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Al convocar a una audiencia pública el 28 de agosto para volver a discutir la Ley de Medios antes de su fallo definitivo, los integrantes de la Corte Suprema hablaron de trascendencia institucional. No está mal que haya sido así y es aún mejor que esa convocatoria de algún modo se convierta en el eco final (un final siempre provisorio) de un debate social y político extendido. Para decirlo de otro modo: la discusión misma que se planteó antes y después de la sanción de la ley fue en sí misma un hecho cultural saludable, incluso aunque hoy –por los artículos judicializados o por carencias en su implementación– la ley no haya dado lo mejor de sí misma. Hay una tercera manera de entender la trascendencia de la ley y es que esta discusión está remotamente lejos de ser una mera  “guerra” –como suele etiquetársela– entre una corporación mediática y un gobierno. Más lejos aún está de ser una agarrada caprichosa entre los actores tumultuosos de una república bananera. Muy lejos de eso, la discusión y la crítica sobre el poder y las prácticas de las grandes corporaciones mediáticas acumula (largas) décadas en todo el mundo, más intensas cuanto mayor es la concentración de poder simbólico, político y económico de esas corporaciones, dato duro verificable en los últimos tiempos en todo el mundo. Más aún, desde la academia, expertos europeos, cuando hablan de “populismo”, no se refieren a los populismos políticos sino a los mediáticos.

De nuevo: son décadas de discusión, en América Latina, en Europa, en EE.UU. y en lo que en algún tiempo se llamó el Tercer Mundo (alcanza con recordar los debates que se dieron en la Unesco en los ’70 sobre un nuevo orden mundial de las comunicaciones y la información), sobre flujos desiguales de información, empobrecimiento y debilitamiento de las democracias.

Hasta aquí lo interesante. Luego vienen los problemas. El primero: los tiempos geológicos que se tomó la Corte para definir el asunto cuando en otras materias falló a velocidad Match 7. Y cuando fueron los mismos supremos los que apuraron la definición de otras instancias. Es una mora más que delicada siendo que desde el principio se supo que la corporación más afectada por la ley, y la que más eficientemente generó todo tipo de trabas y dilaciones judiciales, apostó a que la decisión final de la Corte pudiera naturalizarse en el contexto de un debilitamiento político del actual gobierno.

¿La convocatoria de la Corte es simplemente un nuevo paso de minué, políticamente correcto? Hay razones para creerlo así. Es más: los “amigos del Tribunal” que estarán presentes en la audiencia acaso vayan a representar antes más “polarización” que consenso; más blancos y negros antes que la “diversidad de voces” a la que se apuesta en el texto de la ley. Uno de los bandos estará allí simplemente para reforzar la batería argumental de la corporación afectada. Es posible también que los propios integrantes de la Corte necesiten este bonus-track para afinar el acuerdo entre ellos. Eso también se sabe o intuye: intentarán emitir un fallo que aparezca como sólido y consensuado, aún desde posiciones divergentes.

La Ley de Medios que conocemos es una ley seguramente imperfecta (no incorporó del todo las transformaciones formidables impuestas por la convergencia de los medios tradicionales con las nuevas tecnologías o las lógicas de la financiarización). El que escribe entiende que en muy buena medida la transformación del mapa comunicacional argentino no depende tanto de la letra fría de la norma –de hecho deficientemente aplicada hasta hoy, más allá de los artículos vitales que están judicializados– como de una construcción social que debe incorporar de modo imperioso los modos de “financiar la pluralidad de voces”. Dependerá siempre de la vitalidad social, de empoderamientos y nuevas autonomías, y no de una mera lógica jurídica o súper estructural, que esa diversidad de voces se construya.

En lo que no cree demasiado el que firma esta columna es en ciertas utopías deontológicas o de autorregulación de las corporaciones y los medios que no sólo defienden rabiosamente sus intereses, sino que hacen, mediante su deliberada mala praxis (manipulaciones, violencias simbólicas, intoxicación, empobrecimiento de los lenguajes, antipolítica), la fuente más lucrativa del negocio comunicacional. Incluyendo sucesivos ciclos de dictadura en que los medios argentinos solían olvidar sistemáticamente todo reclamo acerca de prácticas autoritarias, violencias estatales o ausencia de libertad de expresión.