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Los siguientes hechos son reales a pesar de que rocen lo inverosímil. Juan quiso alquilar un departamento y le preguntaron: “¿Tu hijo es nena o varón?”. El propietario no quería nenes en su propiedad, “ensucian mucho las paredes porque juegan a la pelota”, se justificó. Los problemas de Sonia fueron más intensos. La ducha de su PH era caliente por sólo dos minutos. El propietario empezó una obra y le sugirió que se mudara. “Me prometió que esos días serían descontados del alquiler”; las refacciones se extendieron durante un mes. “Cuando volví, todo era un desastre. Las obras no estaban terminadas. Había escombros, todo estaba lleno de polvo, la heladera estaba en la habitación y el olor a podrido era insoportable”. Sonia no quiso pagar por ese mes, el propietario la amenazó con un juicio y ella, finalmente, pagó y huyó. En el medio, el propietario nunca le dio recibos oficiales ni aceptó que le pagara por transferencia bancaria.

Uno de cada tres hogares porteños alquila. Y las situaciones de abusos de los propietarios hacia los inquilinos se cuentan por cientos. Y se reproducen en buena medida porque alquilar una vivienda es una necesidad complicada de satisfacer. Los propietarios tienen algo que los inquilinos necesitan en un mercado inmobiliario que si bien está regulado legalmente tiene muchos espacios abiertos para los comportamientos arbitrarios.

El legislador porteño Rafael Gentili (Sumar I+D) presentó un proyecto de ley para que la ciudad de Buenos Aires tenga políticas de promoción para que haya más viviendas en alquiler, a través de beneficios concretos para los propietarios que acepten firmar contratos equitativos con los inquilinos. El proyecto se propone mejorar las condiciones de acceso a las viviendas y también facilitar la continuidad de los contratos.

El proyecto crea una oficina pública de alquileres en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, para actuar de intermediario entre los propietarios y los locatarios. Esta área sería la encargada de armar contratos de locaciones urbanas “donde consten cláusulas justas y razonables en la relación entre locadores y locatarios”.

Estos contratos contemplarían, por ejemplo, un plazo mínimo de tres años, un valor anual del alquiler no superior al 4% anual del valor del inmueble y que la garantía mantenga su vigencia aunque el contrato se renueve. Los propietarios que acepten integrarse a este sistema tendrán beneficios: serán eximidos del Impuesto Territorial y la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza del inmueble o del Impuesto al Sello, en el caso de viviendas adquiridas que se pongan en alquiler en un plazo de seis meses, entre otros beneficios impositivos.

El proyecto también propone que el Estado otorgue subsidios para refaccionar viviendas con el fin de ser alquiladas. También se desalientan las viviendas ociosas, es decir las casas o departamos vacíos, por medio de un gravamen, la “contribución tributaria por vivienda ociosa”.

“La vivienda ociosa se opone al principio de la función social de la propiedad y, por lo tanto, es susceptible de un gravamen como medida para estimular el arrendamiento de viviendas, a los fines de atender las necesidades habitacionales”, sostiene el proyecto. Lo recaudado por el gravamen se destinaría a los subsidios mencionados y a la generación de viviendas para alquiler o sociales.

Gentili dijo a Infojus Noticias que estas medidas “están orientadas a dar incentivos a los propietarios. Por ejemplo, en la Comuna 3 hay una depreciación importante, casas muy deterioradas. La idea es dar un incentivo para que el propietario valorice esas propiedades y las ponga en alquiler”.

El proyecto también propone que la ciudad de Buenos Aires recupere y ponga en alquiler un gran número de viviendas que actualmente posee. Una zona que está en esta situación, detalló Gentili, es la traza de la ex AU3: grandes zonas porteñas que fueron expropiadas para la construcción de una autopista que quedó en la nada.

Según el último censo, el 30% de los hogares porteños alquila el lugar en el que viven. Son 343.443 viviendas. “Resulta fundamental que el  Estado coloque justicia y equidad en un mercado inmobiliario altamente especulativo y distorsionado que coloca cada vez más a la vivienda como una mercancía altamente rentable y una reserva de valor, en detrimento de su función social.  El Estado tiene diversas formas de intervenir fomentando los arrendamientos urbanos y garantizando al mismo tiempo los derechos de los propietarios y de los inquilinos”, sostiene el proyecto de Gentili en sus fundamentos.