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Blur y Café Tacuba tienen previsto tocar para el público porteño el 2 de noviembre en el Quilmes Rock. Pero en los tribunales porteños hay un proceso judicial abierto que podría entorpecer la realización de los recitales.

Desde principios de año el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene anunciando la construcción de la Ciudad del Rock en el predio del Parque de la Ciudad. Es un espacio acondicionado para grandes recitales, con capacidad para 90 mil espectadores. Las obras incluyeron un playón con calles de acceso, instalaciones sanitarias, transplantar árboles, reducir los espacios verdes, un estacionamiento para ocho mil vehículos y el desmantelamineto de varios juegos mecánicos, algunos de ellos declarados patrimonio cultural de la Ciudad.

Graciela Muñiz, quien ejerce como defensora adjunta del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y el legislador Alejandro Bodart, recurrieron a la justicia para cuestionar dos aspectos de la realización del Quilmes Rock en el Parque de la Ciudad.

En primer lugar, Muñiz y Bodart piden que se reconsidere el monto del convenio. Según información del mismo gobierno, el GCBA le cobra a la empresa Siberia SA180 mil pesos de canon por el uso de 160 mil metros cuadrados del predio durante tres días. Un cálculo aproximado en base a la cantidad de entradas y su precio arroja que la recaudación rondará los 22 millones de pesos. Además, según los términos de ese convenio el GCBA aporta, sin costo para la empresa, servicios como el Same y las fuerzas de seguridad y los asistentes deberán pagar por el estacionamiento.

Muñiz había pedido una medida cautelar, fue rechazada por el juez. Por eso ahora presentó otro recurso. “La última presentación es un pedido de revocatoria. El juez dio lugar a que se realice el Quilmes Rock. Pero nosotros pedimos la revocatoria por canon irrisorio, la empresa Siberia va a pagar 180 mil pesos cuando va a ganar 22 millones de pesos”, relató Muñiz a Infojus Noticias.

El otro cuestionamiento de Muñiz se refiere al procedimiento. El GCBA firmó el convenio con la empresa Siberia SA el mismo día que se vencía el oficio del juez que solicitaba información sobre ese convenio. Es decir que cuando empezó la promoción del Quilmes Rock y la venta de entradas el acuerdo no estaba firmado. “El convenio se firmó porque había una actuación judicial”, dice Muñiz.

Hay un tercer elemento en este conflicto: los juegos del parque. Durante la construcción de la Ciudad del rock se desmantelaron juegos del parque de diversiones que fueron declarados patrimonio cultural de la Ciudad por la Legislatura. Si bien no está incluido en esta controversia, el abandono de los juegos fue denunciado por la Organización por la Conservación del Parque de la Ciudad.

El pedido de revocatoria de Muñiz está pendiente de resolución en el Juzgado N 15 en lo Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad.

El Parque de la Ciudad abrió en 1982: por entonces se llamaba Iterama. Funcionó hasta 2008, cuando fue cerrado porque por la falta de mantenimiento los juegos dejaron de ser seguros. Desde entonces el GCBA nunca decidió repararlos y reabrir el parque. Cinco años más tarde, el gobierno invirtió 69 millones de pesos en acondicionar el predio para alquilárselo a empresas privadas. “Es una privatización del espacio público de un espacio cuyo objeto fue cambiado, de un parque de diversiones lo convirtieron en un lugar de recitales”, sostiene Muñiz.

El legislador Bodart se sumó a este pedido de revocatoria de la decisión.  “Es la antesala de otro negocio privado en predios públicos”, afirmó el legislador.