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Desde 2001, el Ministerio de Economía de la Nación lleva adelante un juicio por escrito para recuperar las 241 hectáreas de la ex Entel -ubicados en la localidad bonaerense de General Pacheco, en Tigre- que fueron transferidos irregularmente en 1990. El litigio es contra Telecom, Telefónica y Startel porque fueron parte, junto a ex funcionarios, de una transferencia irregular. En paralelo, está llegando a la etapa final el juicio contra la ex interventora de la ex empresa estatal, María Julia Alsogaray, y otros dos exfuncionarios por esa entrega. La mayoría de esas tierras hoy están ocupadas por el country Santa Bárbara y valen 160 millones de dólares, según una pericia de la Oficina Anticorrupción. El juicio por la recuperación de los terrenos estuvo varias veces suspendido porque el expediente fue prueba en la instrucción de otros juicios contra María Julia. No hay antecedentes de otros juicios similares.

Los terrenos están ubicados a metros de la ruta 197 y las vías del ferrocarril Mitre, en el partido de Tigre. Hasta el 8 de noviembre de 1990 - día de la transferencia- una parte de las tierras pertenecía a Radio Nacional, otra a la exEntel y otra parte era libre. Con un acta trucha, porque se modificó un día antes, los terrenos pasaron a manos privadas. Uno de los problemas del juicio -tanto del escrito como del oral- fue la falta de planos con divisiones anteriores al 8 de noviembre. Esas tierras fueronadquiridas por elEstado en 1948 para afectarlas a la empresa de correos y teléfonos. Con la privatización, una parte debía quedar en manos privadas y otra "importante fracción en manos del Estado", acusó la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa contra María Julia.

En la denuncia por las tierras se reclama que el inmueble no integró el activo transferible al aprobarse el pliego de licitación. “Tampoco al tiempo de la oferta, ni al adjudicarse las acciones, siendo su inclusión extemporáne porque ya se había efectuado el día anterior, el 7 de noviembre de 1990”, explicó a Infojus Noticias el abogado del Ministerio de Economía Carlos Giannotti.

El juicio escrito

El 26 de julio de 2001 se firmó el decreto 930/01 con el objetivo de lograr la restitución del inmueble, más los daños y perjuicios provocados. El decreto dejó sin efecto el acta modificatoria del 7 de noviembre de 1990, que posibilitó la transferencia del inmueble a las licenciatarias que fuera validada por el decreto 2332/90.

“Fue un gran negocio inmobiliario. Si no pueden devolver las 241 hectáreas porque las tiene un tercero, se tendrá que pagar con dinero. La discusión será, cuánto valen”, agregó Gianotti. En el juicio por escrito también lo acompaña, su colega Francisco Sanz.

La causa está caratulada como “Estados Nacional - Ministerio de Economía c/Startel SA y Otros s/ juicio de conocimiento”. El juicio escrito está a cargo de Esteban Carlos Furnari en el fuero Contencioso Administrativo Federal de Primera Instancia N°2, Secretaría Federal N°3 de Capital Federal. El expediente está en etapa de prueba y ya se hicieron algunas pericias.

El juicio contra María Julia

Frente al proceso de privatizaciones de los ´90, María Julia fue elegida como interventora de la exEntel. Su mano derecha y gerente durante un par de meses fue Ricardo Fox. Ellos y Gustavo Abreu, que como representante del Estado firmó la escritura de los terrenos, están imputados por la transferencia irregular de las tierras. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py, comenzó a principios de junio. Durante la etapa de declaraciones testimoniales pasaron una veintena de abogados y peritos que detallaron el tipo de contrato que se firmó y explicaron cómo era el inmueble de Pacheco. El Tribunal junto a la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía y las defensas realizaron una inspección ocular para conocer las características del inmueble transferido, aunque no pudieron verlo porque pertenece al barrio privado, sin embargo, visitaron el terreno continuo, de Radio Nacional.

Con un empleado de Radio Nacional como guía, las partes recorrieron dos kilómetros de asfalto del predio, que tenía a los costados maleza y diferentes tipos de árboles silvestres. Había transmisores de onda corta y larga, que datan del año ’55 y funcionan de manera manual. También vieron usinas y antenas que alguna vez estuvieron bajo control de la Gendarmería. El empleado contó que el suelo húmedo y salino proporcionaba una buena base para el funcionamiento de las antenas. Cerca del límite entre lo privado y lo estatal había unas viejas camionetas de ATC y chatarra acumulada. De lejos se veían los departamentos del country Santa Bárbara. Según en el guía, alguna vez hubo en una pequeña laguna cisnes de cuello negro y patos.

Después de escuchar a los testigos, el martes pasado, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción pidieron la absolución de Alsogaray y de Abreu por falta de pruebas. En cambio, pidieron tres años en suspenso para Fox.

“Los terrenos fueron ilícitamente entregados a otros dueños”, dijo en sus alegatos la fiscal Sabrina Namer. “No fue voluntad del imputado subsanar ningún defecto del contrato”, agregó sobre Fox. Y cuestionó que con un cargo tan importante se metiera en las modificaciones de último momento del contrato con las transferencias del terreno. También dijo que espera que el Tribunal tenga en cuenta “los graves perjuicios económicos” que le costó al Estado nacional su maniobra ilegal.

Después de que el TOF 6 dicte sentencia, a fines de septiembre, la causa volverá al juzgado Contencioso Administrativo. Con la eventual condena a Fox, desde el Ministerio de Economía creen que caso por la recuperación de los terrenos está ganado.  

Recuperar el patrimonio robado

Desde el Ministerio de Economía y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), no recuerdan otros juicios similares, donde se pretenda recuperar patrimonio nacional perdido por un hecho de corrupción.

Sin embargo, se puede mencionar el caso Banco Nación (BNA) - IBM, aunque no sea análogo. Un caso de fraude a mediados de los ´90, donde IBM ganó una licitación del BNA pagando coimas, y le adjudicaron el contrato con sobreprecios. En 1997 hubo un acuerdo transaccional entre IBM y el banco, y que contó con el un fallo de la Justicia.

Uno de los puntos de ese acuerdo es que IBM devolvía dinero a través de entregarle al Banco hardware y software. A diferencia del caso de los terrenos de Pacheco, éste fue un acuerdo, no un juicio donde el Estado era el único reclamante. También está en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que se logró recuperar el 1 por ciento del perjuicio por 400 millones de pesos que estimó la Fiscalía.

“Sería de utilidad que estos casos como el de Santa Bárbara, existiese una ley que regulara la extinción de dominio, como se hace en muchos países de América Latina”, afirmó a Infojus Noticias Agustín Carrara del CIPCE. “Con ese tipo de leyes, cuando vos se tiene acreditada la actividad ilícita, ya se puede recuperar los activos en cuestión, al margen de que los responsables sean condenados o no. Es mucho más amplia y más eficiente que las modalidades de decomiso que regula nuestro Código Penal”, agregó Carrara.