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Los ministros Juan Manzur, Agustín Rossi y Julio Alak firmaron un convenio para crear una comisión médica interjurisdiccional y evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad internados en el Hospital Militar Central y en el resto de los centros hospitalarios que dependen de las Fuerzas Armadas. En el mismo acto quedó conformada la comisión integrada por especialistas médicos de los tres ministerios.

La medida se toma luego de la fuga de Jorge Olivera y Gutavo De Marchi, condenados el pasado 4 de julio en San Juan. Ambos represores se fugaron el durante la noche del jueves 25, del Hospital Militar Central “Comisario Mayor Cosme Argerich” de la ciudad de Buenos Aires. El viernes por la mañana Víctor Hortel, director del Servicio Penitenciario Federal,  presentó  una denuncia penal para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos. En la denuncia consta que “personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal había efectuado el traslado y entregado a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”. Luego de ser llevados a los consultorios, sigue el texto, “se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”.

El personal penitenciario involucrado fue puesto en disponibilidad y sumariado.  Ambos condenados, recordó Alak en un comunicado, "ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena. Incluso la Cámara Federal de Mendoza, había otorgado excarcelaciones que posibilitaron su fuga en la etapa de investigación”.

Además, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa de $ 2.000.000 "por el plazo de 12 meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos, señalan las dos resoluciones firmadas por Alak.

El titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, informó que se produjo el pase a retiro y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.

A través de un comunicado se conoció que los militares afectados son: Marcelo Carlos Gutiérrez (Director General de Salud); Carlos Alberto Ramos (Jefe de Dpto. Técnico de la Dirección General de Salud); Eduardo Jacinto Alemanzor (Jefe de Dpto. Operativo de la Dirección General de Salud); Juan Carlos Adjigogovic (Director General del Hospital Militar Central); Francisco José Gambino (Director Asistencial del Hospital Militar Central); Pedro Gerardo Osores (Director Operativo del Hospital Militar Central), y Eduardo Oscar Suárez (Encargado de oficina de Ayuda Humanitaria del Hospital Militar Central).

Rossi también inició "acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos". Entre los afectados está la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos. La profesional trabaja como psicóloga en el Hospital Militar y fue precisamente quien presentó el pedido de traslado hacia el nosocomio porteño ante el juez Leopoldo Rago Gallo.

"Contaron con apoyo"

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se refirió a la fuga del Hospital Militar de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, condenados en juicios por delitos de lesa humanidad y afirmó: “la fuga de los represores tiene responsables que deben ir a prisión”. En instantes se reúnen los ministros Alak, Rossi y Manzur, para firmar un convenio. Se dictó el pedido captura internacional de los represores.

En su visita a San Juan, Domínguez dijo que, para la fuga, ambos represores "debieron contar con el apoyo directo e indirecto de funcionarios intervinientes" y  repudió “este accionar que pretende burlar a la Justicia, inquietar a los testigos y sembrar desconcierto en la ciudadanía”.En la provincia de San Juan y junto al gobernador José Luis Gioja –uno de los testigos en el caso contra Olivera y De Marchi- Julián Domínguez también aseguró "el reciente juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en la provincia de San Juan tuvo, como en situaciones similares de otras jurisdicciones, la valiente y digna participación de testigos víctimas del terrorismo de Estado y los querellantes quienes constituyen un componente fundamental para llegar a las sentencias de los imputados", declaró Domínguez.

-Quienes son

El juicio en el que fueron condenados Olivera y De Marchi se extendió por un año y ocho meses. Junto a Olivera - ex teniente de inteligencia- fueron condenados a cadena perpetua el suboficial Osvaldo Benito Martel y al ex comisario de la Policía Federal, Julio Nieto. Los delitos: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Por los mismos delitos fueron condenados a 25 años de prisión De Marchi –ex teniente del ejército-, Daniel Gómez y Francisco Del Torchio, que detentaban el mismo cargo. El suboficial Alejandro Lazo, en tanto, fue condenado a 10 años de prisión.

Todos los militares habían actuado en la represión que se desató en San Juan después del golpe militar de 1976, y pertenecían al Regimiento 22 de Infantería de Montaña, dependiente del Area 332 con comando en Mendoza.

Entre las 60 víctimas, que sufrieron torturas, vejámenes y secuestros, hay dos desaparecidos: la ciudadana franco-argentina Marie Anne Erize y el ex rector Juan Carlos Cámpora. Y un muerto, Daniel Russo. El juicio  comenzó el 7 de noviembre de 2011. Frente a los jueces pasaron más de 150 testigos y víctimas que relataron el contexto político de la época y la experiencia personal que vivieron durante sus detenciones.

Quienes puedan aportar datos últiles deben comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al (011) 5300-4020