Desde diciembre de 2012 hasta septiembre, más de 900 legajos tramitados en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte fueron remitidos al Programa de Género del Ministerio Público Federal. En el 80% de los casos se inicia un proceso judicial civil y penal.
Cuando él se fue de la casa que compartían en Villa Soldati, ella se animó a denunciarlo. La obligaba a mantener relaciones sexuales, la amenazaba y la golpeaba. También era violento con sus dos hijos. La historia de Susana es uno de los 751 casos que llegaron a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) solo en el mes de junio. A partir de la denuncia, como en más del 80% de los casos, se inició un proceso judicial civil y penal. Antes de que llegara a la fiscalía la denuncia de Susana llegó al Programa de políticas de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF), para que la investigación se iniciara con una perspectiva de género desde un comienzo.
En este ámbito, la Justicia intenta funcionar de manera articulada. Desde diciembre de 2012 hasta septiembre, más de 900 legajos tramitados en la OVD, organismo dependiente de la Corte Suprema, fueron remitidos al Programa de Género del MPF.
Se trata de un convenio entre ambas partes, firmado en diciembre de 2012, que busca fortalecer y optimizar los procesos del sistema de justicia en casos de violencia intrafamiliar. En nueve meses el Programa sobre políticas de Género, que dirige Romina Pzellinsky, ha recibido 954 de las denuncias que llegan a diario la OVD. El Programa actualmente interviene en 94 de esos expedientes, 63 correspondientes al fuero criminal y 31 al fuero correccional.
Los profesionales del Programa actúan presentando oficios en las fiscalías correccionales y criminales de instrucción en las que se tramitan las causas. Así, sugieren criterios de actuación y medidas de prueba. El objetivo es que desde el comienzo de la investigación se aborde el caso con una perspectiva de género.
El Programa pone especial énfasis en evitar la revictimización de las personas que denuncian violencia intrafamiliar. “Elaboramos una serie de sugerencias en torno a las medidas de prueba que tienen que ver con, por ejemplo: que la primera medida de los fiscales no sea llamar a la víctima, que pidan el audio de la denuncia que la víctima hizo en la OVD, que evalúen la posibilidad de convocarla a través de la Oficina de Asistencia a la Victima y Testigo”, explicó a Infojus Noticias la fiscal ad hoc e integrante del Programa de Género, María Paloma Ochoa.
Otra de las sugerencias para evitar la revictimización es la contextualización de las causas en relación al hecho investigado. Cuando hay denuncias previas en diferentes fueros -correccional, criminal y penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires-, el Programa sugiere a los fiscales adoptar las medidas necesarias para que un mismo tribunal lleve adelante la investigación por la totalidad de los hechos de violencia doméstica denunciados.
De los expedientes del fuero correccional en los que el Programa y la OVD trabajaron articulados, solo el 6% de esos legajos fueron archivados o sobreseídas. El 94% de esas causas sigue en trámite, con medidas de prueba, indagatoria o conexidad. Dos de estos casos fueron elevados a juicio.
En lo que respecta a las causas del fuero criminal, el 90% sigue en trámite, el 8% fueron archivadas, y el 2% elevada a juicio.
“En la mayoría de los casos en los que intervenimos se citó a indagatoria al victimario. Esto demuestra la efectividad del convenio”, dijo Ochoa.
El informe del Programa de políticas de Género del Ministerio Público Fiscal puede verse en el portal Fiscales.