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El director de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Rey, participará esta tarde de la charla “Implicancias del Sistema Internacional de Derechos Humanos en la Argentina”, en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde 2012, Rey encabeza un equipo de profesionales abocados a estudiar lo que definen como la “crisis” del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y una oportunidad para repensarlo. Dirige además, la revista Derechos Humanos de doctrina jurídica, que la editorial Infojus distribuye de manera gratuita.

“En 2011, hubo un proceso de reforma del SIDH liderado por algunos Estados, algunos llegaron a plantear que había que cerrarlo, otros que había que hacer cambios”, recordó Rey, en alusión a la resolución Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que dio origen al “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH”. El funcionario explicó que este proceso está ligado a “una crisis del rol de Estados Unidos en la región, por el  surgimiento de espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y otras formas de integración de las democracias latinoamericanas pos dictaduras militares”.

-¿Cómo se manifiesto esta crisis?

- Una de las discusiones que permanentemente se da en los foros sobre el funcionamiento del SIDH es por qué la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanece en Washington, pese a que hasta la fecha Estados Unidos no ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y se da la particularidad  de que Estados Unidos es el creador filosófico del sistema, pero como no ratificaron la convención no se los puede denunciar en este ámbito. Otra de las cuestiones está asociada a los tiempos que tardan en resolver.

- ¿Le caben estas críticas  a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)?

- La Corte trabaja en muy pocos casos, está funcionando desde principios de los años 80 pero los primeros casos los recibió a partir de 1987. En una época estuvo 5 años con dos casos. Hoy tiene 280 sentencias: las primeras 100 son del ‘87 al 2003, y de estos últimos años las restantes.

-¿Es caro acceder a estos mecanismos?

- El procedimiento es fácil. Uno puede hacerlo por fax y ni siquiera es requisito hacerlo con un abogado (por lógica la Comisión debería poder suplirlo). Pero es caro litigar porque la sede de la CorteIDH queda en Washington. Lo que termina siendo caro es presentar las pruebas, mandar un escrito. Estados Unidos y Canadá están fuera del sistema (no se los puede denunciar ante la Corte porque no la ratificaron) y tienen la sede a kilómetros, y allí se instala la burocracia internacional;  pero el 90% de los casos en los que entiende la Corte son en Estados al sur de México, que ratificaron la Convención.

- ¿Hasta qué punto y por qué mecanismos los Estados están obligados a cumplir con lo dispuesto en estas instancias?

- Esa es la debilidad de todo el derecho internacional: el cumplimiento de la sentencia depende de la voluntad de los Estados. En Estados federales, también se plantea un problema porque el representante ante los organismos internacionales es el Estado nacional; pero hay sentencias que para su aplicación dependen de políticas provinciales o de otras instancias. Europa tiene un sistema distinto, de sanciones económicas

Estos y otros aspectos, serán tratados a la brevedad en el libro "El sistema interamericano de derechos humanos en crisis”, de próxima edición, donde se darán a conocer los resultados del proyecto de investigación que coordinó Rey en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).  Esta tarde, en la conferencia declarada de interés académico por la facultad de Derecho y enmarcada en el Ciclo Federal de Conferencias Infojus, el funcionario abordara estos temas y presentará además la Revista Derechos Humanos, ante un auditorio principalmente integrado por abogados, estudiantes de la carrera y agentes judiciales.