Infojus Noticias

Un plenario de comisiones de la Cámara baja emitirá el martes próximo un dictamen, para crear una comisión investigadora sobre la complicidad de grupos económicos con la última dictadura cívico militar. La intención del bloque del Frente para la Victoria, que conduce Juliana Di Tullio, es poder sancionar esta iniciativa antes de fin de año, y así permitir que luego lo haga el Senado a fin de armar ese cuerpo que tendrá como misión identificar a las empresas que colaboraron y se beneficiaron con la dictadura.

Para poder sancionar esta iniciativa, redactada por el diputado Héctor Recalde, fue convocado para el martes a las 16 un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto y Hacienda, para firmar el dictamen que tendrá un amplio consenso ya que lo respaldan kirchneristas y radicales. De hecho, en la comisión de Peticiones, Poderes, y Reglamento, los bloques del FPV, del radicalismo, del FAP, y otras fuerzas firmaron el despacho y se introdujeron algunos cambios propiciados por legisladores de la UCR. En esa ocasión expusieron querellantes de casos emblemáticos sucedidos en Acindar y Ford, y el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, quienes relataron cómo algunos empresarios influyeron para que los militares apliquen un determinado plan neoliberal basado en el ajuste y la represión. La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la última dictadura. Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. Recalde señaló que su proyecto apunta a "la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura" y que “nada tiene que ver con los linchamientos; sino que es una investigación para saber quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”. “Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó el legislador. Recordó también que “con la complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última dictadura, la Comisión Asesora Legislativa ‘torturó’ algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros”. El titular de la comisión de Legislación del Trabajo añadió que “a partir de estas desventajas laborales los empresarios tuvieron un importante rédito económico, a partir de la transferencia de capitales de los trabajadores hacia las empresas”. De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas". El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia. Además de Recalde, firmaron el proyecto la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio; y los diputados Teresa García; Adela Segarra; Pablo Kosiner; Carlos Kunkel, Verónica Magario; Horacio Pietragalla; Eduardo "Wado" de Pedro; Andrés Larroque; Juan Cabandié; Carlos Gdansky y Edgardo Depetri, todos del FPV.