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Un grupo de senadores nacionales impulsa un proyecto de ley para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal a víctimas de violencia de género en todo el territorio nacional. La iniciativa, presentada por el senador Juan Manuel Abal Medina y acompañada por representantes de distintas bancadas, propone crear un cuerpo de abogadas y abogados que bajo la órbita de la Secretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos garanticen “el acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva”.

El proyecto promueve que el “organismo” cuente con representantes en todo el país, que ingresarían mediante “concurso público de oposición y antecedentes” y tendrían “una instancia obligatoria de formación especializada” en la temática. En uno de los artículos del proyecto el legislador especificó que estos profesionales no podrán ejercer de manera “privada” en casos de violencia de género. Y que dentro de la administración pública contarán con un “escalafón propio”.

“El objetivo es que este cuerpo se ocupe de manera exclusiva del patrocinio legal”, explicó Abal Medina a Infojus Noticias. “Hoy estas tareas terminan recayendo en organizaciones no gubernamentales o en otros estamentos del Estado, como los Centros de Acceso a la Justicia; pero la idea es que este equipo cuente con dedicación exclusiva para este tipo de situaciones”, especificó.

La misión de este cuerpo será garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género, en cumplimiento de la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos reconocidos y consagrados en esas y otras normativas.

“El Estado debe dar respuestas efectivas  a las mujeres que estén atravesando situaciones de violencia y dar igualdad de oportunidades en materia de defensa para las mujeres de todas las clases y condiciones sociales”, afirmó Abal Medina. “Hoy tenemos un Estado que administrativa y estructuralmente se puede hacer cargo de estas tareas, trabajar para generar y garantizar más derechos”, aseguró.

Implementación

El organismo quedaría a cargo de “un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación”. Y contaría “con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado”. El director, según la propuesta, deberá contar con cinco años de matriculación y experiencia en el tema, y será designado “por el Poder Ejecutivo”.

Abal Medina le aseguró a esta agencia que el proyecto “podría ser aprobado antes de fin de año por la relevancia y el consenso que tiene”. La iniciativa cuenta además con las firmas de Gabriela Michetti (PRO), Rubén Giustiniani (PS), y los presidentes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales Pedro Guastavino (FpV) y de la Banca de la Mujer Marina Riofrío (FpV).

#Niunamenos

Al fundamentar la propuesta el legislador remarcó que “las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna Ni una menos son la expresión de un reclamo que llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los derechos consagrados”.

La abogada y comunicadora Claudia Perugino del Registro de Femicidios en la Secretaría de Derechos Humanos destacó la iniciativa. “Conocemos la propuesta, nos consultaron y nos pareció importante porque apunta a dar respuesta a un problema que tenemos”, remarcó. Perugino además señaló que “aun en los casos de femicidios, son muchas las familias que no pueden impulsar las causas porque no tienen recursos económicos o simbólicos para dar la pelea judicial”.

Además de representar a las familias ante la Justicia, el cuerpo de especialistas podrá firmar convenios y coordinar acciones “con colegios profesionales, institucionales académicas y organizaciones de la sociedad civil”, realizar capacitaciones y actualizaciones para “operadores del sistema de administración de justicia y otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género”.

El proyecto contempla que el organismo cuente con una Comisión Interdisciplinaria para el abordaje integral de la violencia de género. Esta comisión estará integrada por profesionales del derecho, las ciencias sociales y la salud que “acrediten conocimientos especializados en la problemática de género así como experiencia laboral en el tema”.

La especialización del cuerpo de abogadas y abogados impulsa en el Estado el comienzo de un área que unifique los criterios para el registro y el seguimiento de la información sobre casos de violencia de género. “Elaborando estadísticas y difundiéndolas periódicamente”, puntualiza en los fundamentos el texto del proyecto.

MB/AF