Infojus Noticias

Snowy Sociedad Anónima, una firma constituida en Uruguay, reclama que el Banco Central cumpla con el pago de 312 mil dólares por los Bonos de Absorción Monetaria (BAM), que fueron emitidos por la dictadura militar en 1982. Parte de esos títulos fueron utilizados en el proceso de vaciamiento del Banco de Italia y Río de la Plata y se convirtieron en un instrumento para perfeccionar la maniobra. Por ese motivo fueron embargados en un juicio penal pero la medida quedó sin efecto con la prescripción de la causa y eso posibilitó que se reclame su cobro. Ahora Snowy, una compañía extranjera que compró la deuda de una quiebra, reclama el pago que autorizó el titular del Juzgado Comercial 12, Hernán Papa.

La historia que lleva a Snowy comenzó con el Decreto 1.335, del 26 de noviembre de 1982, que puso en marcha los BAM. Se trató de un instrumento financiero que el Estado otorgó a los tenedores de seguros de cambio que conseguían la prórroga del acreedor externo. Su valor estaba determinado por la diferencia entre el tipo de cambio concertado originalmente al obtener el seguro de cambio y el nuevo tipo de cambio por la prórroga obtenida.  Esos bonos no estaban representados por un título físico sino por un depósito indisponible que estaba abierto en el banco y les daba una renta semestral.

Una parte de esos títulos terminaron en manos del Grupo Gotelli, que desde 1980 fue tomando el control  del Banco de Italia y Río de la Plata, que había sido fundada en 1872. En torno a Gotelli fueron naciendo otras empresas que conformaron un conglomerado económico, que fueron tomando créditos del Banco de Italia. Esos préstamos, que fueron recomprados por firmas del mismo grupo, estaban garantizados por BAM.

Entre las empresas que fueron beneficiadas por la refinanciación de sus deudas se encuentran las sociedades anónimas Intercambio, Edificadora Notilam, Armeca, Gobenia, Inversora Interamericana, Propiedades y Alquileres, Compañía Interamericana de Finanzas, Quebren y Corpinmobil.  También Sebastián Badaracco S.A., que finalmente quebró y la causa por el cobro de las deudas tramita ante el juez Papa.

En ese proceso, la autoridad monetaria le quitó la licencia para operar al Banco de Italia y Río de La Plata, que fue liquidado en 1985. Por esos días, el titular del Centro de Estudios Penales del Banco Central, el penalista David Baigún, que debía llevar adelante “investigaciones empíricas sobre los delitos financieros”, logró que se aplicara una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, que frenó el pago de la renta que debía concretarse en 1986. Esos bonos eran parte de una maniobra ilegal y cancelarlos era perfeccionarla. El área que dirigió Baigún fue disuelta durante la gestión de Javier González Fraga en el Banco Central.

Pero en abril de 2007 prescribió la causa y un grupo de empresas volvió intentar cobrar esos títulos.  Varios acusados por los autopréstamos sin respaldo fueron beneficiados con el pago de unos seis millones de dólares: Ricardo Pablo Gotelli, Luis María Gotelli, Juan Carlos Ureta, Joaquín Aventín y José Bartolucci. Fue por un fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría y durante la gestión de Martín Redrado al frente del Banco Central.

Otra de las empresas que retomaron el reclamo es Snowy, que durante los noventa compró parte de la deuda de la quiebra Badaracco y el 17 de noviembre de 2008 resolvió abrir una sucursal en la Argentina, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 30 de marzo de 2009. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto. Ahora obtuvo la habilitación del juez para que se libre un oficio al Banco Central para que deposite los 311.893 dólares que reclama ante la quiebra de Badaracco.

PW/AF