El fiscal federal Ramiro González realizó las imputaciones a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), a cargo de Carlos Gonella, y por el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski.
El fiscal federal Ramiro González imputó hoy al periodista deportivo Fernando Niembro y a su ex socio en la empresa La Usina Producciones SRL, Atilio Meza, por el delito de lavado de dinero a partir de negociados con el Gobierno porteño por más de 20 millones de pesos. “La hipótesis es que se habrían beneficiado a través de contrataciones irregulares, y habrían tratado de darle un aparente estado de licitud al dinero obtenido”, explicó el funcionario judicial a Infojus Noticias.
González pidió al titular del Juzgado Federal N°7, Sebastián Casanello -donde quedó radicada la denuncia- una veintena de medidas que deberán ser cursadas al Banco Central, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a otras entidades para conocer los movimientos financieros de Niembro y Meza. El pedido se extiende a registros de propiedad inmueble y automotor.
El fiscal requirió la instrucción de la causa a partir de una denuncia presentada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski. Los funcionarios denunciaron que Niembro y Meza –integraban la lista de candidatos a diputados por el PRO en la provincia de Buenos Aires- habrían puesto en circulación alrededor de 20 millones de pesos. Lo habrían hecho a través de La Usina Producciones, una empresa creada “específicamente para hacer negocios con el Gobierno porteño”, según consta en la denuncia.
El texto de la misma dice que las contrataciones eludieron el “mecanismo de la licitación pública” que establece la ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad. “Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”, sostuvo la Procelac.
La otra denuncia
A la par de la denuncia por lavado, hay una investigación en la justicia ordinaria en la que se analiza la actuación de los funcionarios que intervinieron en –al menos- 164 contrataciones entre La Usina y el Ejecutivo porteño. El expediente por “administración fraudulenta” tramita en la Fiscalía de Instrucción 43, a cargo de Carlos Valverde, y en el Juzgado de Instrucción 23 de Roberto Ponce. Diez días atrás, el fiscal realizó una “presentación de información” a dos oficinas del Gobierno porteño y a La Usina Producciones, según confirmaron fuentes judiciales. “No se trató de un allanamiento”, explicaron.
Las contrataciones irregulares
Los convenios entre la productora y el gobierno porteño se hicieron por contratación directa o a través del decreto N° 556/10, que permite hacer frente a erogaciones de imprescindible necesidad. “Este decreto permite gastos hasta un monto de 150 mil pesos para cuestiones de necesidad y urgencia, pero ninguna de estas contrataciones alberga esa forma”, precisó a esta agencia el abogado Antonio Liurgo, quien presentó la denuncia en la justicia ordinaria.
Ninguna de las contrataciones entre el Ejecutivo porteño y La Usina Producciones S.R.L. figura en el Boletín Oficial. “Al tratarse de actos administrativos, que involucran presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrían que estar publicados”, indicó la legisladora porteña Gabriela Alegre.
En 2014, Niembro se desvinculó de la empresa. Vendió su parte accionaria a Aldana Meza (pariente de Atilio Meza) en 20 mil pesos, un monto que equivale al 0,15 por ciento de la facturación de la empresa al Gobierno porteño. Según la denuncia de la Procelac se habría tratado de una “venta simulada”.
Antecedentes
La investigación que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre, después de una serie de notas periodísticas que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia institucional”. Cinco días después, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Alegre entregó en la Procelac un escrito y documentación relacionada con el caso.
"González detalló que la Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que la Procelac coordina el trabajo e intercambia documentación de manera habitual. También, habían señalado que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi", informa un comunicado en el sitio Fiscales.gob.ar.
SO/MEL