿Los dos chicos son menores, no?
-Sí.
Ariel relee el formulario con los datos de Mirta. Después le habla de una mediación, luego de una demanda por reconocimiento de paternidad. Ella asiente. Ariel va hasta la computadora, agenda un encuentro y redacta una citación que imprime en el momento. Cruzan unas palabras más y se despiden. Mirta se va con un sobre blanco con el membrete del Ministerio de Justicia en la mano. Debe llevárselo al padre de sus hijos. El martes tendrán una primera mediación en el Centro de Acceso a la Justicia para intentar ponerse de acuerdo.

“Me fue muy bien”, dirá al salir. Normalmente, un abogado le habría cobrado por esto más de 500 pesos. Ella lo sabe porque ya lo intentó: le pidieron 1.500 pesos. Si llegaban a juicio, le dijeron, ya era otro precio, 7.000 pesos. Cuando le preguntan qué es la Justicia, sonríe. “Es cuando uno tiene que venir y reclamar, con la esperanza de que las cosas se arreglen”, dice.

El Centro de Acceso a la Justicia de Bajo Flores funciona desde 2010 y depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Como éste, ya hay 50 centros en todo el país. Están a cargo de un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos. Apuntan a fortalecer las políticas de acceso a la justicia en los sectores más vulnerables. En los CAJ se realizan asesorías jurídicas, mediaciones comunitarias y abordajes psicosociales.

Desde su apertura el CAJ del Bajo Flores atendió 40.000 consultas, sobre una población de 60.000 personas vecinos. Al principio se acercaban cinco o seis personas por día. Hoy, un promedio de ochenta. Las consultas van desde pedidos de antecedentes penales y trámites migratorios, hasta casos de violencia doméstica, despidos y causas penales. Aunque la mayoría se resuelven en la instancia de una consulta y un seguimiento, muchos son derivados a espacios de patrocinio jurídico o a la Defensoría de la Nación.

Desde hace un mes, el barrio cuenta también con una oficina del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde se tramitan documentos para ciudadanos argentinos (los extranjeros deben ir a otra sede.) Una vez por semana, se hacen allí operativos de otros ministerios y programas. El día de la visita de Infojus Noticias, por ejemplo, se estaban entregaban antenas de TV digital abierta. A las doce del mediodía sigue llegando gente a la fila de los que esperan para sacar su número de CUIL, o pedir un turno para hacer el documento.

Maribel tiene 22 años y se acerca a la oficina del CAJ con una demanda más compleja. Es boliviana, vino al país a los catorce años y tuvo acá a su hija Valeria, que ya cumplió seis. Cuando ella nació, Maribel no tenía documento. Por eso en la partida de nacimiento de la nena sólo figura el padre. El año pasado quiso viajar a Bolivia para que Valeria conociera a sus abuelos, pero no pudo salir del país. Hace unos meses empezó los trámites de rectificación, y ha vuelto al CAJ para que la ayuden con los papeles. “En el juzgado me dijeron que necesito un abogado”, cuenta.

Una pareja mayor llega y saluda. Ella camina con bastón y él no ve bien. El señor Carrizo está tramitando una pensión por discapacidad porque tuvo un desprendimiento de retina en los dos ojos. De chico sufrió de miopía avanzada. Ella es su mujer, ya vino varias veces y siempre lo acompaña. La primera vez la ayudaron a conseguir un medicamento. Piensa que en el barrio están “como apartados de la ciudad” y que por eso el CAJ es importante. “Siempre me voy contenta porque los muchachos me solucionan algún pequeño problema”, dice la mujer que es ama de casa y disfruta de tejer y bordar. La pensión de su marido está por salir. La pidió el año pasado, le dijeron que estará en julio. Al despedirse responde sin dudar: “la Justicia es el derecho del otro, empieza donde termina el mío”.

Desde hace dos años Marcelo trabaja como empleado administrativo en el CAJ. Llegó a través del programa de Empleo Joven del Ministerio de Trabajo. Se encarga de los trámites administrativos, saca turnos para hacer documentos o pedidos de CUIL a la ANSES. Vecino de la Villa 20 de Lugano, reconoce la importancia de estos servicios en los barrios. “Antes el Estado ni se acercaba, ahora estamos nosotros que funcionamos como un gestor. Si podemos solucionar algo, lo hacemos”. Cuenta que muchos vecinos se van agradecidos, más de una vez volvieron con una torta o con empanadas. Por su experiencia en el CAJ, Marcelo cree que la Justicia “es todo, es la ley que tenemos que cumplir.” Lo ilustra con una anécdota: muchas veces le tocó llamar por teléfono a un vecino para responder alguna consulta, pero cuando se presentó como “del Ministerio de Justicia”, todos se asustaron. “Enseguida me preguntan qué pasó, piensan que tienen una causa”, dice Marcelo.

Ariel Pereira, coordinador del centro, habla de la función social de la abogacía. Para él, acceso a la justicia es “la posibilidad de que el ciudadano pueda efectivamente ejercer sus derechos. Por primera vez, el Estado viene a empoderar derechos”, reflexiona. Y plantea: lo que se pone en juego es un concepto de justicia, “el que se plasma en los barrios”, distinto a lo que se lee en los libros. Quizá sea una idea de justicia distinta a la que primó durante tanto tiempo, ésa en la que sólo llamaba a la puerta de los sectores más vulnerables para perseguir y acusar. Ahora parece acercarse a este territorio para defender los derechos de sus habitantes.