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El crimen de Walter Bulacio, símbolo de la impunidad y la inacción judicial, tuvo hoy, 22 años después, su primera sentencia. La causa por el homicidio del joven de 17 años que había ido a ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota prescribió en 2002 y hoy se juzgó sólo su detención ilegal. El abogado Pablo Argibay Molina, defensor del único imputado había pedido su absolución. La fiscalía reclamó dos años y medio y la querella en representación de la mamá de Walter, la pena máxima para este tipo de delitos: seis años de cárcel. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 29 de Capital Federal condenaron al excomisario Miguel Ángel Espósito a tres años de prisión en suspenso. Los fundamentos estarán el viernes 15 de noviembre a las 15hs.

El presidente del Tribunal, Rodolfo Goerner, leyó la sentencia bajo la mirada atenta de una treintena de familiares de víctimas de la represión policial como Mariano Witis, Rodrigo Corzo, Jorge González, Luis Oscar Ayunta, Sonia Colman. Nadie se asombró ni celebró la condena. Después de enumerar todos los expedientes que serán rotos o devueltos a la Policía Federal, el público presente entonó la consigna que acompañó los 22 años de reclamos de justicia: “Yo sabía que a Walter lo mató la Policía”.   

El secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, presenció el veredicto en primera fila junto a su subsecretario, Luis Alén. “Fui uno de los tantos que dijo que a Walter lo mató la Policía. Walter formó parte de mi generación cuando yo estaba en Catamarca y surgían casos como este, como el de María Soledad Morales cuando había otro Estado, que perseguía a los militantes, a los sectores populares”, dijo a Infojus Noticias Fresneda.

La abogada querellante María del Carmen Verdú dijo en declaraciones a la prensa que esta sentencia "se la esperaban". "Fue un veredicto acorde a lo que creíamos. Ya lo sabíamos al inicio de este juicio". Y agregó que no pueden recurrir a la Cámara de Casación por la cantidad de años de la pena, que "es la mitad de lo que habíamos pedido".

"Walter es solamente uno de los cuatro mil pibes asesinados en demoracia por el aparato represivo estatal. Le dieron tres años a un excomisario que agradeció a los jueces por haberlo cuidado", agregó la abogada.

El agradecimiento

"Sólo quiero agradecer profundamente al Tribunal Oral por como he sido tratado y por cómo me han cuidado mi salud”, fueron las últimas palabras del excomisario Miguel Ángel Espósito en el juicio por la privación ilegítima de Walter Bulacio. El imputado declaró esta mañana vía teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura ante el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de Capital Federal. A la tarde pidió permiso para no escuchar la sentencia, permiso que fue concedido por el TOC.

Los jueces Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack juzgaron los hechos ocurridos en la última semana abril de 1991, cuando Bulacio fue detenido junto a otros 72 jóvenes en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias. Esa noche lo llevaron a la seccional 35, a cargo del entonces comisario Espósito. No se dio aviso a los padres del joven, que vivían en el Conurbano, ni al juez de menores de turno. A la semana siguiente, Walter murió por un aneurisma. Llegó a contarle al médico que le habían pegado en la comisaría.

Acompañado por un médico y una secretaria del Tribunal, Espósito se mostró tranquilo y agradeció al TOC 29. Vestido con camisa azul y chaleco beige, llevaba anteojos y hablaba con voz serena. Como la primera audiencia declaró desde un edificio del Consejo de la Magistratura, cuya dirección no se divulgó. Espósito también dijo que prefiere no estar cuando los jueces den su veredicto. El ex comisario nunca pisó la sala de audiencias de la calle Paraguay 1536. Solo estas dos apariciones vía teleconferencia tuvo en el juicio que duró un mes y medio.

Tamara Bulacio es la hermana de Walter, nació en 1993. Nunca pudo compartir nada con su hermano porque nació dos años después de su muerte, pero junto con su abuela participó de incontables marchas y pedidos de justicia. “Estoy ansiosa y con nervios. Ojalá se haga justicia y le den la pena que merece”, dijo a Infojus Noticias Tamara antes de entrar al juicio.

La madre no pudo ir

La mamá de Walter, Graciela Scavone, no presenció el último día del juicio por sufrir ataques de pánico, según confirmaron fuentes allegadas a Infojus Noticias.

En su alegato, el abogado defensor Pablo Argibay Molina pidió la nulidad de la acusación fiscal argumentando que le imputan a Espósito de hechos por los que no fue indagado. Sostuvo que existen incoherencias a lo largo del expediente: “Dicen que Espósito no estaba en la comisaría, pero sí estaba para pegarle a Bulacio”. Luego de casi cinco horas de exposición, el abogado defensor pidió la absolución de Espósito y cerró su alegato diciendo que el excomisario ya sufrió demasiado con su salud producto de esta causa, y que no es más que un “cabeza de turco”.

Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el "memorando 40", una disposición pergeñada por dos jueces correccionales en 1967, que autorizaba a las comisarías a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad, siempre que no fuera por un delito, cuando el propósito era entregárselo a los padres. “La culpa es de los jueces y del sistema. Los jueces permitieron la existencia del memorando 40 a durante tantos años”, sostuvo Argibay Molina a lo largo del alegato.

El fiscal Horacio Fornaciari había pedido una condena de dos años de prisión por “privación ilegal de la libertad”, mientras que la querellante María del Carmen Verdú había exigido una de seis años, el máximo de la pena para el mismo delito. El 8 de noviembre, según dispuso el Tribunal, el excomisario Espósito podrá decir sus últimas palabras antes de la sentencia, aunque nunca se presentó en la sala de audiencia. Siempre fue representado por su abogado y el primer día del juicio declaró a través de teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura.

La jueza Alicia Iermini fue la que tuvo más tiempo el expediente, y la responsable de que la causa por la muerte prescribiera después de 17 pedidos de traslado. En 1997, la querella recurrió a los organismos internacionales en representación de la familia y en septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado investigar la actuación de los funcionarios judiciales que participaron en la causa.

La CIDH también ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad. En 2004 la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la causa e indicó al Consejo de la Magistratura que analizara la situación de los jueces que declararon prescripta la causa.