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La visibilización del abuso sexual en la infancia es un proceso relativamente nuevo en el conjunto de la sociedad. La lucha de muchos adultos –hombres y mujeres– que denunciaron penalmente y públicamente a quienes habían sido sus abusadores, paralelamente a madres que denunciamos el abuso sexual que sufrían nuestros hijos/as, instalaron en la agenda algo que se mantuvo oculto históricamente y que existió siempre, en todas las clases y en las mejores familias. Por generaciones se perpetuó el silencio, la perversión de los abusadores en el contexto de un sistema perverso garantizó su impunidad.

La Justicia a nivel superestructural aún mantiene una estructura ideológica funcional a la defensa ciega de la institución familia, lo que implica muchas veces tolerar abusos, cuando estos son ejercidos por “El hombre de la casa” como ocurre en una importante mayoría de los casos, aplicando, se lo mencione o no, el Síndrome de Alienación Parental (S.A.P) rechazado por la Organización Mundial de la Salud y por diversas facultades, por ser un falso síndrome, pero utilizado por responder a una lógica patriarcal que ubica a las madres como mujeres maliciosas o locas que denuncian violaciones por algún interés particular, además de no reconocer a los niños como sujetos de derecho, ni tomando en cuenta su palabra, tal como establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El fallo de Piombo y Sal Llargués expuso éstas y otras concepciones arcaicas y de profunda violencia con la que muchos juzgados se venían manejando sin grandes cuestionamientos y sostuvieron la revictimización como proceso natural, por la que las víctimas deben atravesar una vez que recurren a la justicia.

La imprescriptibilidad, es uno de los reclamos que con más fuerza venimos sosteniendo, quienes luchamos contra este flagelo de manera organizada, porque comprendemos la permanencia y profundidad del daño psíquico y físico en la persona agredida sexualmente. Esto se expresa y padece en muchos órdenes de la vida, existen infinidad de casos que no pueden reconocer su origen, dado que arman una estructura defensiva negando u olvidando, hasta que alguna situación o tratamiento alcanza para recordar esa situación altamente traumática.

Sin duda la búsqueda de justicia es uno de los caminos necesarios hacia la reparación. A pesar de que la persona tiene que encontrar mucha fortaleza para poder denunciar, hacerse cargo del dolor que implica contar lo sucedido, superar la culpa que un perverso le inculcó y la vergüenza de hablar sobre lo que la sociedad consideró, por mucho tiempo, algo de índole privada.

La ley Piazza fue un primer paso fundamental. Lo sucedido en Diputados el pasado 7 de octubre es otro avance que nos llena de esperanza a que la justicia se acerque a lo que necesitamos. Quedan en la lista de pendientes muchos otros puntos que deben oír quienes son los responsables de garantizar los derechos: capacitación para todos los profesionales que están en contacto con niños, acceso gratuito a peritos de parte, abogados comprometidos con conocimiento de causa y perspectiva de género, entre otras cosas.

El abuso sexual en la infancia no es un problema con el que nos debiéramos enfrentar, sólo las víctimas directas o cercanas, es el conjunto de la sociedad quien debe romper con el silencio, atacar de lleno la naturalización de la violencia, cuestionar el abuso de poder en todas sus formas y cortar con la idea de la sexualidad como un tabú que oprime y condena.

Solo con compromiso, amor y la construcción de redes que sostengan y alojen se puede abrir el camino liberador, tan necesario para quienes fueron sometidos a la tortura y oscuridad.

Abuso Sexual en la infancia NUNCA MAS!

YC/PW