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En la madrugada del pasado lunes una orden judicial propició la represión de la policía provincial a integrantes de la comunidad diaguita de “Las Pailas” en el departamento de Cachi, en Salta. Un manual para reflexionar y entender la situación de los campesinos hubiera sido útil.

El año pasado se lanzó un instructivo que analiza la situación sobre los derechos campesinos en varios lugares de Latinoamérica. Algunos de los puntos que toca son: el acceso a justicia, los derechos campesinos a partir de instrumentos internacionales, el derecho a la tierra y el territorio. Fue elaborado por organizaciones no gubernamentales y está dirigido a jueces y juezas de América Latina para que lo usen como “fuente de información y reflexión cuando deban decidir casos relativos a conflictos jurídicos en los cuales se ven involucrados campesinos y campesinas”.

Allí se detallan dificultades comunes a los países latinoamericanos como el difícil acceso de los campesinos a la justicia porque “tienen que recorrer considerables distancias para conseguir asesoría legal, entablar demandas ante tribunales y atender todo el proceso”. Esto genera costos que encarecen también el litigio. Además “la imposibilidad de ausentarse de las labores del campo, impiden en una gran mayoría de casos que los/as campesinos/as recurran a la justicia para reclamar sus derechos”.

En el manual destacan que “privilegios, rigideces e intereses hegemónicos manipulan y controlan muy especialmente al poder judicial”. Lo que genera una “impunidad rampante de los responsables de crímenes y/o violaciones a los derechos humanos de los/as campesinos/as”. A ello se suma la penalización de la protesta social. Esto es cuando los tribunales consideran “delitos penales” y no “conflictos sociales” los reclamos pacíficos de los campesinos y las “ocupaciones de tierras que no cumplen su función social y el bloqueo de carreteras para protestar”.

Aunque se rescatan casos judiciales que, al contrario de lo general, muestran cómo los jueces latinoamericanos pueden resolver aplicando los derechos tales como la defensa del medio ambiente, la vivienda digna o el derecho a una alimentación saludable.

Propiedad comunitaria

En 2004,  un empresario reclamó como propio un terreno de dos mil setecientas hectáreas en El Chaco, pueblo al noroeste de Córdoba. Allí viven más de 40 familias campesinas pertenecientes al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) de manera comunitaria. Las familias subsisten de la cría en pequeña escala de animales vacunos y caprinos pero el empresario empezó a exigirles un pago por permitir pastar a sus animales.

 El caso llegó a la justicia cordobesa que en 2006 le dio la razón a las comunidades. En la civil provincial sostuvo que “no debían pagar por el pastoreo por tratarse de una posesión comunitaria vigente desde hace varias generaciones”. La justicia Penal, en donde habían sido denunciados varios campesinos por usurpación, condenó a seis meses de prisión a 7 campesinos. Pero esa sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que también absolvió a los campesinos.

 “El título de dominio no acredita la posesión, que es lo que verdaderamente interesa en autos. Y a ello debe agregarse la situación que se presenta en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su mayoría personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”, decía aquella sentencia.   

 La soja y los agroquímicos

 En 2009, Viviana Peralta y otros vecinos de un barrio de la localidad de San Jorge, en la provincia Santa Fe, interpusieron un amparo ambiental por violaciones al derecho a un ambiente sano. Las plantaciones de soja cerca de la ciudad fumigaban con glifosato “a menos de 800 metros de viviendas familiares si el método utilizado era terrestre y a menos de 1 500 metros si la aspersión era con avionetas”.

La justicia provincial, tanto en primera como en segunda instancia, mantuvo la medida cautelar que ordenó suspender las fumigaciones ante la “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o a la salud humana”. Después fue más allá y trpás informes del ministerio de salud y de universidades nacionales, dejó firme la prohibición de fumigar en las cercanías de zonas habitadas para proteger el medio ambiente y la salud de los pobladores.

En el mismo sentido el defensor del pueblo de la Nación realizó en 2011 una recomendación al Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación que fue destacada por el manual. El defensor recomendó una “modificación significativa de la metodología usada para clasificar la toxicidad de los agroquímicos, llevando a su endurecimiento”.

“Las Pailas”: represión – propiedad - cultivo

 El departamento de Cachi, en Salta, se encuentra cerca de las nubes. Para llegar hasta ahí el camino zigzagueante rodea cerros, sube y baja. Un “colchón de nubes” acompaña varios trayectos del viaje en medio del sol. Así se llega a la comunidad diaguita de “Las Pailas”, a través del Camino de la Virgen.

En la madrugada del lunes pasado, el empresario Carlos Robles, quien dice ser el dueño de las tierras, instaló un portón acompañado de 10 personas y una cincuentena de policías provinciales. En su camino destruyó la puerta de una biblioteca  y una apacheta; un montículo de piedras donde las comunidades originarias del norte argentino ofrendan a la Pachamama. Es decir, un sitio sagrado.     

Ese operativo fue la ejecución de una orden del juez de feria, Héctor Martínez quien, a pedido de la fiscal Gabriela González, ordenó alambrar y colocar la “tranquera” en medio del territorio de la comunidad y desalojar la zona. Allí comenzó la represión que culminó con dos ancianos hospitalizados y una causa judicial por “lesiones, amenazas en concurso ideal con resistencia a la autoridad y daños” contra los integrantes de la comunidad.

Según explicaron fuentes judiciales a Infojus Noticias, la cuestión de la propiedad en ese territorio es de larga data, en 2010 hubo una orden de desalojo que está apelada y hay varias causas judiciales en la justicia provincial y el caso llegó a los tribunales internacionales. Esta misma fuente explicó que sobre la represión hay “curiosidades” a tener en cuenta. Si hubo un “enfrentamiento”, como lo marca la causa judicial, “los únicos heridos son los policías”.  Las “lesiones” alegadas por los efectivos policiales van desde que les “rasparon el retrovisor de la camioneta” hasta “diferentes ‘raspones’ a los efectivos”, dice esta fuente.

Después de los hechos, el juez que había ordenado el desalojo, realizó el jueves último una audiencia pública en la capital salteña. Como resultado de la reunión ordenó al empresario Robles y a los miembros de una comunidad respeto mutuo y evitar todo tipo de violencia.

 Detrás de todo este conflicto puede verse a la cuestión de la propiedad de la tierra, como el eje que atraviesa el conflicto. Donde se encuentra la comunidad diaguita es una zona apta para el cultivo de uva. Desde la Nación se está trabajando con la comunidad para ello y hasta se construyó un pozo de agua para los integrantes de la misma. Actualmente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que  ya reconoció la personería jurídica de la comunidad,  está "en proceso de relevamiento” de los territorios en disputa según la Ley Nacional 26.160.

 “En términos absolutos nunca hubo más campesinos y campesinas en el mundo que actualmente: alrededor de 1.200 millones de personas a nivel global, de las cuales cerca de 120 millones son latinoamericanos/ as”. Una muy buena razón para que los jueces y juezas tengan en cuenta el manual.