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El Movimiento Familiar Cristiano (MFC), una organización laica de la Iglesia Católica,  participó de al menos dos casos de apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura. Uno es el de la pareja Altamiranda-Taranto. El otro, el de la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli. Por este segundo caso, el juez federal Sebastián Ramos consideró ordenó detener a Francisco Martín Zabalo, miembro de la organización,  porque consideró probada la “participación criminal necesaria” en la apropiación. 

 

Zabalo, según un comunicado de HIJOS, integraba la comisión directiva del “Equipo Asistencial y de Adopción San José”, que pertenece al Movimiento. La trama que desembocó en su arresto incluye su “vínculo personal” con el general Juan Bautista Sasiaín, que tuvo un protagonismo en la apropiación de la niña y fue procesado antes de morir en la causa del Plan Sistemático de Robo de Bebés. Según recordaron sobrevivientes, Sasiaín visitaba asiduamente el centro clandestino El Vesubio mientras María Teresa Trotta estaba cautiva y embarazada. El Vesubio tenía una estrecha relación operativa con el Hospital Militar de Campo de Mayo, a donde eran trasladadas a dar a luz las secuestradas que tenían un embarazo a término. Allí nació la niña que fue restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en 2008. 

 

El juez argumentó que quedó “en evidencia el vínculo entre el robo de la bebé a su madre en el Hospital Militar de Campo de Mayo y su entrega al Movimiento Familiar Cristiano para ser dada en adopción”. Zabalo, el detenido, fue compañero de Sasiaín en la promoción 1947 del Colegio Militar y el garante de su arresto domiciliario. Por su cargo en el MFC, consideró el juez, no podía desconocer las maniobras que se cometieron con la beba robada.

 

Su hermana, Verónica Castelli, militante de HIJOS Capital, se mostró esperanzada y dijo que la detención “permite indagar en todo un sistema del que participó el Movimiento Familiar Cristiano”.