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La mayor coordinación y control sobre el sistema financiero, que articulan varios organismos con eje en el Banco Central, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de reformar la Ley de Entidades Financieras (21.526), que impuso la última dictadura cívico-militar. Esa norma fue clave para modificar la estructura económica de la Argentina en menos de una década. La posibilidad de reformarla se analizó hace dos años pero la propuesta no prosperó y sólo se modificó la Carta Orgánica del Banco Central. En los últimos días, al calor de los allanamientos a cuevas y financieras, se reabrió el debate sobre la posibilidad de reformar la ley que diseñó José Alfredo Martínez de Hoz y existen seis proyectos que tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados: los cambios van desde una simple cosmética hasta definir  a la actividad financiera como un servicio público.

“Estamos introduciendo un cambio no sólo fundamental sino realmente estructural en el sistema institucional jurídico del sistema financiero”, aseguró Martínez de Hoz cuando en su rol de ministro de Economía presentó la norma, en 1977. Ese texto se combinó con la mutilación de la Ley de Contrato de Trabajo y la derogación de la ley que regulaba el ingreso de capitales extranjeros (20.557). Esos fueron los tres arietes que demolieron el entramado industrial y dieron el andamiaje legal para la concentración de la economía y pusieron aceite a la bicicleta financiera.

La posibilidad de volver sobre la reforma de esa ley la sugirió el nuevo titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, que se crio entre los economistas del Plan Fénix, donde consideran que el sistema financiero debe estar al servicio de la industrialización y el desarrollo y no a la inversa. Existen seis proyectos de reforma impulsados por los diputados Carlos Heller (Nuevo Encuento), Claudio Lozano (Unidad Popular), Federico Pinedo (PRO), Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) y Gerardo Milman (GEN). Los últimos tres tienen el mandato vencido pero sus proyectos aún están vigentes y pueden ser debatidos en el Parlamento.

Sobre las declaraciones favorables a un cambio que hizo Vanoli, quien reemplazó a Juan Carlos Fábrega –que fue un opositor a esa reforma-, comenzaron a martillar los diputados de Nuevo Encuentro, cuyo proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, fue presentado con el aval de un millón de firmas. Las recolectaron, con Carlos Heller a la cabeza, durante una serie de reuniones con empresarios pymes y usuarios bancarios que hicieron por todo el país en 2010 y volvieron a presentar dos años después.

El texto original sufrió algunas modificaciones para hacerlo menos revulsivo al sector financiero, que no puede ni escuchar esa combinación de palabras “servicio interés público” -el proyecto original decía "servicio público" a secas-. Se trata de uno de los sectores de la economía que no dejó de crecer, ni siquiera durante la crisis internacional que estalló en 2008 en los países centrales. Sólo tuvo alguna merma (3,8 por ciento) en septiembre pasado respecto del mismo mes del año anterior cuando se profundizaron los controles: “Pese a alcanzar un elevado crecimiento en los primeros meses del año, las mayores regulaciones afectaron negativamente la rentabilidad del sector”, precisó el último informe de la consultora del economista Orlando Ferreres, que mide la actividad económica.

La propuesta de Heller incluye, además, un límite para que ninguna entidad tenga más del 10% del mercado –el control estaría en manos del Banco Central- y obliga a los bancos a orientar al menos el 48% de la cartera a pymes y crédito hipotecario, regula las tasas de interés y establece criterios más restrictivos para la actuación de los bancos de capital extranjero en el país, algunos de los cuales estaban vigentes en la norma que sepultó la dictadura.

Ese proyecto motivó otros: uno lo presentó Pinedo y otro Milman. Ninguno propone una regulación del tipo que plantea Heller y los banqueros rápidamente se inclinaron por el texto de Milman, "Ley de Relaciones Financieras y Garantías al Usuario de Créditos y Depósitos", que incluyó la posibilidad de que se universalice el uso de las cajas de ahorro y también fomenta el desarrollo bancario en las provincias. Y propone que los conflictos entre entidades financieras y usuarios se diriman “sin la intervención” del Banco Central.

El texto que impulsa Pinedo tiene 203 artículos y propone fomentar el ahorro a través de la actualización del capital, de acuerdo al valor de precios de diferentes productos, "obligando a que los préstamos estén calzados en la misma forma". Además, promueve un sistema generalizado de débitos directos y cuentas gratuitas con beneficios fiscales, para pagar impuestos, tasas y servicios públicos. También propone crear la figura del Defensor del Usuario y un tribunal administrativo para resolver los reclamos.

Por su parte, el proyecto de Lozano -presentado el año pasado- se acerca a lo que propone Heller y en su primer artículo también define al sistema financiero como "servicio de interés público” que tiene como “objetivos prioritarios promover y desarrollar las actividades productivas”. Y sobre esa base debe contribuir a “generar una economía solidaria, que privilegie el trabajo y la inversión”.

“Será obligación de las instituciones públicas o privadas del país, destinar la mayor cantidad de recursos a los emprendimientos autosustentables, que sean generadores de la actividad productiva, fomentando una economía popular y solidaria, en la que se privilegie la inversión, el trabajo, el comercio justo, ético y responsable, la prestación de servicios con fines asociativos y de interés público”, señala en el tercer artículo.

El debate sobre la reforma de la Ley de Entidades Financieras fue postergado en 2012. La decisión fue privilegiar los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central para ampliara sus funciones a promover, junto con la estabilidad monetaria, “la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el debate vuelve sobre el texto que impuso la última dictadura y sobrevivió a más de treinta años de democracia.