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La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa halló, en su trabajo de reconstrucción para aportar pruebas en causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, un documento en el que un militar cuenta detalles de cómo recibía las instrucciones para asesinar a personas en cautiverio. Se trata de un reclamo administrativo ante el Ejército escrito por el fallecido represor Eduardo Francisco Stigliano, que constituye una prueba fundamental en el juicio que investiga el asesinato y la desaparición de quienes participaron de la denominada Contraofensiva.

El texto hallado, que saca a la luz hoy el diario Página/12, reafirma que en Campo de Mayo se concentró el accionar represivo sobre los militantes de la organización Montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980, y que allí funcionaba otro grupo de tareas denominado SOE (Sección de Operaciones Especiales de la guarnición de Campo de Mayo).

"Las prácticas concretas que afectan al suscripto (...) están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar", señala el represor Stigliano en ese escrito, según reproduce en su edición de hoy el diario Página/12.

En este sentido, agrega que, "luego, los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G 22 o helicópteros al Río de la Plata", y detalla que "dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el batallón de aviación del ejército seiscientos uno (601)".

"Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros. Otro método de ejecución fue el fusilamiento ordenado por el comandante de Institutos Militares con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armas y otros institutos para que dichos oficiales superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con su presencia esta práctica aberrante", indica el documento hallado por el Ministerio de Defensa.

Los aberrantes detalles que aporta este escrito, un reclamo administrativo planteado por el Stigliano, constituyen pruebas fundamentales en el marco de la causa que busca establecer las responsablidades del accionar represivo sobre quienes participaron de la denominada Contraofensiva.

En el 2007, el juez Ariel Lijo condenó a una decena de represores del Batallón 601 en el marco de una causa que puso la mira en el accionar de esta repartición en el marco de la represión de la Contraofensiva.

En tanto, el expediente que ahora tiene a su cargo la jueza Alicia Vence abarca a 85 víctimas e intenta abordar de manera integral la represión de la Contraofensiva que -según se pudo determinar- fue llevada adelante en el Batallón de Inteligencia 601 y en la Sección de Operaciones Especiales del Comando de Institutos Militares