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Cuando las mujeres rompen el círculo de la violencia machista y denuncian a los agresores, muchas veces, se encuentran con una barrera: costear un abogado penalista para poder sostener los procesos judiciales. Un proyecto de ley del senador Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria, propone la creación de un cuerpo de abogadas y abogados especializados en la temática que puedan brindar patrocinio jurídico gratuito. La iniciativa fue presentada esta tarde en el Salón Azul del Senado de la Nación por un nutrido panel y charla debate de periodistas y expertas. Abal Medina fue el anfitrión y el primero en hablar. “La violencia contra las mujeres no termina solo con la sanción de una ley. Por eso hay que seguir construyendo y atendiendo”, dijo. El senador se comprometió a trabajar en este proyecto para "construir una sociedad, más justa, más libre e igualitaria, sin diferenciaciones entre hombres y mujeres"

“Alcances y desafíos sobre el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género”, fue el título de la charla que encabezaron Fabiana Túñez, directora de la Casa del Encuentro; Raquel Asensio, de la comisión de género de la Defensoría General de la Nación; la periodista especializada Mariana Carbajal; Corina Fernández, presidenta de la asociación civil Hay una Salida; y la periodista Ingrid Beck, en representación del colectivo Ni una menos.

Cuando fue su turno para hablar, Corina abrió al público su propia historia. “Soy una sobreviviente de la violencia de género. Sobreviví a tres balazos de mi ex pareja", se presentó. Su caso es paradigmático: hace cinco años su ex pareja llegó disfrazado de mujer con bastón, peluca e impermeable a la puerta del colegio de sus hijas en Palermo. Le apoyó la punta de un arma en el pecho y le disparó dos veces. Sobrevivió de milagro. La suya fue la primera sentencia en la que apareció la palabra “femicidio” en un expediente judicial, antes de que la figura sea incorporada en el Código Penal. Al hombre lo condenaron a 21 años de prisión y murió el año pasado en la cárcel. A Corina las huellas de las violencias le quedaron adentro del cuerpo: tiene dos balas en un pulmón.

Contó, en primera persona, el derrotero que tiene que atravesar una víctima: comisaria, Oficina de Violencia Doméstica, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar. Corina llegó a hacer 80 denuncias en un año y medio contra su ex pareja. "¿Qué siente una mujer cuándo se anima a denunciar? Siente que va a estar protegida. Pero es cuando más desprotegida está", sentenció la mujer que después de haber sido víctima preside una ONG que se dedica a la temática.

El “horror semanal”

El último 3 de junio, el documento que se leyó en el Congreso exigía, entre sus reclamos, patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial. Esa misma demanda estuvo presente en los cinco puntos que firmaron once de las catorce fórmulas presidenciables antes de las elecciones primarias. Beck habló de estos puntos y también remarcó la violencia institucional que sufren aquellas que denuncian. "Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas", leyó.

"A tres meses del acto, a veces parece que no se hizo nada. Este es uno de los pocos proyectos que realmente recoge la demanda", resaltó. Para la periodista, "la sociedad civil estuvo por delante de los dirigentes políticos". Beck compartió algunos avances tras el multitudinario acto que se replicó en 120 puntos del país. "Muchos juzgados empezaron a reclamar material sobre género y en las escuelas nos piden charlas", dijo.

"El tema de la violencia machista es complejo. Y ese es el primer punto que hay que comprender para entender su magnitud. Celebro la presentación del proyecto porque este es uno de los aspectos que estaban pendientes tras la sanción de la ley 26.485", dijo Carbajal. Habló de "horror semanal" para referirse a los casos de femicidio que todos los días cubren los medios de comunicación. Y destacó que "sea un senador varón" quien trajo esta propuesta al Congreso. "A veces parece que estos son temas de mujeres. Son temas de una sociedad que aspira a ser más democrática", expresó. Y sugirió tratar la problemática como un tema de "seguridad, salud pública y derechos humanos".

"Medidas como esta van generando avances en materia de derechos. Sabemos que contamos con un socio en la lucha", dijo Túñez. Y recomendó: "Necesitamos que proyectos como este tengan prioridad en las discusiones. Se nos va la vida como sociedad en estos temas". Para Túñez, al lado de Ni una menos tiene que ir la frase "Nunca más".

Asencio explicó cómo es su trabajo en el marco de la comisión de género de la Defensoría General de la Nación y las responsabilidades del Estado. Desde este organismo se ofrece, por ejemplo, patrocinio jurídico pero no alcanzan a todas los recovecos del país. "Recibimos 80 casos nuevos por mes. Y hay un incremento después de Ni una menos", reveló, exponiendo una tendencia que se replicó en los otros espacios de asistencia. Y también expuso los problemas con los que se encuentran en el trabajo diario. "Hay muchas diferencias regionales con respecto al acceso a la Justicia", contó.

El público siguió con atención lo que se decía y aplaudió cuando terminó cada una de las intervenciones. Luego se acercaron para hacer preguntas a quienes se sentaron en la mesa principal.

Qué dice el proyecto

La idea de Abal Medina busca crear un cuerpo de abogadas y abogados que bajo la órbita de la Secretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos garanticen “el acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva”. La apuesta es una representación jurídica gratuita, responsable y experta. Según el proyecto, el cuerpo tendrá representantes en todo el país, que ingresarían mediante “concurso público de oposición y antecedentes” y tendrían “una instancia obligatoria de formación especializada” en la temática.

“El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once dependencias gubernamentales que dan patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza cuentan con una ONG cada una para brindar patrocinio. Para el resto de las provincias no se posee información sobre servicios de esta índole”, señala el texto en sus argumentos.

Además de brindar asistencia a las víctimas, buscará desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. En el texto del proyecto también se plantea celebrar convenios, promover capacitaciones, ente otras tareas.

El acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género es en cumplimiento de la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. A su vez, busca hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos reconocidos y consagrados en esas y otras normativas.

El proyecto, que se presentó el último 18 de agosto, ya cuenta con el apoyo de senadores de diferentes bloques como Gabriela Michetti, del PRO; el legislador del Partido Socialista Rubén Giustiniani, y Marina Riofrío y Pedro Guastavino, ambos del Frente para la Victoria.

MFA/RA