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Los padres de una niña presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar que sea inscripta en un colegio porteño cercano a su domicilio, mientras el gremio docente anunció que el lunes continuará la audiencia en sede judicial, tras la presentación de un amparo colectivo en reclamo de unas 17.000 vacantes, que no están garantizadas.

El titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, ratificó hoy que "son 17.000 los chicos que se quedaron sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires", como consecuencia del fallido sistema de inscripción online que implementó este año el gobierno de Mauricio Macri.

"El gobierno porteño le dice una cifra a los medios y otra a los jueces. El cometido que tienen es que las familias desistan de inscribir a los chicos en la escuela pública", dijo López a Télam al explicar lo que ocurrió en las dos audiencias judiciales, que se hicieron ayer y hoy.

Hoy la UTE junto al Defensor General Mario Kestelboin, padres y madres se presentó a una Audiencia Pública en la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario Número 2 de la CABA donde también fue convocado el Ministerio de Educación de la Ciudad y que continuará el lunes las 11.30 en Hipólito Yrigoyen al 900.

López explicó que durante las audiencias, "el Ministerio de Educación porteño reconoció que 17.000 chicos quedaron sin vacantes en los tres niveles de la enseñanza, inicial, primario y secundario". El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "admitió que fueron 69.000 los chicos que se inscribieron y 52.000 los que lograron vacante en la escuela pública: la resta da 17.000. Ni 1.000, ni 2.000, ni 5.000 -como les dice el ministro (Esteban Bullrich) a los medios de comunicación-", señaló el secretario general de UTE.

"Al 27 de diciembre, les decimos a los padres que no pierdan el derecho de elegir la escuela pública para sus hijos. Algunos al recibir la negativa se van a buscar la alternativa privada. Nosotros les decimos a esos padres que no desistan y sigan reclamando".

"No vaya a ser que esto les sirva para amontonar chicos o reducir la cantidad de grados. Hay que seguir exigiendo porque tener educación pública y gratuita es un derecho de todos", concluyó.

En este marco, Daniel Igolnikov, el abogado que patrocina a Fernando Sebastián Tolotto y Luciana Alejandra García, los padres de la niña que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, explicó a Télam que presentaron "un amparo porque se está incumpliendo la ley 26.061, que es la que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes".

El letrado señaló que "para presentar un amparo en la Corte es necesario que haya un conflicto de jurisdicciones o una violación a un derecho Constitucional y acá ocurren las dos cosas, ya que el gobierno porteño establece una modalidad que va en contra de un derecho como la educación que debe ser pública, gratuita y universal".

El abogado precisó que en este caso en particular la niña que ingresa a preescolar vive junto a sus padres en el barrio porteño de Almagro y la vacante otorgada es en una escuela de Parque Saavedra a "más de 8.800 metros de distancia".

Los padres de la niña realizaron la inscripción a través de Internet, como lo dispuso el gobierno de la Ciudad, "tildando ocho opciones, de las cuales en un primer momento no obtuvieron ninguna".

"En una segunda instancia les comunicaron que había vacantes en dos de las opciones elegidas, pero cuando se presentaron en las escuelas a confirmar las mismas, en las dos les dijeron que la nena no aparecía en los listados y que ya no tenían vacantes", detalló Igolnikov.

En el escrito presentado, y al que Télam tuvo acceso, los padres de la nena señalaron que a su hija se le "restringe el acceso a la educación pública, igualitaria y gratuita", en la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello, el matrimonio reclamó que "se nos asigne la vacante cerca del hogar conforme la inscripción realizada". "El sistema pernicioso que ha implementado el gobierno de la Ciudad, a los efectos de hacer creer que se armó para resolver problemas, no es más que una actitud soberbia y demagógica", afirmaron en relación al sistema de inscripción por Internet.

"La Convención Internacional del Niño y el rango constitucional de la educación pública no pueden quedar al arbitrio del gobernante y conculcar el derecho de nuestra niña", sostuvieron los padres de la niña.